He visto con atención los acontecimientos del llamado “Plan B”, impulsado por la 4T para aprobar reformas electorales en el Senado de la República y la Cámara de Diputados de manera mañosa por parte de los legisladores del régimen morenista, con el fin de modificar las leyes electorales con el que se rige la democracia en el país y su órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral (INE), que sería controlado por el propio gobierno y pondría en riesgo la imparcialidad en los resultados de las próximas elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila, y la federal del año 2024.
A nivel internacional existe preocupación de diversos entes políticos que han criticado las iniciativas que intenta impulsar Andrés Manuel López Obrador para que su gobierno se apropie del control de las elecciones. Sin embargo, al final del día quien tienen que hacer la defensa de la democracia mexicana, y sus principales instituciones de contrapesos al gobierno, es el pueblo mexicano que ya ha salido a manifestarse de manera abrumadora en dos ocasiones en las principales plazas de los estados de la república mexicana y en el centro del país.
Hace unos días se llevó a cabo el foro “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Escuché atentamente cómo se explicaba sobre el absurdo que representa una propuesta aprobada en tiempo récord y de manera tramposa, tres días antes de que terminara el año 2022 y la cual estaría destazando al INE, haciendo abusos autoritarios y sin sentido por parte del gobierno federal para imponer una ley que atenta contra los derechos que se han logrado gracias a luchas sociales de décadas completas a favor de una democracia imparcial. Los catedráticos y conocedores del tema, hicieron claridad sobre las graves anomalías que estarían ocurriendo de entrar en vigencia esta reforma, que, dicho sea de paso, será la más impugnada en toda la historia, pues se siguen presentado una serie de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar revés a las injusticias cometidas por morena a la democracia.
Si el Plan B llega a prosperar, corremos el riesgo de que la organización de los comicios sea el principal problema para la democracia mexicana, existirían causales de nulidad, no habría capacidad operativa, la confiabilidad de los resultados sería totalmente cuestionable. La reestructuración del instituto, desparecería al 85% de las plazas del servicio profesional electoral, dejando en el limbo a la columna vertebral del sistema electoral. Todo, seguramente, con el fin de que desde la secretaría de gobernación se controlen las elecciones y hasta los resultados, favoreciendo al morenato, reflejando la verdadera cara del gobierno autoritario de la 4T que está buscando eternizarse malamente en el poder.
Con la publicación del Plan B, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el INE comenzaron los despidos, sin embargo, la batalla jurídica contra las imposiciones de la 4T será interesante, pues los legisladores de morena no leyeron lo que aprobaron pues contraviene a los derechos políticos de todos los mexicanos, hay muchos huecos legales que dan pie a la impugnación de gran parte de la reforma electoral. El revés al plan electoral morenista, ya está echando abajo las reformas aprobadas por el congreso, pues contienen leyes a modo para favorecer a morena. Hace unos días fue restituido el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, que regresa a sus funciones tras obtener una suspensión definitiva contra un artículo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral. Esto da pie a una suspensión de las normas publicadas, hasta que la Suprema Corte pueda determinar la constitucionalidad de las mismas puesto que estarían teniendo un impacto brutal en el proceso de las elecciones venideras.
Hay disposiciones constitucionales, como en el artículo 105 que dice que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá? haber modificaciones legales fundamentales.”, por lo que en Edomex y Coahuila debe invalidarse esta reforma electoral, pero que ha sido a base de que se esté impugnando a través de la SCJN para echar a bajo las leyes autoritarias de la 4T. Por eso es necesario que la gente conozca esto, es necesario que el pueblo alce la voz, que, así como salimos dos ocasiones a las calles el pasado 14 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023, para que se respete el orden legal de la democracia, tengamos la valentía de denunciar más problemas e injusticias que ocurren en el país.
El Movimiento Antorchista defiende la democracia mexicana y continuará luchando por su principal causa, erradicar la pobreza en el país, por lo que invitamos a los opositores a morena, a que encontremos coincidencias que den rumbo también a corregir el modelo económico y se mejorar las cosas en el país para todos y no solamente para unos cuantos.
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