La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que para que una vivienda sea adecuada, debe proveer más que cuatro paredes y un techo, contar con condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.
Sin embargo, el costo de la vivienda en México se incrementó tanto que prácticamente ha hecho imposible que familias pobres puedan adquirir una o cuando menos un lote donde poco a poco puedan construirla. Así las familias trabajadoras no pueden acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos: comida, vestido, calzado, transporte, salud, educación, etc.
El problema del acceso a la vivienda que enfrenta una alta proporción de familias en el país se explica, primero, por la falta de oportunidades, los bajos salarios, el empleo informal, inestable y mal remunerado, que junto a otros factores dan lugar a la pobreza, y en seguida, al escaso apoyo gubernamental para los sectores más necesitados.
El costo de la vivienda en México se incrementó tanto que prácticamente ha hecho imposible que familias pobres puedan adquirir una o cuando menos un lote donde poco a poco puedan construirla.
En Yucatán, estado promovido como ejemplar, con crecimiento económico y sobre todo con gran seguridad -tan escasa en otras entidades del país-, que incentivó las inversiones y la generación de empleos; pareciera que las cosas son distintas, que todos los yucatecos viven bien, sin tener que preocuparse mucho; nada más alejado de la realidad.
Ni los empleos son los que se necesitan ni los salarios son suficientemente remunerados como para que los amplios sectores de trabajadores yucatecos, tengan la posibilidad de contar con una vivienda humana y digna. Según los resultados del segundo trimestre 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en ese período Yucatán tenía una población ocupada de un millón 208 mil 470 personas, de las cuales 724 mil 480 estaban en el sector informal (60%), con un ingreso promedio mensual de 5 mil 505 pesos; y 483 mil 990 personas en el sector formal, con un ingreso promedio de 9 mil 786 pesos.
Por tanto, la vivienda, un derecho humano fundamental, se convirtió hoy en un privilegio inaccesible para una gran parte de la población yucateca. La especulación y la promoción de la vivienda como un activo de inversión han socavado el derecho a una vivienda digna.
“El derecho humano a la vivienda pasó a ser una mercancía muy cara, inalcanzable para muchas familias yucatecas, porque un bien se convierte en una mercancía cuando la autoridad lo avala, cuando no protege ese derecho fundamental y obviamente queda a expensas de la mercantilización, como ha ocurrido con las viviendas en Yucatán”, declaró en entrevista reciente el Dr. Gabriel Rodríguez Cedillo, economista y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.
“El precio de las casas de interés social se ha disparado, aunque tenga metrajes mínimos ya no alcanza el crédito del Infonavit o del Fovissste… tener 400 mil pesos y que no te alcance para una casa modesta quiere decir que se perdió el derecho a la vivienda”, declaró el economista.
Rodríguez Cedillo explicó también, que las empresas inmobiliarias que dominan el mercado en la entidad fijan los precios, consiguen las reservas territoriales, diseñan la construcción de casas y tienen la estrategia de construir para personas de mayor poder adquisitivo, principalmente nacionales y extranjeras y se olvidaron de la vivienda social.
Estas empresas propagandizan de manera eficaz el tema de que Yucatán es una entidad segura, para promover las ventajas del estado, enfocadas en la buena seguridad y paz, lo que les ayuda a potenciar sus ventas al exterior de la entidad.
Por otro lado, las autoridades, con el “interés” de aterrizar inversiones, han extendido los beneficios de estas empresas, al participar con el otorgamiento de los servicios públicos que las empresas están obligadas a proporcionar al ofrecer viviendas a precios exorbitantes.
Por tanto, en Yucatán sigue faltando la aplicación de una política gubernamental de verdadero apoyo e impulso a la vivienda social, encaminada a los amplios sectores populares que la necesitan, ya que las familias pobres de las ciudades, en particular de Mérida y municipios conurbados, han tenido que alejarse hacia la periferia, para adquirir casa con espacios muy reducidos, materiales de baja calidad y con acceso limitado a transporte público o en su defecto, la adquisición de un terreno sin servicios, donde improvisan una “vivienda” y resguardan a su familia.
En días pasados, el actual gobernador del estado Lic. Joaquín Díaz Mena, en su discurso de ceremonia inaugural de la Expo Vivienda Canadevi 2024, anunció un plan integral de desarrollo, donde la prioridad será el financiamiento de viviendas dignas para la gente necesitada, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de servicios esenciales.
Reconoció también, el acceso a una vivienda digna como un derecho humano, que no concibe solo como una política pública, sino como un compromiso con la justicia social, por lo que, a través del Instituto de Vivienda del Estado, impulsará un programa directo a las familias que más lo necesitan para poder tener un hogar digno.
Quien conozca el enorme rezago de vivienda que padecen los yucatecos pobres, entre ellos los antorchistas, hacemos votos para que lo anunciado por el nuevo gobernador se materialice. Es hora de que los descendientes de la grandiosa raza maya que por siglos han padecido en la orfandad social, económica y política del estado, se beneficien del “Renacimiento Maya”, que promueve la nueva administración estatal.
Si así no fuera, conocemos el camino: unión, organización y lucha de todos los yucatecos pobres.
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