Ya lo intentó en una ocasión, pero no le resultó, hoy el mandatario mexicano promotor de la llamada cuarta transformación vuelve a activar el botón rojo en contra del Poder Judicial del país, pero no porque le convenga a los mexicanos sino a su proyecto populista de continuar generando una nueva conquista en México bajo las siglas del partido de su propiedad el Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- después de que los miembros de ese Poder no se alinean a sus caprichos de omnipotencia presidencial o de todólogo, incurriendo en un error garrafal que le revela como un mandatario prepotente y autoritario, tal como lo ha confirmado la Nación entera que se ha manifestado en contra de tan tremendas arbitrariedades.
El poder no tan solo es una medicina importante para sentirse bien, cuando se llegan a cometer errores garrafales teniéndolo en sus manos, se convierte en un boomerang que si bien corta cabezas, también llega a quien lo lanza, cuando no está preparado para dirigir una Nación.
Organizaciones diversas como Antorcha Nacional, han sido puntuales en señalar los graves errores que se han cometido por el gobierno de la cuarta transformación desde su llegada, con la finalidad de que se recapacitara y se tomaran medidas efectivas que no redundaran en la afectación de los mexicanos, pero la respuesta ha sido de soberbia, de ataque, de mentiras inventadas para tratar de acallar las voces de quienes no comulgamos con esa falsa política lopezobradorista de libertad donde no hay libertad, de justicia donde no existe, de convertir a México en una mejor Nación para todos donde tampoco se tiene bajo el crecimiento de la pobreza y de inseguridad.
Las famosas “mañaneras” del presidente se han vuelto una burla para el pueblo mexicano, ya menos las miran o las siguen, en una exacta coincidencia de que se esgrimen mentiras y se engaña a la Nación entera con el cuento de que todo está bien, de que se tienen otros datos y de que el famoso dicho de “abrazos no balazos” funciona a la perfección, aunque ya los asesinados en este sexenio no quepan en el camposanto.
Pero vayamos directos a esa nueva acometida del señor mandatario de México en contra del Poder Judicial, plasmando aquí lo que dice el columnista Jorge Meléndez, quien refiere; “¿Merecen los trabajadores del Poder Judicial cobrar pensiones dignas al concluir su vida laboral si el propio Poder Judicial aportó recursos, así como los trabajadores, para ello? ¿Merecen tener recursos los jueces y magistrados para poder instalarse en una nueva ciudad cuando son cambiados de adscripción, lo que sucede con bastante normalidad? ¿Deben ser eliminados los fideicomisos que con sus propios recursos ha construido el Poder Judicial para dar apoyo a sus integrantes? ¿Tiene sentido que quien ha dedicado su vida a impartir justicia pueda retirarse dignamente? ¿No son salarios y pensiones dignas medidas que permiten controlar la corrupción o las tentaciones en las que puedan caer jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial?
Todas éstas parecen ser preguntas con respuestas de simple sentido común, pero en el México de impronta populista que vivimos no es así. Una de las características de los regímenes populistas, antiguos o modernos, se reconozcan de derecha o de izquierda, es que quieren acabar con esa enorme molestia en la democracia que es la división de Poderes. Y el Judicial suele ser el que más les molesta: le molestaba a Donald Trump, hasta que tuvo una mayoría conservadora en la Corte Suprema, lo que no ha impedido que tenga literalmente decenas de demandas en su contra, desde abuso sexual hasta fraude fiscal.
Y en México, el Poder Judicial se ha convertido, casi desde el día uno de su gobierno, pero mucho más desde que Norma Piña asumió la presidencia de la Corte el 2 de enero pasado, en el gran enemigo del presidente López Obrador.
Sin duda, hay espacios de corrupción en el Poder Judicial, como los hay hasta niveles altos y bajos del Ejecutivo o el Legislativo. La corrupción en el país es una realidad, quien lo dude que vea lo ocurrido estos años en Segalmex. Ése no es el tema de discusión.
En su columna Avatar, Isaac Katz, nos habla de la independencia judicial señalando que al analizar sí en un país existe un íntegro Estado de Derecho es necesario ir más allá del simple cumplimiento de las leyes y de la ausencia de impunidad en la comisión de delitos. Para poder afirmar que existe el Estado de Derecho, además de que el Estado tiene que ser el garante de los derechos naturales (libre expresión y manifestación de ideas, libertad de creencia religiosa, libertad de asociación, etcétera), tienen que cumplirse cuatro condiciones.
Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal, principalmente al nivel constitucional. Estos incluyen el derecho a poseer bienes, el derecho a utilizarlos como le convenga a su poseedor respetando los derechos de terceros y el derecho a transferirlos a un tercero en una transacción enteramente voluntaria.
Segundo, tiene que prevalecer la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, bienes, servicios y factores de la producción, es decir los mercados tienen que operar en un contexto de competencia. Esto implica tener un marco regulatorio con bajas barreras de entrada y salida de los mercados, siendo función del Estado perseguir y penalizar cualquier práctica monopólica, sea esta gubernamental o privada.
Tercero, el gobierno no puede entrometerse en la esfera privada si no es para hacer cumplir las leyes, lo que implica que no puede involucrarse en decisiones que atañen únicamente a los individuos como son qué bienes consumir (incluidos aquellos que pudiesen generar un daño), la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su maternidad, la conformación de las familias (parejas heterosexuales u homosexuales) y la libertad para elegir una muerte digna. Todas estas son decisiones que se toman bajo los principios de la libertad de elegir y la inviolabilidad de los derechos privados de propiedad.
Cuarto, un íntegro Estado de Derecho requiere de la existencia de un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice y proteja los derechos naturales y los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los vulneren, incluidos actos de gobierno así como garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre estos y el gobierno.
Para que el poder judicial pueda cumplir eficientemente y de forma expedita con las funciones señaladas en el párrafo anterior, es claro que el arreglo institucional que rige a este poder del Estado tiene que garantizar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados y los jueces sean efectivamente independientes de los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, particularmente del primero. Su único compromiso tiene que ser con la aplicación imparcial del marco legal vigente, defendiendo y garantizando los derechos individuales sin estar sujeto a presiones que inclinen sus decisiones.
Es claro que si el poder judicial, en sus tres niveles (ministros, magistrados y jueces) no es independiente e imparcial, los agentes económicos privados no tendrían la garantía de que sus derechos de propiedad estarían efectivamente protegidos ni que en caso de que hubiese una violación de un contrato el poder judicial obligaría a la parte que lo violó a cumplir con las cláusulas estipuladas o adjudicar las garantías ofrecidas para resarcir el daño causado.
Es evidente que después de este análisis se puede advertir que la autonomía de los poderes en México con la voluntad del mandatario se está haciendo añicos, porque de existir algún rasgo de autonomía en el Poder Legislativo, estos intentos tendrían que ser frenados, esas iniciativas revisadas, pero (como se ha vuelto norma en esta segunda mitad del sexenio) la única orden es que las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso se tienen que aprobar “sin cambiarle ni una coma”, y como vienen mal construidas terminan chocando, más tarde o más temprano, como ocurrirá con el tema de los fideicomisos, con el muro de la realidad y la constitucionalidad.
En la medida en que el Poder Judicial en México ceda a los caprichos de López Obrador, el país habrá de quedar con únicamente el Poder Ejecutivo, después de que al Poder Legislativo ya lo tiene entre sus manos, situación que pone en riesgo a la Nación entera que se tendrá que conformar con la voluntad del presidente.
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