En Colima, y en todo el país, la carencia de viviendas dignas que le permitan a la población desarrollarse en un ambiente saludable, con todos los servicios necesarios básicos para un mejor rendimiento, no sólo del obrero, que requiere de un lugar para alojarse, comer y dormir para recuperar su fuerza de trabajo perdida, tras un largo día de jornada laboral, sino que también le permita a los jóvenes estudiantes desarrollarse mejor, social e intelectualmente, y que cuente con las condiciones mínimas para realizar sus tareas escolares; es un problema que con el paso de los años ha ido en aumento debido al incremento de la desigualdad social que padece el país, y a la falta de atención de los gobiernos, a este derecho tan elemental de todos los mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, decreta que, "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y que "la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Sin embargo, esto no pasa así en la realidad, ya que, ni los gobiernos ni sus políticos promueven la creación de vivienda para la población de escasos recursos, y mucho menos se promueve que las viviendas que ya existen, tengan las características necesarias para que se cumpla con lo estipulado en la Constitución, en cuanto a dignidad y decoro.
Sobre las condiciones que presentan las viviendas en el estado, que determinan la calidad de las mismas, tenemos lo siguiente. Una de las características que evalúa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para determinar la calidad de las viviendas, es el tipo de piso con que cuentan. Los datos presentados por esta institución a principios del año 2021, nos dicen que en el estado de Colima se cuenta con un total de 226 mil 853 viviendas, de las cuales el 2.5% tienen piso de tierra un aproximado de dos mil 268 viviendas registradas; el 41.8% cuentan con cemento o firme, y el 55.4% cuentan con piso de madera, mosaico u otro recubrimiento. Ahora bien, tomando en cuenta los datos del Inegi, se dice que el porcentaje promedio de ocupación por vivienda en el Estado, es de 3.2 personas, esto, multiplicado por el total de viviendas que cuentan con piso de tierra, nos da un total de 7 mil 259 personas que no cuentan con un piso digno.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su último informe de Pobreza y Evaluación 2020, que abarca el periodo 2008-2018, nos dice, que alrededor de 45 mil personas viven en viviendas con hacinamiento, esto es, que rebasan el promedio de ocupación por vivienda, causando afectaciones sanitarias y de salud entre sus habitantes, lo que representa un problema mayor, debido a que en casos extremos pueden existir riesgo hacia la vida si no se atiende a tiempo este problema.
Siguiendo con los datos que nos presenta el Coneval, la estadística nos demuestra el número total de personas que presentan problemas, por no tener acceso en sus viviendas a los servicios básicos, como el agua, drenaje y electricidad. En Colima, de acuerdo a los datos nacionales, alrededor de 14 mil habitantes no cuentan con acceso al agua; siete mil más no cuentan con el servicio de drenaje; y, alrededor de dos mil carecen de servicio de electricidad, lo que suma un total aproximado de 23 mil personas que carecen de algún tipo de servicio básico, esto, sin contar el total de habitantes (68 mil aprox.) que no cuentan con el acceso al gas LP para cocinar, al no contar con una estabilidad económica firme, que les permita obtener estos servicios.
Hasta aquí podemos notar al alto número de viviendas que, debido a su situación tan precaria, no se puede pensar que sean viviendas dignas y decorosas, como lo marca la ley como parte de los derechos que como ciudadanos tenemos. Es fácil notar en todos los municipios, cómo todos los datos arriba mencionados no son simplemente datos inventados, ya que solo es cuestión de investigar en las entrañas de las colonias populares más olvidadas por los gobiernos, las miles de casas que viven en estas condiciones.
Como claro ejemplo de lo que hoy digo, está la colonia conocida como La Libertad, en el municipio de Manzanillo, que, debido a que está asentada en un terreno irregular, no cuenta con apoyo alguno ni servicios básicos para sus habitantes; asimismo se encuentra la colonia Prados del Sur, en el municipio de Colima, colonia que se encuentra asentada a las orillas de las vías del tren, y que tampoco cuenta con apoyo alguno para la vivienda. Estos, son solo dos ejemp sin embargo, así como estas colonias hay cientos más por todo el Estado, que sufren por no tener las condiciones mínimas para asegurarle una vivienda de calidad a sus habitantes.
Ante esta situación, es necesario hacernos la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo los gobiernos federal, estatal y municipal, para atender esta situación? Por lo visto nada, muy por el contrario, todo tipo de apoyo a la vivienda que había, por muy mínimo que este pareciera, ha desaparecido. Los mejoramientos de vivienda, cuartos adicionales, baños y material subsidiado ha venido desapareciendo desde la llegada de la 4T al poder de la República, en su lugar, ahora se reparten tarjetas con dinero, las cuales tardan mucho en llegar y cuando llegan solo sirven para atender problemas inmediatos, pero no aseguran una estabilidad económica para las familias.
Ante este grave problema, es necesario y urgente que toda la población exija lo que por ley nos corresponde, es decir, una vivienda digna y decorosa. éste es nuestro derecho, porque todos merecemos condiciones dignas para vivir y desarrollarnos mejor en un ambiente social más estable.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario