En México, una realidad alarmante afecta a miles de niñas y niños que deberían estar disfrutando de su infancia y educación, pero en su lugar, se ven obligados a trabajar largas horas para contribuir al sustento de sus familias.
Esta problemática no sólo refleja una situación económica precaria, sino también la persistencia de una profunda brecha de desigualdad y una lucha de clases que sigue dividiendo a nuestra sociedad.
La falta de recursos económicos y oportunidades condena a generaciones enteras a un ciclo de pobreza y exclusión, atrapándolos en un sistema que les niega el derecho a soñar con un futuro mejor.
El trabajo infantil es, en esencia, una manifestación de un sistema que prioriza el capital por encima de la dignidad humana, y que perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables.
El trabajo infantil es, en esencia, una manifestación de un sistema que prioriza el capital por encima de la dignidad humana, y que perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables.
Muchos niños y niñas se ven obligados a realizar labores en el campo, en el hogar, o en el comercio informal, renunciando a su derecho a una educación de calidad, a jugar, a crecer en un entorno seguro y a desarrollar su potencial.
Detrás de cada niño que trabaja hay una historia de sacrificio y resignación; una realidad donde la pobreza no solo se vive, sino que se hereda y, donde las familias se ven atrapadas en un círculo que parece no tener fin.
A pesar de los llamados urgentes de organizaciones, académicos, activistas y familias afectadas, el gobierno ha demostrado un desinterés sostenido por abordar esta situación con seriedad.
La falta de políticas públicas enfocadas en el bienestar infantil, junto con una inversión insuficiente en educación y programas de desarrollo social, han permitido que esta problemática no solo persista, sino que se agrave con el paso de los años.
Hoy en día, los focos de la política están dirigidos hacia otras áreas, mientras nuestros niños y niñas continúan más tiempo en empleos mal pagados que en las aulas, en trabajos que no les ofrecen ninguna oportunidad de crecimiento ni de mejora en sus condiciones de vida.
Las cifras son estremecedoras y dejan en claro la magnitud del problema: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México hay más de dos millones de niños y niñas entre cinco y diecisiete años que trabajan, lo que representa el 12 % de la población infantil del país.
Sin embargo, en vez de abordar esta crisis con la urgencia que amerita, la Cuarta Transformación ha priorizado otros intereses sobre la protección y el bienestar de los menores.
Este desinterés gubernamental refleja una carencia de compromiso con los derechos de la infancia y la juventud. La ausencia de acciones concretas y efectivas para erradicar el trabajo infantil y garantizar el acceso a una educación de calidad perpetúa un ciclo de pobreza que afecta no sólo a estos niños, sino a toda la sociedad, al obstaculizar el desarrollo de un futuro en el que cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial.
Es momento de que los políticos asuman su responsabilidad histórica de proteger y garantizar los derechos de la niñez en México.
Las activistas organizados en el Movimiento Antorchista exigimos que el gobierno deje de mirar hacia otro lado y priorice la protección de los menores. No se trata únicamente de un tema de justicia social; se trata de construir un país donde todos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de un desarrollo pleno.
La niñez debe ser el centro de las políticas públicas, y para ello, se requiere una inversión seria y comprometida en educación, salud y programas de apoyo familiar.
No podemos permitir que las nuevas generaciones se vean atrapadas en el mismo ciclo de desigualdad que han sufrido sus padres y abuelos. Los niños y niñas de México no pueden esperar más.
Es urgente un cambio de enfoque, una movilización social y política que coloque los derechos de la infancia en el centro de las prioridades nacionales. Cada niño que sale a trabajar en lugar de asistir a la escuela representa una herida en nuestra sociedad, una promesa incumplida de igualdad y justicia.
Cumplamos con los compromisos internacionales firmados por nuestro país y trabajemos para que cada niño y niña en México pueda aspirar a un futuro lleno de oportunidades, en el que sus derechos no sean una concesión, sino una realidad.
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