Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la tendencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a concentrar el poder en su persona, anulando al Poder Legislativo, al Judicial y a los organismos autónomos, tendencia que se ha visto reforzada o, más bien dicho, comprobada, con el decreto publicado el 22 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, aunque el presidente eufemísticamente le llame acuerdo. No puede ser acuerdo porque lo tomó él solo, violando la Constitución del país.
En tal decreto “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”
Dicho decreto, tiene implicaciones que nos obligan a hacer una reflexión profunda sobre la forma en que está actuando el gobierno federal y sobre el rumbo que está tomando el país.
Éste significa que las obras emblemáticas de la 4T como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transístmico, más todas las que se le ocurran al presidente, podrán construirse sin los permisos de las dependencias encargadas de realizar los estudios previos y sin necesidad de llevar a cabo las licitaciones públicas correspondientes; que los constructores no estarán obligados a entregar cuentas de lo gastado, tal como lo establece la Constitución mexicana, situación que generará mayor corrupción y que ningún particular tendrá la posibilidad de recurrir al amparo a pesar de que sus intereses se vean afectados por dichas obras.
Recordemos que la mayor parte de éstas, y muchas otras más, las está realizando el Ejército mexicano y la Marina.
Analistas especializados, actores políticos e intelectuales consideran a este decreto como algo totalmente ilegal, arbitrario y como un golpe de Estado. Por ejemplo, Denisse Dressder escribió en Twitter que, “el decretazo presidencial es un golpe de Estado porque implica la rendición del poder civil ante el poder militar. Para proteger su visión, López Obrador institucionaliza el cogobierno con las Fuerzas Armadas”.
Por su parte, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, sostuvo que López Obrador usa a las Fuerzas Armadas y encamina a México hacia una feroz e irracional autocracia “y la culpa de lo que pueda ocurrir tanto con la fidelidad como con el profesionalismo y la moral del Ejército no será culpa de él ni de sus Jefes, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los está empujando a la molicie, el dinero fácil y el poder civil.” El ingeniero acusó al gobierno de la 4T de mentir, de imponer su voluntad contra la razón, de actuar fuera de la ley, de represor, de no transparentar sus acciones, así como de negar el derecho a la información.
En la administración morenista de Veracruz esta forma autócrata de gobierno va en el mismo rumbo que la del jerarca López Obrador, pero ante la falta de liderazgo, de carisma y de prestigio del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, la autocracia asume peculiaridades específicas que es necesario denunciar ante la opinión pública, pues también constituyen una grave amenaza para los ciudadanos de todo tipo en la entidad veracruzana. Aquí también se valen de la mentira, de la ilegalidad, de la represión, de la falta de transparencia y de la imposición contra toda razón. Sin embargo, las acciones del gobierno de Veracruz son más burdas y el mando no lo lleva el gobernador.
En Veracruz quien amenaza y ejecuta a través de diversos hilos es el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros: él es el encargado de instrumentar las acciones para eliminar a los que le estorban al partido de Morena. Utilizando a la Fiscalía General del Estado, al Congreso del Estado, al Poder Judicial, al Órgano de Fiscalización, a la policía estatal o a sicarios contratados exprofeso para reprimir y hostigar a los críticos y adversarios políticos.
El prestigio del gobierno de Veracruz está por los suelos debido a que no han hecho nada por mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos y por la incapacidad de Cuitláhuac para expresarse en público, por lo que ya no le apuestan a ganar las próximas elecciones por la vía democrática, sino que tienen claro y han diseñado una ruta para mantenerse en el poder a base de golpes, torciendo la ley en su favor, fabricando delitos a quienes no se someten a su voluntad y sometiendo por la fuerza a quien se les ponga en frente. Es de dudar que esta política le dé buenos resultados, pero a eso le apuestan.
Las críticas y señalamientos de los veracruzanos y de algunos actores nacionales no se han hecho esperar y cada día hay más cuestionamientos al mal gobierno de Cuitláhuac García. Veamos:
El 20 de noviembre pasado, el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, a través de un video, acusó al gobierno de Veracruz de fabricar procesos penales utilizando el delito de ultrajes a la autoridad. A pesar de que se refirió al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos, a todo mundo le quedó claro que hablaba de los operadores políticos del Ejecutivo veracruzano.
Antes, los dirigentes estatales y nacionales del PRD ya habían hecho una exigencia en los mismos términos al gobierno de Veracruz, en los momentos en que encarcelaron a Rogelio Franco Castán y Gregorio Gómez, el primero candidato a diputado plurinominal y el segundo a presidente municipal de Tihuatlán.
En agosto de 2020, también se quejó de estar recibiendo amenazas por parte del secretario de Gobierno la directora de un importante medio de comunicación estatal establecido en el puerto de Veracruz.
En abril del 2020, integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz denunciaron una feroz campaña de terror orquestada desde la Secretaría de Gobierno en contra de los líderes del Movimiento, de jóvenes estudiantes, de los integrantes de los grupos culturales y deportivos formados por Antorcha. Son muchos los actores que han denunciado el hostigamiento de la actual administración y la opinión pública los conoce.
La autocracia es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. López Obrador encauza a México hacia este régimen y en Veracruz todo parece indicar que Eric Cisneros es el instrumento del Presidente para sus fines autoritarios y a Cuitláhuac lo dejan como gobernador a cambio de que devuelva dinero a la Federación, como consecuencia de los subejercicios.
Y hoy denuncio que este gobierno sigue fabricando delitos en contra de sus críticos y de los que defienden los intereses de los sectores populares, pues hace 3 días llegó a la oficina de Antorcha en Xalapa un citatorio de la Fiscalía General del Estado, con el que se me informa que existe una carpeta de investigación abierta en mi contra, por una denuncia interpuesta por María Nayeli González Chimal, una mujer que no conozco y nunca había escuchado hablar de ella. Así funciona ya la autocracia veracruzana.
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