Hoy que los mexicanos vivimos en plena era del gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, una corriente política que ascendió al poder gubernamental del país, con la promesa de priorizar en sus acciones de gobierno a los pobres, que prometió una dignificación espiritual y progreso material para las mayorías; cuatro años después, lo que vemos, por todos lados, es más pobreza, más ignorancia, más desempleo y más insalubridad para las grandes masas de trabajadores.
Y no está por demás decir, que lo que ocurre en México es lo mismo que ocurre en todas partes del mundo y, en muchos casos, con agravantes como la exacerbada desigualdad que se vive en el país, resultado de una monstruosa concentración de la riqueza en manos de unos cuantos mil millonarios, mientras que la miseria se extiende de modo incontenible, abarcando cada día a millones de hombres y mujeres que no encuentran empleo, o que ganan un sueldo miserable que no les permite ni siquiera sobrevivir con dignidad. Este tipo de situaciones se dan, a pesar del discurso melifluo del Gobierno federal y de muchos gobiernos estatales.
Si ya de por sí las condiciones de vida de millones de familias empeoró, situación de la que es casi imposible salir avante cada quien por su lado, la campaña encarnizada en contra de todas las organizaciones sociales que abanderan causas populares, campaña que encabeza el jefe del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ha provocado también que funcionarios de los distintos niveles de gobierno, sin importar el partido al que pertenezcan, se nieguen en redondo a atender y resolver las demandas de sus ciudadanos humildes organizados, escudándose en el argumento presidencial de que, cada ciudadano debe representarse a sí mismo y el funcionario respectivo debe atenderlos de uno en uno, acorde a la normatividad y a la disponibilidad de recursos.
Se pone así de manifiesto que las promesas hechas en campaña, por esos gobernantes, han quedado en eso, y que no son precisamente los pobres quienes interesan para gobernar, sino únicamente para servir de escalera y llegar al poder. De esta manera, la política de oídos sordos a las organizaciones sociales como el Movimiento Antorchista, que hacemos gestoría en favor de nuestros agremiados e intentamos, por esa vía, encontrar salida, cuando menos, a los problemas más urgentes, nos hemos topado una y otra vez con el menosprecio e indiferencia de los gobernantes.
En Yucatán, suman cuatro años, cinco meses y siete días, que un modesto pliego petitorio que contiene un listado de demandas de obras y servicios públicos, indispensables para mejorar el nivel de vida de quienes viven en distintas colonias y comunidades pobres de la entidad, y que de manera organizada hemos solicitado la intervención del señor gobernador, Mauricio Vila Dosal, no hemos tenido respuestas favorables a nuestras peticiones de mejoramiento de vivienda, servicios básicos, pavimentaciones de calles, oficialización de una preparatoria de nueva creación en el municipio de Kanasín, regularización de colonias ubicadas en Mérida, Kanasín, Tizimín y Valladolid, insumos agropecuarios, paquetes de materiales para artesanos, despensas, apoyos alimentarios y pago de servicios para tres albergues estudiantiles, entre otros.
Cualquiera entiende que los reclamos son de naturaleza elemental, que ninguno de ellos representa lujo o algo superfluo, sino indispensables para vivir en condiciones dignas de seres humanos; por esa razón, nuevamente, el pasado 17 de enero, una comisión de antorchistas acudió a Palacio de Gobierno a reiterar la necesidad de solución a nuestras legítimas demandas, en espera de que ahora sí, sean atendidas.
Luego de una breve entrevista con Silvia Alicia Bolio López, asesora de la Secretaría General de Gobierno del estado, se hizo el compromiso de darle seguimiento a las demandas y encontrar acciones tendientes para resolverlas. Sin embargo, es la hora en que seguimos entrampados en la misma situación.
Hay que mencionar que no somos únicamente los antorchistas quienes nos hemos manifestado por falta de atención y de respuestas positivas, existen también agrupaciones civiles y sindicales que lo han hecho de manera reiterada, por ejemplo, el magisterio yucateco, los jubilados y pensionados, grupos campesinos y de artesanos, por mencionar algunos, por tanto, los días que corren, permiten avizorar barruntos de mayor inconformidad entre la población yucateca, ya que pese al optimismo vertido en el IV informe de gobierno en días recientes por parte del titular del Poder Ejecutivo, en el sentido de que en la entidad se registró un importante crecimiento económico (ocho por ciento) mayor a la media nacional (5.8 por ciento) en 2021; datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que Yucatán se encuentra entre los tres estados con un retroceso en su economía de 2022, con una variación del -0.3 por ciento; decremento anual, resultado de la contracción de 3.6 por ciento de las actividades secundarias, aún con el aumento del 0.9 y 0.8 porcentual de las primarias y terciarias. Es decir, el deterioro de las condiciones de vida de los yucatecos empeoró.
Si a eso le agregamos la inflación registrada en enero (10.33 en Mérida) y los bajos salarios, encontraremos que estos laceran el bolsillo de los sectores populares, impidiéndoles obtener en forma segura los productos básicos para alimentar a un importante número de familias y ya ni hablar de vivienda, salud y educación. Ante esta situación, ¿qué camino se deja a los inconformes y peticionarios? ¿Qué salida le queda a su justa y creciente inconformidad? Que nadie se extrañe si, por no corregir a tiempo la indiferencia y soberbia actitud de los hoy poderosos, más temprano que tarde les pasarán la factura. Las elecciones venideras en 2024, en las que se elegirá gobernador en la entidad, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, son una oportunidad inmejorable para hacerlo.
Por eso, ante la pobreza creciente y generalizada, la tolerancia y la disposición a escuchar puede ser una valiosa ayuda para los gobernantes de hoy; en Yucatán, no basta tener crecimiento económico como es difundido por las autoridades, se necesita hacer partícipes de éste, a quienes más lo necesitan, es así como deben entenderlo los depositarios del poder público, porque dígase lo que se diga, ya sea: “por el bien de todos, primero los pobres” o, “gobierno humanista, abierto al diálogo... y gobernar para todas y todos, con opción preferencial por los más pobres”, no disminuye el hambre y la tragedia que padecen los desamparados de siempre; por tanto, no basta predicar buenos deseos, discursos humanistas y conciliadores, lo que urge en Yucatán, señores funcionarios, son soluciones.
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