¿Fin de la empresa privada o propaganda electoral?

Aquiles Córdova Morán
Feb 24, 2021
Nivel Nacional

Con fecha 20 de febrero, EL UNIVERSAL publicó una nota firmada por el reportero Pedro Villa y Caña con el siguiente título: "A robar a otro lado, México ya no es tierra de conquista: AMLO a empresas extranjeras”. En el texto se dice: "El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en sexenios pasados empresas extranjeras del sector energético utilizaban al gobierno para sacar provecho, por lo que veían a México como tierra de conquista, pero aseguró que eso se terminó y manifestó: <>”. La nota está fechada en la Paz, Baja California Sur.

Si se piensa un poco el pronunciamiento presidencial, resulta claro que se trata de un reto de enorme repercusión en el presente y el futuro de la nación. Para entender sus implicaciones, hay que aceptar que ese discurso encuentra cierto apoyo en una realidad que muchos mexicanos conocen o intuyen y que les molesta y lastima profundamente. Me refiero al muy visible predominio del capital extranjero en las principales ramas de la actividad industrial, la Banca y el comercio del país, un predominio que le garantiza muchos privilegios y abusos en detrimento de la equidad social y de la soberanía nacional.

En teoría, la inversión privada extranjera acarrea grandes beneficios a los países en desarrollo, por ejemplo, impulsa el crecimiento económico gracias a la transferencia de tecnología; genera empleos e incentiva la creación y modernización de infraestructura. En la práctica, sin embargo, se ha comprobado que no es así. No hay un solo ejemplo de país que haya salido de su rezago tecnológico gracias a la transferencia de tecnología de punta de los países avanzados; el capital extranjero distorsiona el crecimiento económico del país huésped forzando su aparato productivo a volcarse hacia el mercado exterior con total abandono de la demanda interna. Algo semejante ocurre con la infraestructura, que debe diseñarse y ejecutarse en función de las necesidades de exportación y no de las del propio país; y la generación de empleos es ilusoria, porque la inversión extranjera se aplica a las industrias altamente tecnificadas y automatizadas que, por eso, demandan poca mano de obra. Se suele citar a las maquiladoras como ejemplo en contrario, pero se olvida que también son ejemplo de bajos salarios, sobreexplotación de la mano de obra e inestabilidad en el empleo. Otro efecto negativo, que de alguna manera toca el discurso presidencial, es su gran influencia política que le ha permitido acaparar nuestra industria extractiva, con muy bajas regalías para el país y con severas afectaciones al medio ambiente.

Es posible, como dije, que estas y otras razones parecidas se hallen en el fondo del rechazo y la condena presidencial a los inversionistas extranjeros del sector energético; pero lo que sí es seguro es que mucha gente, que sabe o intuye esta realidad y se siente ofendida por ella, se identificará con la frase lapidaria del Presidente: "¡a robar a otro lado!” y, por eso mismo, resulta bastante eficaz y oportuno como recurso para hacer proselitismo electoral. Pero visto como síntesis de su política económica, como piedra fundamental de su estrategia para recuperar la soberanía nacional, es un peligroso error del que pueden derivarse graves daños y conflictos para el país. Veamos por qué.

Lo primero que habría que preguntarle al Presidente es el porqué de la evidente parcialidad de su juicio porque, si lo que dijo en Baja California Sur lo piensa en serio, debería aplicarlo a toda la inversión extranjera y no solo a la del sector energético. ¿O qué, las automotrices, las fabricas de componentes para la producción de los gigantes digitales y para la industria militar y espacial norteamericanas, los grandes capitales bancarios y comerciales, etc., no sacan provecho de los mexicanos y no influyen en la política nacional? ¿Son acaso fundaciones humanitarias sin propósitos de lucro o con exclusiva vocación de servicio social? ¿Podemos pensar seriamente en que para ser un país realmente soberano basta con poner el petróleo y la electricidad en manos del Estado mexicano? Y más todavía: debería aplicarlo a la misma inversión nacional por las mismas razones que a toda la inversión extranjera.

De este modo, ampliado el juicio presidencial hasta abarcar su dominio lógico completo, se pone en evidencia la férrea disyuntiva que encierra: o bien se acepta como un juicio parcial y, por tanto, erróneo y destinado al fracaso; o bien es un recurso retórico para esconder a los mexicanos su intención de erradicar la inversión privada como tal en nuestro país, es decir, destruir el sistema capitalista para poner en su lugar un sistema nuevo que el país desconoce. Sería, por tanto, un proyecto social que busca imponerse por sorpresa o a la fuerza, mediante una dictadura personal secundada solo por la claque morenista y, tal vez, por una parte de nuestras fuerzas armadas.