MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Gobierno inmerso en la impunidad

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Es evidente que mientras el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúe inmerso en la impunidad no logrará acabar con la corrupción ni barriendo la escalera de arriba hacia abajo, porque se trata de dos aspectos que caminan de la mano.

Tal como lo advierte el académico de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), Alfonso Hernández, en el documento denominado: “mientras haya impunidad, habrá corrupción”. Refiere que a pesar de que el Ejecutivo federal busca posicionar el discurso de que ya no hay corrupción, lo cierto es que el combate a la misma pierde terreno, pues para cambiar esta inercia hay que reducir los índices de impunidad y fortalecer los sistemas anticorrupción nacional y estatales.

Desde que asumió la presidencia del país, una de las ideas recurrentes de López Obrador es que la corrupción en México terminó. Cuando el presidente habla del tema es común escuchar frases como “Ya se acabó (la corrupción)” o alguna variante, aunque lo cierto es que los hechos dicen lo contrario.

Y no sólo no se ha acabado, sino que desde hace cuatro años, el país ha visto cómo se debilita su combate. Así lo hace constar el índice de capacidad para combatir la corrupción, que fue dado a conocer hace unos días y en el que México, por cuarto año consecutivo, no sólo reprobó, sino que siguió bajando.

Para Alfonso Hernández Valdez, coordinador de la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO, afirmar de manera contundente que la corrupción ya se acabó “es un eslogan publicitario, es propaganda. Lo cierto es que la corrupción es un fenómeno complejo que no se va a acabar de la noche a la mañana”.

De acuerdo con el académico, el índice, elaborado por Americas Society & Council of the Americas y la empresa Control Risks, es distinto a otros mecanismos de medición porque “lo que mide es la capacidad para combatir la corrupción. Hay otros que miden la percepción, pero éste habla de la capacidad y lo que indica es que en México esa capacidad ha venido bajando”. Según los datos que presenta el informe, el país se sitúa en el lugar 12 de 15 entre los países latinoamericanos evaluados, sólo arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela. El documento muestra que “los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.

Dos rubros son los peor evaluados: “Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación” y “Procesos legislativos de gobierno”. En cambio, a pesar de los conflictos recientes con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el apartado “Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno” es uno de los dos mejor evaluados. “México ha sido líder y pionero en materia de acceso a la información pública y la transparencia. Tenemos leyes, instituciones, pero este gobierno ha intentado socavar la capacidad de trabajo del INAI, que ha hecho todo lo posible para seguir trabajando”, dice Hernández.

El segundo rubro en el que México tuvo un mejor desempeño en el índice es “Calidad de la prensa y del periodismo de investigación”. Iván González Vega, coordinador de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO, dice que en un país como México buena parte de las y los periodistas han asumido la tarea de fiscalizar el ejercicio del poder y, con ello, brindar información que permita combatir la corrupción. Para él, no es extraño que sea uno de los rubros mejor calificados, porque “las y los periodistas no han cejado en su papel de ser vigilantes (del ejercicio público) pese a la situación de precariedad que se ve reflejada en otros indicadores”. Uno de los problemas que dificultan el combate a la corrupción, dice Hernández, es la impunidad. “La corrupción y la impunidad son hermanas. Cuando existen leyes y reglamentos, pero no se castiga, el mensaje es que puedes seguir”. En ese sentido, continúa, es necesario “transformar el poder judicial, pero falta voluntad política”.

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