La inseguridad es un tema sensible para toda la sociedad mexicana y los oaxaqueños no estamos exentos de ello, pues hemos visto con preocupación cómo las olas de violencia crecen y se hacen cada vez más sangrientas y con cada día más y numerosas muertes.
A nivel nacional, lo que pasa en Culiacán es sólo un botón de muestra de lo mal que está nuestro país en el ámbito de seguridad, y se demuestra que, lo que en un principio se dijo que no era relevante, ni de importancia o que era amarillismo puro del periodismo, hoy vemos que no es algo pequeño, sino grande.
Otro ejemplo es Chiapas, donde anteriormente los guatemaltecos llegaban para refugiarse pero ahora son los chiapanecos los que van a refugiarse a Guatemala por la inseguridad en la que viven.
La inseguridad en México no sólo es una preocupación creciente, sino una tragedia que afecta a miles de familias, mientras las autoridades no dan respuestas adecuadas a la magnitud del problema.
Antes, escuchar de estados donde se desataban balaceras eran, por lo regular, en los del norte, pero ahora, esto se ha expandido con mayor relevancia en el sur de nuestro país. Actualmente, para donde quiera voltear a ver, la situación es muy preocupante, sobre todo porque aunque se tenga un amplio número de cuerpos de seguridad con “armamento de primera”, con uniformes, con vehículos y todo, no se refleja en los hechos, que la seguridad sea un derecho de los mexicanos.
Dicha situación no es novedosa para quienes en su momento criticamos la política de seguridad del expresidente López Obrador, la de “abrazos no balazos” porque desde entonces dejaba ver la falta de un estudio riguroso del problema de fondo y, por tanto, de su solución. Esto, con el paso del tiempo se fue demostrando, veamos.
La organización civil Causa en Común, presentó un balance sobre el tema de seguridad en el sexenio del expresidente López Obrador y los datos arrojaron que dicho sexenio pasa a la historia como la que más asesinatos ha tenido, con un registro de 196 mil 523 homicidios dolosos y un promedio de 94 víctimas por día.
Lo anterior causa mayor preocupación porque, lejos de un discurso basado en un proyecto de nación concreto, Claudia Sheimbaum, actual presidenta de México, ha salido a decir que será la “continuadora del segundo piso de la transformación”, con lo que no se nos asegura a los mexicanos que las cosas cambien.
El ejemplo lo vimos el día miércoles 5 de noviembre cuando se registraron 55 homicidios dolosos en todo el país, que suman un total de 2 mil 638 en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, según datos de la agencia TResearchMx.
Por otra parte, llama la atención que a la par que nuestra realidad nos dice que hay más inseguridad porque un amigo, un familiar, un conocido o nosotros mismos hemos sido víctimas.
Los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch, arrojan que la percepción de inseguridad en México presenta el nivel más bajo desde septiembre de 2013, fecha en la que comenzó a llevarse el registro.
También dicen que en diciembre de 2018, cuando inició el mandato del expresidente, el 73.7 % de la población consideraba que vivir en su ciudad era inseguro, y ahora se señala que quienes tienen esa opinión representan el 58.6 % de los encuestados; es decir, la percepción de inseguridad en México ha descendido 15 puntos porcentuales. ¿Será que nos quieren ocultar la realidad los datos oficiales actuales?
Pues así lo deja ver la voz de los colectivos feministas en nuestro país porque también, a pesar de que se habla de un “descenso de los feminicidios según cifras oficiales”, datos como los arrojados por el Mapa Latinoamericano de Feminicidios 2023, refirieron que México es el segundo país de América Latina donde la violencia contra las mujeres es manifestada en feminicidios, homicidios dolosos y un amplio abanico de otros delitos graves, solo después de Brasil. Y también, es uno de los países donde la atención y el combate a tales delitos por parte del estado es más deficiente que en muchos países de menor tamaño y menos recursos que el nuestro.
Esto, denuncian las mujeres de los colectivos feministas mexicanos, se da por el sesgo en la tipificación del delito de feminicidio pues impide que la gran mayoría de asesinatos contra mujeres se investiguen y se juzguen como tal feminicidio. Ello implica una cifra de reporte de las estadísticas y una imagen alejada de la realidad.
Aunado a ello, en una entrevista, la abogada y activista feminista Karen Quiroga puntualizó que las procuradurías y las fiscalías estatales estarían recibiendo órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos como forma de adelgazar las estadísticas.
“El gobierno maquilla los datos, hay un cerco del poder judicial para investigar los feminicidios y un temor de desbordamiento lo de las cifras” sentenció Quiroga en relación a los datos de la baja ofrecidos por las autoridades.
Según la experta, para comprobar lo fácil que es llevar a cabo esta maniobra basta saber que la ley vigente divide los homicidios de mujeres en tres tipos o categorías distintos: feminicidios, homicidios dolosos y homicidios culposos.
Es feminicidio cuando reúne las siete características siguientes: uno, signos de violencia sexual o de cualquier tipo; dos, antecedentes de violencia; tres, alguna relación entre la víctima y su verdugo; cuatro, lesiones o mutilaciones; cinco, amenazas o agresiones previas; seis, incomunicación de la víctima; y siete, que su cuerpo se haya exhibido en algún lugar público.
Los homicidios dolosos son los cometidos con cálculo y premeditación y los culposos son los cometidos accidental e involuntariamente. Con ello, cualquier juzgador hábil puede sin esfuerzo negar la existencia o tergiversar el carácter de cualquiera de las causas de feminicidio para convertirlo en homicidio doloso e incluso culposo.
La prueba final de que el gobierno maquilla las cifras para presentar buenas cuentas al país, se desmoronan cuando algunos lugares llegan a estar presente en la agenda pública.
En Oaxaca, quisiéramos que la realidad fuera distinta pero no es así, pues de acuerdo con el seguimiento del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), desde el 1 de diciembre de 2022 al 6 de noviembre de 2024, lo que va de esta administración del morenista Salomón Jara, se han registrado 197 casos de mujeres asesinadas en el estado de Oaxaca.
Desde el 1 de enero hasta el 6 de noviembre de 2024, se han reportado 88 feminicidios, donde en primer lugar se encuentra la región de los valles centrales con un total de 30, seguido por las regiones del istmo y la costa con 19 y 17 respectivamente, quedando solo a siete casos de igualar las cifras del año pasado, que cerraron con un total de 95 feminicidios, es decir, a poco menos de dos meses de concluir el año, todo indica que esta cifra será superada.
Además, de los 88 feminicidios ocurridos en lo que va de 2024, 66 % fueron causados por impacto de bala. De los que, 25 % de estos ocurrieron en el domicilio de las víctimas y 75 % se produjeron fuera de sus hogares, reflejando así el alto índice de inseguridad y la sensación de peligro constante en las calles para las mujeres.
Estos datos son un reflejo de la situación actual en el estado, donde muchas personas afectadas expresan su frustración y enojo ante la falta de acción por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.
Ejemplo de esto, es la movilización realizada por familiares de la enfermera Vianey Toledo Santos, quienes pidieron que se juzgue con perspectiva de género y se aplique la pena máxima en contra del feminicida.
Asimismo, la movilización por integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), en protesta por lo que describen como “cobarde asesinato” de dos hermanas miembros de su organización, quienes se dedicaban a la venta de artesanías en el zócalo de Oaxaca.
Por otro lado, el anuncio de un paro indefinido en el Palacio de Gobierno en Oaxaca de Juárez, encabezado por familiares de la activista Sandra Domínguez, quien lleva treinta y tres días desaparecida.
Todo este cúmulo de datos, prueba irrefutablemente que las mujeres en México y Oaxaca, siguen siendo las víctimas preferidas de feminicidios, asesinatos dolosos y culposos y de toda otra gama de delitos graves que al final de cuentas, también acaban con su vida, su libertad, su seguridad y su derecho al bienestar y a la vida misma.
La necesidad y justeza de la lucha de las mujeres contra estos crímenes no puede discutirse pero, a pesar de ello, hace falta aprender siempre, tanto de la experiencia propia como de los otros, así como los grupos de padres de niños con cáncer, trabajadores de la salud, estudiantes en defensa de una mejor educación, etcétera, quienes también han salido a la calle con la misma justeza a protestar y a exigir diálogo y soluciones, todos han cosechado lo mismo: un portazo en las narices y el menosprecio en el discurso semanero al estilo de López Obrador.
Ante ello, es urgente unir esos pequeños arroyos aislados en un poderoso torrente único que multiplique sus fuerzas, si queremos derribar las puertas de la cerrazón política y de la dictadura personal de los de la Cuarta Transformación.
Los crímenes, así como los secuestros y la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de extracción de órganos para su venta, no deben verse como consecuencia del machismo individual ni del gobierno patriarcal. Su explicación es estructural, es decir, nace y opera gracias al actual modelo económico vigente.
Por tanto, la lucha debe ser contra dicho modelo y a favor de uno que privilegie el empleo productivo, la salud física y mental del pueblo, y su educación en el humanismo profundo de hombres y mujeres, para que se vean y se traten como iguales en el hogar, en la calle y en el centro de trabajo.
El apoliticismo y el aislamiento, propios de los movimientos, solo conducen al fracaso. Por lo tanto, la consigna debe ser: “¡Agrupémonos todos en la lucha final! Solo así conquistaremos la libertad de todos y el pleno respeto para las mujeres.”
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