No contento con la obra que inició hace seis años, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad se ensaña porque al parecer goza infligiendo el mayor dolor posible al pueblo trabajador, pisoteando sus derechos y reprimiéndolo violentamente cuando protesta por tanta injusticia.
Veamos tan solo los hechos de esta semana que finaliza. El martes 14 de junio, estudiantes de cuatro albergues estudiantiles de escasos recursos de Huejutla, Zacualtipán, Mineral de la Reforma y Pachuca, y del Bachillerato Coronel Nicolás Romero, ubicado en una zona popular de las más humildes de Pachuca, se manifestaron frente al palacio de gobierno para solicitar que el Gobierno local les regrese el subsidio que recibían desde hace más de 10 años y que Fayad, sin justificación alguna, les quitó a los albergues.
Los alumnos del bachillerato también exigieron que les paguen el salario a sus profesores, retenido desde enero de 2020 por órdenes expresas del gobernador. Ya son 30 meses sin el pago correspondiente, con pandemia, obligados a pagar internet y medicamentos, varios de ellos con familiares fallecidos por covid-19 y sin dejar de impartir sus clases ni un solo día, verdaderos héroes del trabajo pedagógico, castigados por educar a los hijos de los trabajadores.
Pues bien, ante la manifestación pública, los atendió uno de los gorilas de Omar Fayad, nombrado director de gobernación, quien les prometió que informaría a sus superiores y que pronto tendrían una respuesta. Efectivamente, horas después recibieron la respuesta solemnemente prometida: dos de las camionetas del transporte público que trasladaron a los manifestantes, fueron retenidas con lujo de violencia por la policía estatal, gasearon y golpearon a estudiantes, profesores y choferes; encarcelaron a tres de ellos y detuvieron las camionetas del transporte.
La réplica de los agredidos también fue automática por el temor a que sus compañeros detenidos pudieran ser asesinados, tal como ocurrió el año anterior con un campesino golpeado y detenido por la policía estatal que días después se reportó fallecido. Entrada la noche, una multitud de ciudadanos, frente a filas de policías a las puertas de las mazmorras de la policía estatal, lograron la liberación de los tres detenidos.
Con tales resultados, el sadismo de Omar Fayad no podría estar satisfecho, de manera que urdió la trama de citar al dirigente de los transportistas para entregarle las camionetas detenidas y, llegando a la hora de la cita, apenas descender de su vehículo, fue apresado por policías estatales y trasladado inmediatamente a la penitenciaría del estado. La traición ha sido el proceder del cacique huasteco, Omar Fayad y su familia.
Pero también, con el apoyo de campesinos, se está denunciando, con un volante informativo en toda la geografía del estado, la injusticia cometida y la exigencia de la liberación del líder transportista, Domingo Ortega Butrón.
El operativo policial en el que se detuvo y golpeó a los estudiantes no tiene precedentes en Pachuca, pues se utilizaron más de 150 policías, trasladados en cuestión de minutos, en decenas de patrullas a la escena del crimen y hasta dos ambulancias de la policía estatal acudieron (mismas que no utilizaron para trasladar a los jóvenes golpeados).
Comerciantes y vecinos de las avenidas Ferrocarril Central y Colosio, asombrados, veían el despliegue policíaco, pensando que pudiera ser una acción contra el crimen organizado, ingenuamente pensaron que Omar Fayad reaccionaba contra sus aliados delincuentes. El operativo contra los estudiantes, ostentoso, exagerado, indignó a los que lo presenciaron, mismos policías participantes no se explicaban el motivo de tal movilización.
En Hidalgo, han aumentado todo tipo de delitos sin que la autoridad mueva un dedo: desapariciones de jovencitas, asesinatos, robos, asaltos a mano armada, a comercios, feminicidios, huachicoleo, todos en la total impunidad, tal pareciera que policías y ladrones fueran lo mismo, socios en el mismo delito. Al principio, los vecinos pensaron que al fin el gobierno se había puesto los pantalones, pero al ver que se actuaba contra estudiantes y no contra delincuentes, la indignación creció, se generalizó y estuvo a punto de estallar.
Los hidalguenses han padecido seis años el maltrato y la total desatención del gobierno a todas sus demandas: la inseguridad campea en todo el estado, no hay obra social en colonias y comunidades rurales, las carreteras están destruidas, las mismas calles de la ciudad capital son intransitables por los baches, aumentó la pobreza y la pobreza extrema, se eliminaron los programas de apoyo a los campesinos, se abandonaron las escuelas durante la pandemia, se les negó la atención médica y las medicinas a los pobres, dejándoles como única alternativa ir a morir a sus hogares para no incrementar la estadística de muertos por covid-19, la educación tampoco ha recibido ningún apoyo, provocando un aumento en la deserción escolar de niños y jóvenes, se eliminaron los programas de apoyo a la vivienda social, creció el desempleo, las regiones más pobres del estado están al borde de la hambruna generalizada, pues hasta el programa de maíz para el consumo desapareció con Omar Fayad.
La ciudadanía en general se hace la pregunta obligada, ¿Qué hace el gobierno con el presupuesto público, a dónde van a parar los impuestos que todos pagamos?
Y para rematar, se reprime a los que pacíficamente piden que se les atienda y respete, como en este caso los jóvenes estudiantes de escasos recursos que solicitan que se les regrese el subsidio que durante años venían recibiendo, pues han tenido que recurrir a la colecta pública para sobrevivir y continuar sus estudios.
Como los profesores del bachillerato Coronel Nicolás Romero, a los que arbitrariamente se les dejó sin su salario, sin el sustento familiar. Y hasta a los choferes antorchistas, cuyo único delito fue trasladar a los estudiantes a su manifestación legal y pacífica frente al palacio de gobierno.
Ahora todos exigimos la inmediata liberación del dirigente transportista Domingo Ortega Butrón. A reserva de la opinión de cada quien, pienso, que si hubiera justicia en Hidalgo, los que deberían estar en la cárcel son Omar Fayad y sus funcionarios corrompidos, empezando por el tal Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, por ser el autor intelectual de todos los delitos cometidos por sus subalternos.
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