Los datos del Gobierno federal así lo indican: en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, hay 151 mil 355 personas sin servicios de salud; 245 mil 662 sin acceso a la seguridad social, de acuerdo con la información oficial del Coneval, contenida en el Informe Anual sobre la situación de la pobreza y rezago social 2022.
Las cifras pueden parecer algo insignificantes, sin embargo, no lo son tanto si se toma en consideración que representan, respectivamente, el 31.6 por ciento y 57.05 por ciento de la población municipal. Estos porcentajes, expresados de una forma más sencilla, significan, en el primer caso, un tercio de la población sin acceso a los servicios de salud, y en el segundo, más de la mitad de los habitantes de Nicolás Romero que, de acuerdo con los datos ofrecidos en el citado informe, es de 430 mil 601 personas que no pueden disfrutar de los beneficios que representa estar afiliado a alguna institución de seguridad social.
En todo el país se sufre por la decisión del gobierno de la Cuarta Transformación de realizar una inversión de los recursos económicos en áreas que no son de una alta prioridad para la población.
Esta determinación, de Andrés Manuel López, de gastarse los recursos de todos los trabajadores mexicanos en proyectos fallidos, como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; el Tren Maya, en el sur de México, y el inservible Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, es un infortunio para la mayoría de la población y un regalo para unos pocos empresarios que conforman la fracción de la burguesía nacional que ha decidido impulsar y sostener este gobierno, sabedora que les ofrecerá todas las garantías para acrecentar sus ya de por sí, millonarias ganancias.
Al destinar mayores recursos para estos cuestionables proyectos, López Obrador ha disminuido desproporcionadamente el presupuesto necesario para otras áreas realmente vitales para la población, como aquellas que garantizan el bienestar de todos los mexicanos.
Debemos tomar en cuenta que, para acceder a cierto nivel de bienestar, se requiere que la población tenga trabajo, educación, vivienda, agua potable, electrificación, seguridad social, salud y esparcimiento. Estos derechos se ven afectados cuando las instituciones correspondientes no tienen el dinero suficiente que requieren para que sus áreas funcionen correctamente o para la adquisición de materiales y servicios destinados a la población, como es el caso de los medicamentos y los programas de empleo.
El frenesí presidencial por impulsar, a costa de todo, esos megaproyectos, obedece a la necesidad de los grandes empresarios, no a los de la población humilde.
El asignar mayores recursos que los calculados con anterioridad a esas obras, representa una inyección millonaria, de recursos de la nación, para los negocios de la minoría que tiene en nuestro país el poder económico y que manipula las decisiones presidenciales en su provecho. Se trata de un Fobaproa, pero de color guinda; un rescate de los millonarios al estilo de la Cuarta Transformación. ¿Qué otro significado puede tener la compra de una refinería como la de Deer Park, que lleva tres años seguidos reportando perdidas que ascienden a los 17 mil 739 millones de pesos y que está destinada a volverse obsoleta en poco tiempo, por la utilización de nuevas fuentes de energía? La respuesta es evidente: rescatar a sus dueños.
Así como la guerra imperialista es un negocio que sirve para reactivar la economía de las grandes potencias, obligando a los pueblos sometidos a pagar con sus propios recursos la reconstrucción a las grandes compañías extranjeras y de esa manera eliminar el peligro de que éstas se vean amenazadas por las crisis periódicas, así también al pueblo mexicano se le está obligando a pagar, con sus propios recursos, la reactivación de los negocios de los grandes empresarios, nacionales o extranjeros, lo mismo da: el dinero no tiene patria.
Nuestro municipio no es ajeno a esta realidad, a la limitación de los recursos destinados a garantizar el bienestar de sus habitantes. La salud es un ejemplo de ello.
Hace cuatro años, el Movimiento Antorchista en el noroeste mexiquense logró la gestión de recursos y la construcción de cuatro centros de salud ubicados en Cahuacán, Azotlán, Colonia Ricardo Flores Magón y Wenceslao Victoria Soto, pero ninguno de ellos funciona hasta el momento, en parte por esa lamentable decisión del Gobierno federal. El argumento principal del Instituto de Salud del Estado de México es que no hay recursos económicos para la contratación del personal indispensable y los materiales necesarios para que comiencen a ofrecer la atención a la población.
A pesar de que algunos de estos edificios destinados para la atención de la salud de las comunidades humildes, tienen potencial para atender a las zonas del municipio, con altos niveles de marginación socioeconómica, donde se carece de este importante servicio, no pueden comenzar a realizar su función por falta de médicos, enfermeras, laboratoristas, ambulancias y personal de limpieza.
No es posible permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo trabajador, a quien el gobierno ha preferido sacrificar en lugar de hacer un mejor reparto del presupuesto para que se atiendan primero sus necesidades apremiantes. Ante esta lamentable situación, sólo nos queda un camino: continuar luchando hasta lograr que la salud y bienestar de las familias humildes de este municipio, y de todo nuestro país, se encuentre por encima de las ambiciones de los políticos defensores de los intereses de los grandes empresarios.
Hacemos una invitación fraterna a toda la población, para que juntos luchemos por la defensa de los derechos del pueblo trabajador y por transformar desde la raíz este sistema injusto que beneficia a los que más tienen mientras se ensaña con los más humildes.
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