El 15 de junio del presente año, en un acto público la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció una “inversión histórica” para obra pública, con un monto de casi dos mil millones de pesos. Este recurso que estaría destinado a ejecutar proyectos de obra pública para los municipios como construcción de mercados municipales, unidades deportivas, carreteras, entre otras obras de impacto social. En ese mismo evento, la gobernadora confirmó que el recurso para atender los proyectos de obras ya había sido liberado a los municipios, y que estaban en las etapas de las licitaciones para poder ejecutar dicho recurso y se concluyan a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. La pregunta ahora es ¿dónde están esas obras? Y las que están ¿realmente atienden necesidades prioritarias de la población?
Quienes tienen la posibilidad de transitar en los diferentes municipios del estado o de escuchar y ver a través de los diferentes medios de información, seguramente podrán atestiguar la construcción de alguna obra pública y tendrán su propio juicio respecto al impacto que estas tienen para la población. Pero no es el juicio de la población el tema central de este escrito, tampoco de si está o no satisfecho con lo que hasta ahora ha venido realizando el gobierno estatal, sino qué tanto se atiende realmente las necesidades prioritarias de la población para que, al mismo tiempo, garantice el bienestar que tanto necesita.
Para muestra, basta con citar una demanda de infraestructura que el pueblo de Ignacio Zaragoza ha planteado tanto al gobierno municipal como el estatal. Se trata de la construcción de dos puentes vehiculares sobre la carretera Huamantla-Puebla en el tramo que divide dicho pueblo. Ambos puentes son para los accesos principales: uno que conecta con el municipio de Huamantla y otro con el municipio de Ixtenco, agregando que dicho tramo permite el tránsito de quienes viajan a la ciudad de Puebla. ¿Por qué son necesarias estas obras?Primero, es más que evidente que no solo beneficiaría a la población, sino a los municipios vecinos y a la actividad económica que se genera por el traslado de mercancías y materias primas tanto al estado de Puebla como de Puebla a Tlaxcala.
Pero sobre todo permite que se ejecute la actividad económica de las familias que dependen de la venta de sus pocas cosechas, que inevitablemente tienen que trasladarse por esa vía. Además, desde Zitlaltepec, Ixtenco y en el mismo pueblo de Zaragoza, desde muy temprana hora, los obreros salen de sus hogares para cumplir con su jornada laboral en las fábricas cercanas al municipio y otros más, a cambio de un raquítico salario que, en las circunstancias actuales, si no doblan turnos o no consiguen otro trabajo extra, no les alcanza el total de su salario para cubrir las necesidades básicas que requiere su familia para vivir dignamente.
Tan solo lo arriba expuesto, se torna aún más complicado en tiempos de lluvia cuando el río baja de la Malinche e imposibilita el tránsito por ese tramo. Los trabajadores no llegan a tiempo a su trabajo y en consecuencia se les descuenta el tiempo perdido a su ya mísero salario y pone en riesgo su estabilidad laboral. Campesinos, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes pierden la posibilidad de asegurar un mínimo ingreso que les permitiría comprar productos de la canasta básica para alimentar a los integrantes de su familia. Pero ¿por qué esta petición de años, que representa una necesidad inmediata del pueblo en general, no ha sido atendida?
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2023, aprobado por la cámara de diputados, tiene contemplado un gasto total de 8.3 billones de pesos,mayor en 11.6% al del 2022. Según Bloomberg Línea del 9 de septiembre, el 51% de este total irá solo a cuatro rubros: el costo financiero de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a los estados y los programas prioritarios del presidente, incluidas las obras emblemáticas de su gobierno. Este último son gastos no programables y cuya inversión se ha elevado al doble de su programado.
El 49% restante del total del presupuesto es para atender otras necesidades básicas como la inversión en la infraestructura productiva tales como: caminos, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos; así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente:electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud, y seguridad pública. De atenderse cada uno de esos rubros, mejoraría sustancialmente la vida de los mexicanos, sin embargo, hay una preocupación mayor por las obras emblemáticas del gobierno federal y de sus programas sociales que, hasta el momento, no han dado evidencia alguna de que realmente mejore las condiciones de vida de los muy pocos que son beneficiados. No hay preocupación por invertir más en infraestructura productiva y mucho menos para garantizar el bienestar de la población. Es la razón por la que no se atiende la petición de los habitantes del pueblo de Ignacio Zaragoza.
El Movimiento Antorchista se ha sumado a esta petición. Los líderes seccionales en la zona oriente del estado han organizado una parte de la población para hacer entrega de un oficio solicitando al gobierno municipal y estatal la atención y solución de esta necesidad. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario la suma de voluntades y hacer mayor eco de esta petición tan justificable. Aprovecho la ocasión, para invitar a los habitantes del pueblo de Ignacio Zaragoza y a todos los que directa e indirectamente se beneficiarían de esta infraestructura a que, con una sola voz, de manera organizada y consciente, exijamos al gobierno municipal y estatal den solución inmediata a esta demanda si queremos traer desarrollo y bienestar para todos.
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