La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como empleo informal todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores. El Inegi define como Informalidad Laboral a la proporción de la población ocupada que comprende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del Inegi, el número de trabajadores informales aumentó de 22.8 millones del segundo trimestre de 2020 a 31 millones para el segundo trimestre de 2021. En este periodo creció en 8.2 millones los trabajadores informales, representando 56.16 por ciento del total de las personas ocupadas. -En Tlaxcala son 420 mil personas las que laboran en condiciones de informalidad alcanzando un 72 por ciento del total de las personas ocupadas-. Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la informalidad laboral, “además de dar una menor certeza a los trabajadores y representar un rezago para el país, significa que tenemos menores niveles de competitividad; los trabajos informales tienen una menor calidad de vida, pero también tienen menos acceso a capacitaciones”.
El empleo informal crece debido, entre otros muchos factores, a la falta de crecimiento económico, baja productividad empresarial que anula la posibilidad de mejorar salarios y prestaciones o la creación de nuevas plazas laborales; también influye la debilidad de instituciones que promueven, fomentan y regulan la producción y la falta de un estado de derecho que garantice no sólo las relaciones jurídicas entre los inversionistas y empresarios sino también los legítimos derechos de los empleados. Son, pues, de carácter estructural las causas que condenen a grandes sectores de la Población Económicamente Activa a condiciones de empleo informal y esta tendencia va en detrimento del desarrollo nacional.
El comercio informal es una manifestación del empleo informal en cuya actividad económica se ocupan miles de personas como única alternativa para garantizar el sustento de sus familias y que ante la falta de oportunidades salen a enfrentar las penalidades de la calle y casi siempre la persecución de las autoridades. El ambulantaje es rechazado y condenado por innumerables autoridades municipales y estatales, sin que, por otra parte, apliquen medidas y políticas que tiendan a generar oportunidades de empleo formal con ingresos fijos y prestaciones para aprovechar esa fuerza laboral subutilizada en el ambulantaje. No, nada de eso, parece ser que el problema no les compete a ellos, les basta con condenar, perseguir y sancionar.
La necesidad de aumentar los ingresos públicos es la razón primordial que ha obligado a las autoridades poner los ojos en el comercio ambulante, pues se trata de cargarlo de medidas fiscales para justificar su tolerancia cuidando no comprometer ninguna responsabilidad gubernamental con ellos. Este es el caso de la senadora por Zacatecas, María Soledad Luévano, de la bancada morenista, que propone una iniciativa de ley que propone la prohibición del comercio informal en el país. Se trata de incorporar a los ambulantes a un régimen fiscal para la regularización de comerciantes informales, en el que recibirán un “subsidio” consistente en el 25 por ciento de los impuestos tributarios que deben pagar por cinco años consecutivos, es decir, de cada peso que paguen por impuesto los comerciantes el gobierno los apoyará permitiendo que se queden con 25 centavos; estarán obligados a trabajar por lo menos 56 horas por semana o mejor entendido 8 horas de lunes a domingo, como mínimo porque si no cumplen con la carga de trabajo perderán el flamante subsidio del 25 por ciento; tendrán derecho a pagar el alquiler por el espacio público que utilicen para vender; tendrán derecho a cuotas privilegias en el IMSS para el caso de los que contraten trabajadores; y como no puede haber impunidad a los que se nieguen a la presente regulación se impondrá una multa de 500 a 1,000 cuotas de salario a los no inscritos en el régimen fiscal y si el negocio infractor se encuentren dentro de la vía pública se les impondrá hasta el doble de multa, se procederá a recoger todas las mercancías con la sutileza que ya conocemos y se les regresará hasta que demuestren su registro y paguen la multa correspondiente. De ese tamaño es la propuesta de la senadora que trabaja por la Esperanza de México procurando primero a los pobres.
El problema profundo de nuestro país es la lacerante pobreza que crece desenfrenadamente y un sector importante de la población ha encontrado en el comercio ambulante una forma de paliar las inclemencias de la miseria y el hambre. En el Movimiento Antorchista los comerciantes son un sector muy importante y por ello no podemos callar ante la aberrante propuesta de la senadora morenista ni que se sigan cerrando las oportunidades de empleo, buenos salarios, prestaciones laborales y mejoras generales a los trabajadores más vulnerables debido a la errática política de López Obrador y de morena. Debemos pugnar por el cambio a un modelo económico que sea justo y equitativo con todos los mexicanos, pero esa no es una lucha sólo de los comerciantes, es más, no sólo de los antorchistas, es la lucha de un pueblo que está condenado por un gobierno con discurso de izquierda y políticas de radical derecha, para muestra su senadora.
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