El modelo económico bajo el que vivimos en México, aunque el presidente de la república se empeñe en llamarlo de otro modo, se llama neoliberalismo, y ocasiona una desigualdad en la distribución de la riqueza tremenda, misma que a medida que pasa el tiempo, va acentuándose. En el Foro de Davos celebrado este año de modo virtual el presidente ruso, Vladimir Putin, en un discurso visionario dijo, entre otras cosas, que las dificultades de hoy no son más que las mismas de ayer pero acentuadas por la pandemia de la covid-19. Los males del mundo, a decir de Putin, ya eran muchos y hondos antes de la pandemia, y requerían un viraje de timón que pasa por cambiar un mundo unipolar, que solo ve el beneficio de unos cuantos, a un mundo multipolar, basado en el respeto y no en el abuso, en la colaboración y no en la guerra y en el desarrollo de todos para alcanzar un por nuevo orden mundial. Ahora, la pandemia lo que ha hecho es acentuar la desigualdad, concentrar más el dinero y el poder que le es anejo, por lo que es más necesario hoy que ayer el viraje que propone el mandatario ruso: poner al hombre y su desarrollo en el centro de un nuevo modelo económico, que rompa con el actual que gira en torno a la gran empresa capitalista.
Uno de los problemas que el modelo económico imperante prohíja es la carencia de vivienda. El Estado ha reducido al mínimo los dineros destinados al fomento de la vivienda entre la gente de bajos recursos, y deja a la empresa privada la responsabilidad de "dotar” de casas a quienes las necesiten. Pero en un país con tan bajos salarios, con crisis crónica y gran desempleo o subempleo, las posibilidades de adquirir una casa con las grandes desarrolladoras de vivienda es sólo un sueño guajiro, pues con estas los costos se elevan a varios cientos de miles de pesos. El problema de la falta de lotes económicos para vivienda asuela a los mexicanos. Con la pandemia, el problema se ha agravado, pues mucha gente no tiene manera de ganarse la vida, se quedó sin el empleo que tenía, le redujeron su pago "en solidaridad con la empresa” –aunque nadie se solidarice, le disminuyeron los horarios laborales, etc. y por lo tanto no puede hacerse de un terreno donde edificar su patrimonio o incluso pagar la renta o los servicios del lugar que ya ocupa–.
En Sinaloa los problemas de este tipo son muchos. El Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa (CIEGSIN) reporta que 22 por ciento de la población vive en casa alquilada o prestada por un familiar, lo que quiere decir que unas 660 mil personas no tienen un patrimonio propio. En el último y calamitoso año no sería de extrañar que el problema hubiera crecido, pues al aumento normal de la demanda de solares hay que añadirle que la gente ha batallado más con el pago de alquileres y es probable que haya abandonado casas que alquilaba o se haya ido a vivir con algún familiar.
Si ni el Estado ni la empresa privada pueden o quieren, hay otra forma en que la gente va tratando de resolver el problema en mención: forma asentamientos humanos "irregulares” o "invasiones”. Y es lógico que la gente busque la alternativa para resolver su problema ante la falta de empatía, ante la democracia solo de discurso en que vivimos. Así, pululan por todo el estado las colonias sin servicios públicos ni obras que mejoren la vida de la gente; "por normatividad, no podemos invertir ahí, dicen funcionarios de todo nivel, que hasta parecen ufanos de la magistral respuesta, sin importarles que ellos mismos abonan a la complicación del problema del que creen haber salido.
Es el caso de la "5 de febrero” y "Piedras Lindas” en Culiacán, que llevan diez y tres años de fundadas, respectivamente. El gobierno no se ha ocupado ni siquiera de regularizarlas y se aprestan a luchar para conseguir su reconocimiento oficial. El gobierno del licenciado Quirino Ordaz Coppel debe intervenir para que se resuelva este problema antes de terminar su sexenio, pues se iría con una mancha enorme, al no haber ayudado a sus paisanos a resolver un problema de los más sentidos por los culichis. A final de cuentas, el problema que ahora se echa sobre las espaldas de los humildes colonos que hoy ocupan los predios, fue originado por la inacción gubernamental, al no respetar el artículo cuarto constitucional, que lo responsabiliza del fomento a la vivienda popular.
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