El pasado lunes 2 de agosto, o sea, un día después del fracaso de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes en la que fueron tirados a la basura más de 500 millones de pesos del erario público, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Puerto Vallarta, en donde repartió culpas, sin ton ni son, de los resultados de la baja participación de este proceso, calificado incluso por el 67% de la ciudadanía entrevistada por la encuestadora como un descalabro de la 4T, pues a pesar de la promoción estuvo haciendo el mandatario federal, sin importarle la veda, los electores mostraron desinterés y a esto se debió que lucieran vacías las urnas en todo el país.
Desde mi modesto punto de vista no fue novedoso lo adverso de la consulta que abordaron algunos reporteros en esa mañanera de AMLO ya que, varios analistas previeron oportunamente sus resultados, así como, la actitud que iba a asumir el presidente López Obrador ante el fracaso de la jornada. Me interesa destacar lo que informó en esa ocasión uno de los colabores del tabasqueño con respecto a la regulación de precios máximos del gas LP. El funcionario, después de atiborrar su discurso con datos y mencionar hasta el cansancio un sin número de lugares del país dijo: “tienen detectado que en Iztapalapa y Azcapotzalco es donde se presentan abusos en la venta de gas LP y por eso el presidente ya está haciendo esfuerzos para vender directamente el gas en esas alcaldías, ya que donde no funciona el mercado de manera natural, el Estado debe intervenir”.
Considero que no se necesita ser especialista en economía, mercadotecnia o cualquier otra especialidad para percatarnos que las medidas que está impulsando el Gobierno federal tanto en la regulación de precios del gas LP como en la venta directa del hidrocarburo, va a ser otro fracaso de la 4T que terminará pagando con sus impuestos el pueblo de México, con la diferencia de que esta vez podrían ser muchos miles de millones de pesos lo que se tendrían que gastar y no unos cuantos cientos de millones de pesos como los poco más de 500 millones gastados, innecesariamente, en la reciente consulta popular para enjuiciar actos de pasadas administraciones.
Los mexicanos medianamente informados sabemos que Pemex es el único productor de gas LP en México, pero no es autosuficiente para la demanda nacional, por lo que tiene que importarlo y el precio de adquisición en el extranjero tiene que incluir, necesariamente, costos de producción al precio que determine el mercado internacional. Asimismo, habrá costos de transportación, almacenamiento y finalmente de comercialización. La duda queda cómo hará el gobierno lopezobradorista para vender el gas a menor precio.
La creación de “Gas Bienestar” implica inversión en tanques para comercializar, empleados, etcétera, por lo que hay costos iniciales como en cualquier empresa. La pregunta que está en el aire es: ¿quién absorberá estos costos, Pemex o Hacienda? Creo que a estas alturas nadie se deja convencer de que con la sola creación de la empresa estatal se podrá garantizar que se pueda vender el gas a un menor precio. Por lo que la única forma de que se pueda ofrecer el energético más barato, sería venderlo a un precio subsidiado y de algún lugar tendrán que salir el subsidio. Como vemos, con la 4T se pretenden solucionar problemas actuales con supuestas soluciones añejas que han probado históricamente ser ineficaces que terminarán por afectar las finanzas de la nación.
De acuerdo con especialistas en finanzas públicas. Pemex no tiene la capacidad para producir la cantidad necesaria de combustibles para satisfacer el consumo nacional, así como subsidiar el consumo del combustible a la población en general, pues agravará aún más las finanzas de la empresa estatal. En este contexto, los mismos organismos empresariales expresan que una verdadera solución sería fomentar la producción nacional, aprovechar las reservas de gas del país y posibilitar que más empresas participen en aumentar la oferta. Lo que implica que si un gobierno quiere incidir en el mercado no puede hacerlo con ocurrencias ni generalidades.
En este sentido, tienen razón los comentaristas quienes señalan que el Gobierno federal en primer lugar debió preparar su sistema de distribución antes de fijar precio tope del gas. La prensa nacional dio cuenta que un paro de distribuidores de gas LP dejó sin suministro al Valle de México. Los comercios y casas de la Ciudad de México y el Estado de México, el día de la protesta, se quedaron con las reservas de gas licuado de petróleo bajo mínimos. Este fue una de las consecuencias más visibles de la improvisada política energética del gobierno obradorista y sin duda vienen otras peores.
La economía de mercado es mundial y se requiere un sano equilibrio. Efectivamente el Estado, como representante de la sociedad debe asumir la función rectora, que regule y ponga controles, pero sin impedirle actuar. El gobierno puede y debe corregir el mercado, evitando sus excesos. Pero el Estado tiene que saber poner orden haciendo respetar la ley, incluso para poder someter a poderosos corporativos empresariales todo con el fin de salvaguardar el interés social. Pero está quedando claro que la 4T camina en sentido contrario y todos sus fracasos las terminará pagando el pueblo trabajador. Urge pues, un proyecto superior no solo al de Morena, sino al de todos los que hasta ahora han gobernado a nuestro país.
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