Con la designación presidencial de la periodista Sanjuana Martínez Montemayor como nueva directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), en marzo de 2019, se endureció la política del gobierno en contra de los trabajadores: fueron despedidos más de 240 periodistas (80 por ciento de la plantilla total) incluidos decenas de corresponsales en el extranjero; y el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), Conrado García Velasco, tuvo que retirarse de su cargo por sus probados abusos y malos manejos al frente del sindicato.
Fue por ello que en octubre de ese mismo año, en asamblea extraordinaria, el Sutnotimex eligió a su nuevo Comité Ejecutivo encabezado por Beatriz Adriana Urrea Torres, quien, en noviembre, promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) un emplazamiento a huelga contra Notimex por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), donde figuran como sus principales demandas: respeto a sus prestaciones contractuales, incremento salarial de 3.4 por ciento y la reinstalación de sus compañeros periodistas injustamente despedidos. Sanjuana Martínez ignoró y menospreció los reclamos de los trabajadores y la huelga estalló el 21 de febrero de 2020.
La directora de Notimex despidió injustificadamente a la Secretaria General del Sutnotimex, Adriana Urrea y a otros líderes del sindicato, y desconoció la huelga de los comunicadores. En febrero de 2020, tras un recuento de trabajadores se demostró que la mayoría de ellos estaba en favor de la huelga y la JFCA tuvo que declararla legalmente existente. Sin embargo, lejos de buscar el diálogo y encontrar una solución equilibrada al conflicto, Sanjuana Martínez, con el apoyo del Estado, hizo todo lo posible por sacudirse y desaparecer al Sutnotimex para luego conformar un nuevo sindicato en la Agencia y ponerlo al servicio incondicional del gobierno morenista. Sin embargo, el plan de Andrés Manuel López Obrador de corporativizar el medio periodístico oficial en favor de la 4T, tarea encomendada a Sanjuana Martínez, fracasó rotundamente. En respuesta, el Gobierno federal endureció todavía más su política laboral en contra de los trabajadores del Sutnotimex para doblegarlos.
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, lanzó un ultimátum al Sindicato de Notimex: regresan a trabajar bajo la dirección de Sanjuana Martínez o se cierra la Agencia.
La falta de solución a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) evidencia que el Estado evita sentencias jurídicas laborales o no cuenta con voluntad política para resolver el conflicto. La huelga en Notimex cumplió dos años, tiempo en el que el SutNotimex se ha apegado a la ley constitucional y laboral, por lo que 42 de sus integrantes ganaron demandas individuales con laudos para reinstalación. Ante la falta de solución, en noviembre de 2020 interpuso el recurso de Imputabilidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sin que hasta al momento haya una resolución.
Normalmente, cumplir una sentencia, y más si es de una institución pública, es básicamente una voluntad política, se quiere aparentar que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo son independientes, pero realmente el Estado es una unidad política y cuando no quiere generar una sentencia, la única forma de obligarlo es con la organización de los trabajadores y la lucha en las calles, donde se obtienen enormes conquistas.
Esa unidad política quedó exhibida con la alianza entre la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, y la Fiscalía General de la República en la demanda en contra de la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, quien salió ilesa del supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público al no ser vinculada a proceso por falta de pruebas, en audiencia del pasado 15 de diciembre.
El Estado queda como un violador de la ley y de los derechos humanos al no resolver la huelga en Notimex, así como otros conflictos, porque los trabajadores ya demostraron las anomalías de la directora. El Estado muestra su carácter propatronal, lo que quiere decir que el presidente de la república y demás funcionarios públicos presumen cumplir la ley y defender los derechos humanos; no obstante, la falta de solución exhibe que eso es falso, es mera pantalla, porque en el fondo lo que a ellos les importa es impulsar la precarización laboral.
Ante lo dicho por el presidente en el sentido que el gobierno debe proteger a los trabajadores, sostuvo que el discurso de López Obrador es contradictorio, porque en el caso del SutNotimex, que ya evidenció todas las pruebas a su favor, se puso abiertamente y sin tapujos del lado de Martínez Montemayor.
El principal usuario de outsourcing (contratación externa y temporal de personal) es el propio Estado. Cuando López Obrador dijo oponerse al outsourcing y luego se dio cuenta que el Estado es el que hace la mayor contratación de ese servicio sólo hizo regulaciones para que las empresas paguen impuestos, pero no para garantizar derechos laborales.
A López Obrador no le importa garantizar derechos laborales; en el caso de los trabajadores, le interesa ahorrarse todo el dinero que pueda, vía precarización o despidos, para financiar sus megaproyectos, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o sus proyectos de corte asistencialista, como las becas. Hay un problema más allá de las becas porque cuando esos jóvenes salen al campo laboral no encuentran trabajos dignos, sólo hallan puros trabajos precarios que no les garantizan ningún futuro, ni jubilación, ni servicio médico, ni vivienda.
Al presidente no le agradan los sindicatos que están fuera de su control, porque la reforma de 2019 fue cantada como una reforma que democratizaba la vida sindical, que rompía la corporativización que se heredó del priismo, pero en su sentido jurídico lo que hizo fue permitir la creación de muchos sindicatos pequeños, no significó democracia, sino fragmentación de los trabajadores en muchos sindicatos; lo que hizo el presidente fue juntar a todos los sindicatos pequeños en las nuevas centrales sindicales que están bajo control directo de su gobierno.
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