En Hidalgo, durante 6 años en los que ha gobernado Omar Fayad Meneses, no se ha escuchado ni dado solución a las demandas del pueblo organizado que clama obras y servicios públicos básicos como la introducción de la red de agua potable, drenaje y electrificación, apoyos al campo, subsidio para las casas del estudiante, el pago injustamente retenido por más de 30 meses a 40 maestros del bachillerato “Coronel Nicolas Romero”, entre muchas otras demandas.
Ahora, a todas estas carencias del pueblo de Hidalgo se suma la represión contra todos aquellos que osan alzar la voz para reclamar sus derechos, haciendo uso de la libertad de manifestación, petición y organización.
Los resultados de esta política de abandono y no solución a las necesidades de la población hidalguense, se reflejan fielmente en los siguientes datos:
De acuerdo con el CONEVAL, Hidalgo es una de las nueve entidades del país con mayor porcentaje de personas que viven en miseria, junto con Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Morelos. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza en nuestro estado aumentó de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento, es decir, pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema igualmente presentó un incremento de 7.0 por ciento a 8.5 por ciento pasando de 8.7 a 10.8 millones de personas.
Además, en términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento. Otras carencias que aumentaron en menor medida son el rezago educativo con un incremento de 0.25 puntos porcentuales y la carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad (0.31 puntos porcentuales).
En cuanto a pobreza laboral, es decir, el porcentaje de la población cuyos ingresos no le alcanzan para comprar la canasta básica, según el informe del CONEVAL del primer trimestre de 2022, el porcentaje de la población en el estado que vive estas condiciones es de un 51.9 por ciento, ubicándose en el cuarto lugar nacional con mayor pobreza laboral después de Chiapas, Guerrero y Oaxaca con un 65.3, 61.0 y 60.4 por ciento, respectivamente. De este dato, podemos deducir que a uno de cada dos hidalguenses no le alcanza para comprar los alimentos básicos, ya ni hablar de la renta, transporte, educación, salud.
En materia laboral, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que la entidad registra uno de los niveles más altos de informalidad con 72.9 por ciento al lado de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. De la población ocupada, un total de 1 millón 341 mil 696 personas, 978 mil 96 se mantienen en la informalidad, esto implica que no cuentan con prestaciones como seguro social, aguinaldo, vacaciones, entre otras.
En suma, en Hidalgo se vive en la miseria, con hambre, sin empleo formal, sin acceso al servicio de salud y educación. Y ahora, como si fuera poco, toda vez que le periodo del gobernador está por concluir y se rumora que se pretende ocupar ahora un puesto representativo en el extranjero en contubernio con suma una abierta política de represión y abuso del poder del gobierno estatal y hasta judicial hacia los líderes sociales que se atreven a declarar que el gobierno estatal cumpla con su papel de atender las peticiones del pueblo hidalguense.
Domingo Ortega, presidente de la “Cooperativa Antorchista de transportistas del Valle” fue encarcelado el viernes 17 de junio como represalia a las manifestaciones políticas que, desde que inició el gobierno actual, ha encabezado el Movimiento Antorchista Hidalguense exigiendo solución a las múltiples necesidades de la población hidalguense. En un juicio completamente amañado, se torció la ley para encarcelar a uno de los hijos del pueblo cuyo único delito ha sido sumarse a la lucha de las clases trabajadoras en reclamo de una vida mejor.
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