Un número indeterminado de las casi 12 mil escuelas de nivel básico en Guerrero, debido a la falta de consenso entre padres de familia, maestros y gobierno, hoy 30 de agosto en Guerrero, regresan a clases presenciales, haciendo caso a la orden presidencial de que, llueve, truene o relampaguee, los niños y adolescentes deben recibir la enseñanza de esta manera. Las primeras reacciones de las autoridades locales ante la orden presidencial, fue de que se acataría la medida. Sin embargo, posteriormente, en una actitud responsable, el gobernador anunció que las clases presenciales solo iniciarán en 17 municipios del estado. Los más alejados de las zonas urbanas importantes, en los que oficialmente no tienen contagios activos o que reportan menos de diez infectados, y que en las ciudades donde la incidencia de contagios es alta, se continuaría con el sistema de enseñanza a distancia. Pero conforme se ha acercado la fecha, la información ha cambiado. El jueves 26 de agosto el secretario de Educación del Gobierno del estado, declaró que las clases presenciales iniciarían en 67 municipios, en mil trecientas escuelas de baja población escolar, mismas que contienen el 3 por ciento de alumnos, y en las que labora el 2.7 de la planta docente. Como puede verse, ante los altos números de contagios y defunciones en esta tercera ola de la pandemia, el regreso a clases presenciales basado en la orden autoritaria del presidente, no puede llevarse a cabo.
La delicada situación sanitaria en las 7 regiones del estado, ha causado que Guerrero se encuentre en semáforo rojo desde el pasado lunes 9 de agosto. Inmerso en la tercera ola de la pandemia, los contagios se han elevado de decenas a centenas diariamente, y el número de fallecidos también superan las estadísticas de la segunda ola. De tal manera que, ante el convivio obligado de la comunidad escolar, las desgracias sin duda van a multiplicarse teniendo como blanco directo a los niños y jóvenes. En difícil apuro ha puesto el presidente a los guerrerenses y a sus autoridades, que como todos los mexicanos seguramente, anhelan que sus hijos se preparen académicamente bien, para enfrentar con éxito las responsabilidades en su futura vida productiva.
La medida del regreso a clases sin garantizar que no se pone en riesgo a los escolares, exhibe nuevamente la impostura del gobierno federal en los asuntos de primera importancia y en los que están presentes los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque el presidente la impone en momentos en que los hospitales covid-19 están saturados, en el que los médicos casi siempre capaces, garantizan una buena atención, pero en el que no cuentan con medicamentos suficientes para curar a los enfermos, y en el que solo la solvencia y solidaridad de los familiares pueden arrancarlos de la muerte. Es cierto que ninguna nación ni gobierno ha escapado a los efectos nocivos de la pandemia, pero también es cierto que quienes han tomado acciones adecuadas con la gravedad, no se encuentran en una situación parecida a la mexicana. Las naciones del viejo continente son un ejemplo de un responsable regreso a clases, y si se revisa con cuidado el método con que lo hicieron no existe nada extraordinario que el gobierno mexicano no pueda hacer. Implementaron una exitosa campaña de vacunación y protocolos estrictos de seguridad, que incluyeron el uso de cubrebocas obligatorio, aulas ventiladas, sana distancia entre profesores, estudiantes y padres de familia, uso del sistema hibrido en regiones bien definidas para posteriormente pasar al sistema presencial escalonado y el rastreo de casos covid-19 en las escuelas que les ha ayudado a identificar focos de contagio y aislarlos antes de convertirse en zonas de infección.
Las encuestas para el regreso a clases no sirven. Por eso es correcta la exigencia de los maestros y estudiantes antorchistas, que para la necesaria vuelta a clases se vacune a todos los estudiantes, incluyendo a los mayores de 12 años, como ya lo están haciendo algunos países, pues la variante actual es más contagiosa, y requiere un alto porcentaje de vacunación de toda la población, incluyendo a los niños que son parte de ella. Es seguro que nadie desea que esta decisión provoque más daños a los mexicanos, solo porque pretenda que al gobierno le vaya mal, pero es evidente que ante la mala experiencia vivida en estos casi tres años de gobierno de la 4T, el pueblo mexicano no puede esperar que sus hijos estén seguros en este imprudente retorno presencial a clases. Esta orden presidencial cuestionada, que seguramente traerá más dolor a las familias mexicanas, es un elemento más para que en un tiempo futuro no tan lejano, sirva para encontrar el verdadero rumbo que el país requiere.
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