Todo Estado democrático honra la apertura a la universalidad de las ideas e iniciativas sociales en todos los ámbitos, de lo contrario se entendería como dictadura y franca tiranía, pasando así sobre los derechos mínimos de la población. En México todos los poderes e instituciones del Estado en todos sus niveles eran controlados por el Ejecutivo; de tal suerte que, la figura central en el sistema político mexicano era el Presidente; sin debate ni cuestionamientos; simplemente era así. En ese contexto y desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, surgieron nuevas organizaciones civiles, empieza a florecer el interés por la creación de órganos constitucionales autónomos para regular y desempeñar funciones específicas en temas especializados de la agenda social.
Lo anterior viene a colación por el debate que últimamente se ha desatado en torno a las declaraciones de López Obrador, sobre su intención de desaparecer los organismos autónomos principalmente el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI); entre los más importantes, pero también de muchos otros que existen al día de hoy.
El nacimiento y regulación de estos organismos autónomos, son producto de la lucha social emprendida por diversas organizaciones y actores políticos del país y surgen como órganos para regular la centralización de las decisiones en manos de un solo organismo y ayudan a la descentralización de las funciones del ejecutivo, impidiendo un poder absoluto.
No olvidemos que la creación del Banco de México, ayudó a la estabilidad monetaria de nuestro país después de las escandalosas crisis de los 70 y 80 del siglo pasado; que el Fonden fue producto de la desgracia del sismo de 1985; el INE se creó a raíz de la falta de credibilidad en los procesos electorales y la CNDH cambió su importancia cuando dejó de depender de la Presidencia de la República.
Cualquier persona en México, podrá confirmar que el actual titular del Ejecutivo federal ha promovido abiertamente estas y otras conquistas públicas, que amplían las libertades sociales y realizan la vigilancia del propio gobierno.
El trasfondo no es un ahorro económico sustancial; sino el control político de estos en un año en que se elegirán más de 3,000 cargos incluyendo el Congreso Federal y en el que los operadores de estos organismos tendrán una influencia cardinal y las limitaciones al Poder Ejecutivo en áreas estratégicas. Esta posición de López Obrador, evidencia un ejercicio antidemocrático del poder y lo incomodo que son estas instituciones para sus planes disctadorzuelos.
Al pretender liquidar los organismos autónomos, es innegable que no se está razonado sobre la utilidad y relevancia que tienen para el Estado. Los organismos son autónomos pero no realizan actividades reservadas a los poderes de la unión, fueron creados para cumplimentar las funciones de estos a través de una tarea que promueve o salvaguarda un derecho individual o colectivo, o que según su misión están reservados a realizar tareas especializadas o desarrollar estudios para dar una opinión técnica y/o científica; mejor dicho aun, contribuir sustancialmente en las funciones de otras instituciones para contribuir a escalar el desarrollo del país.
Recordemos que la democracia no sólo supone elecciones auténticas, sino un poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de las instituciones estatales.
Especialistas en transparencia, competencia económica y derechos humanos han insistido en que estas medidas atentan contra los derechos de la ciudadanía y representan un retroceso y un riesgo que aumentaría el poder del presidente y le restarían controles.
Una menor inversión, controversias internacionales, discrecionalidad en contratos públicos, poca competencia, desprofesionalización de la burocracia y consumidores con mayores precios en bienes y servicios son algunos de los riesgos en materia económica y administrativa que se incrementarán si las secretarías de Estado absorben las funciones de los entes autónomos que sirven de contrapeso al poder que busca obtener López Obrador, un poder económico, político y administrativo total; en suma, establecer una tiranía.
Ciertamente, existen organismos con funciones similares o parecidas a otras instituciones y que reciben un presupuesto que puede destinarse a otros fines; en todo caso se requiere de delimitar las funciones, regular su funcionamiento, profesionalizar a su personal; de esa manera estaríamos fortaleciendo su desarrollo y cumplirían con la función para las que fueron creados estos organismos.
Autonomía y soberanía no son términos equivalentes; el primero es un concepto más restringido, que no supone separación absoluta respecto de los poderes públicos ni puede afectar la estructura de la distribución de las funciones que establece la constitución, sin contraponerse a ningún poder central jerárquicamente superior, mientras que la soberanía corresponde por excelencia a la libertad y poder absoluto de autodeterminación de un Estado-Nación libre.
El periodo que viene será muy relevante para el actual gobierno. Si logra instrumentar algunas modificaciones constitucionales y rehacer el aparato estatal, el gobierno percibirá que está creando las condiciones para que el proyecto de Morena vaya mucho más allá de esta administración. Si no lo logra, va a usar los recursos que tiene el Estado para asegurar que el resultado de este proceso electoral y sobre todo el de 2024, le sean favorables.
Lo que me sigue impresionando es la inhabilidad de los partidos opositores para crear opciones que puedan ser realmente ganadoras. Si las cosas siguieran así, le van a hacer la mitad del trabajo a Morena y a AMLO.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario