Mucho se dijo acerca del incremento del número de pobres en México provocado por la desaparición del Seguro Popular. Y es cierto, ya que los parámetros que utiliza el organismo encargado de evaluar la evolución de la pobreza en nuestro país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), contempla dos indicadores fundamentales: los ingresos reales de las personas y el acceso a los servicios. En estos, considera como indicador de pobreza la carencia a por lo menos tres de ellos, que se suman a la pobreza por ingresos, de manera que, aunque no se hubiese incrementado la pobreza por ingresos, se incrementó la carencia de servicios de salud para más de 15 millones de mexicanos que, de este modo, pasaron a engrosar las filas de la pobreza.

Pero esto es solamente una evaluación de en qué medida las “políticas de desarrollo social” implementadas por el Gobierno de la Nación ayudan a hacer menos injusta la distribución de la riqueza; ya se sabe que el verdadero generador de la pobreza es el sistema mismo, diseñado para que la inmensa mayoría de los trabajadores reciban muy poco de todo lo que producen, de modo que el grueso se quede en manos de los ricos que conforman la clase privilegiada. Acabar en serio con la pobreza requiere cambiar ese sistema y sustituirlo por uno menos injusto.

Pero, aún sin modificar ese sistema, el Gobierno tiene mecanismos para ayudar a hacer menos injusta la distribución de la riqueza; a eso es a lo que se llama “política de desarrollo social” y no solo es posible, sino que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, pues así lo estipula nuestra Constitución. Pero los gobiernos que han sido no lo han hecho o lo hacen muy mal. El grave error y la tremenda injusticia que significó desaparecer el Seguro Popular, negarles servicios de salud y seguridad social a quienes no tiene otra forma de acceder a ellos, si no es pagando servicios privados, que, de golpe, sumo a las filas de la pobreza a millones de mexicanos, es solo un ejemplo de lo pernicioso que puede llegar a ser una política errónea y caprichosa, y de lo miserable que puede ser un gobernante.

No es el único ejemplo de que el combate a la pobreza se ha atascado o ha retrocedido con el actual gobierno, que presume ser el paladín de los pobres y a cada rato llena el espacio auditivo y visual con sus juramentos de que ahora los pobres reciben más y que son más felices. Los hechos dicen que la “política de desarrollo social” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o es una mentira gigantesca o un no menos monumental fracaso.

Para el caso de Campeche, el mejor ejemplo de ello es el crecimiento de la pobreza laboral; el indicador madre de la verdadera pobreza, y tiene que ver con la disminución de la capacidad de los campechanos para comprar con sus ingresos lo mínimo indispensable para mantenerse ellos y a sus familias.

Según el Coneval, en su Análisis de Bienestar Económico 2020 (publicado en junio de 2021), de 928 mil 363 campechanos, el 71.13 por ciento tiene complicaciones para adquirir la totalidad de la canasta básica, que son 40 productos contemplados por el Sistema de Seguridad Alimentaria (Segalmex). 624 mil 400 ciudadanos están en esta situación, y de estos, 484 mil 200 no pueden adquirir la canasta básica sino una sola vez al mes y son de este modo los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos, mientras que 176 mil 200 viven en pobreza extrema, es decir, sus ingresos no les permiten ni siquiera darles de mal comer a sus hijos.

Pero en 2008 el número de campechanos en esta situación de pobreza extrema por ingresos, es decir en situación de hambre, era de 150 mil 600; para 2020, 25 mil 600 familias más entraron al umbral de la miseria y no tienen ni para darle de comer a sus hijos, es decir que el hambre creció en Campeche. Esto coloca a Campeche en el lugar 13 a nivel nacional por sus niveles de población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria.

La causa principal del crecimiento del hambre en Campeche, aunque eso lo obvia el informe, está relacionado con el cierre de empresas y fuentes de trabajo provocadas no solamente por la pandemia, sino, desde antes de esta, por la contracción económica y la falta de apoyo a los proyectos productivos, a la producción agropecuaria, al autoempleo y  empleo temporal, recursos que fueron cancelados y sustituidos por los programas de entregas directas que no estimulan el crecimiento sino solamente el consumo, lo que a su vez provoca incremento en el desempleo, incremento en el empleo formal y la disminución de la capacidad de compra del salario, provocado por la contracción de la producción de alimentos de la canasta básica y por la inflación, todo lo cual está, además, medido mucho antes de la escalada inflacionaria que se ha visto en el país a finales de 2021 y principios de 2022, por lo que es de esperar que los números son todavía más catastróficos en la actualidad.

Así, la pobreza crece en Campeche por todos lados, por el incremento en la carencia de servicios de salud, de vivienda como lo mencione en mi colaboración anterior, en la falta de los otros servicios básicos cuya creación se ha estancado con la política de control central y “austeridad” que ha implementado AMLO, etc., pero, sobre todo, por la sensible disminución de los ingresos reales de los trabajadores y el crecimiento del hambre que esto provoca.

¿Dónde está el país feliz, feliz, feliz que presume AMLO?, ¿dónde la justicia social y el “bienestar”?, ¿dónde el “primero los pobres”?... solamente está en su discurso falso y demagogo.

A los campechanos les conviene razonar bien estos hechos y no olvidar lo que siempre les hemos dicho los antorchistas: la causa de la pobreza está en el mismo sistema y ese es el que hay que modificar. Y mientras eso es posible, el poder público puede y debe ayudar de manera efectiva, sin rollos ni demagogia, implementando cuatro medidas que son suficientes para transformar nuestra sociedad en una más justa, los cuatro ejes en la política económica que propone el Movimiento Antorchista y que AMLO no quiere implementar ni de chiste ni de lejos: 1) Creación de empleos suficientes para que todos los que lo busquen encuentren trabajo. 2) Salarios remuneradores, lo que se puede lograr mediante acuerdos sólidos con las empresas, para que el incremento salarial no sea causa de inflación y realmente sirva para satisfacer las necesidades de la familia. 3) Política fiscal progresiva, es decir que paguen más impuestos los que más ganan y menos o nada los que menos ganan. 4) Gasto social orientado a los más pobres, pero no por la vía de la entrega de efectivo solamente, que no debe desaparecer, sino complementarse con la inversión y obras de infraestructura en colonias y pueblos en todos los ámbitos: apoyo a la producción, educación, salud, servicios básicos, atención a grupos vulnerables, arte, deporte y recreación, etc.

Estos cuatro ejes antorchistas son posibles y debemos exigir a quienes tienen el poder político que se implementen… o bien disponernos a organizarnos y crear nuestra propia fuerza política que nos permita poner a gobernar a quienes sí lo hagan. Esto que estamos afirmando los antorchistas no es un sueño de locos sino algo perfectamente posible, nos lo permite y exige nuestra máxima ley y, sobre todo, es necesario porque solo así podremos lograr la vida digna para los ciudadanos que dice nuestra Constitución, y algo más parecido a la felicidad que tanto deseamos, en los hechos y no de rollo.