La Cuarta Transformación criticó varias manifestaciones del modelo neoliberal, y prometió combatirlo, conquistando así el voto popular. Entramos ya en el cuarto año de esta administración, tiempo bastante razonable para valorar posibles cambios. Veamos, pues, solo algunos indicadores de cumplimiento de promesas de campaña del actual presidente. Su bandera fue el combate a la corrupción que, cierto, había adquirido niveles verdaderamente alarmantes. ¿Qué cambios han ocurrido? Según el Índice Global de Estado de Derecho 2021, de World Justice Project, en el rubro “ausencia de corrupción”, en 2019 México se ubicaba en el sitio 117; ahora en el 135, de 139 países evaluados; el peor en todo Latinoamérica; estamos, pues, peor que antes.
Asimismo, comparada con las administraciones neoliberales anteriores, esta destaca por otorgar a diestra y siniestra contratos por asignación directa a grandes empresas. Como candidato, López Obrador prometió separar el poder político del económico; en la vida real es estrecha su alianza con los más grandes empresarios, que constituyen su “consejo asesor”. Y sobre transparencia: recientemente emitió un decreto que declara de “seguridad nacional” sus obras, para no divulgar presupuestos y contratos. Ha declarado también que: “No se tolera la impunidad, ni de mi familia” (conferencia mañanera, 13 de diciembre de 2019); sin embargo, sonados casos de corrupción en su entorno cercano han sido sobradamente documentados. Y también entre secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel, como el mismísimo Santiago Nieto, “zar anticorrupción” de la 4T hasta hace unos días.
Los pobres primero, dicen, y, ciertamente, se aplican programas asistenciales, pero en realidad estos ya venían operando antes, como atenuantes de los efectos más agresivos del neoliberalismo. Y no ha aumentado significativamente su cobertura. “Los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 30% entre 2018 y 2020…” (Instituto de Estudios sobre Desigualdad, es su Análisis preliminar de resultados de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2020); solo un 2% de ampliación. Además, cierto, aumentó el salario mínimo, pero ello no resuelve el problema de la pobreza y su impacto es muy limitado: “Los 6.3 millones de trabajadores y trabajadoras beneficiados representan el 30 por ciento de la fuerza laboral inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social” (El Financiero, 2 de diciembre de 2021). Segundo, no beneficia al sector informal, donde laboran seis de cada diez personas ocupadas. Tercero, la inflación alcanzó el año pasado su nivel más alto en dos décadas y nulifica los incrementos; ejemplo: el salario mínimo aumentó en 15% en 2021, y en contraparte, tan solo el precio de la tortilla aumentó en 25%. Pero más allá de toda discusión, la mejor evidencia de que la política seguida no funciona está en la práctica: durante el sexenio se han sumado 3.8 millones de pobres (Inegi), más de 1.2 millones por año. Crecen asimismo el desempleo y el cierre de pequeñas empresas: entre 2020 y 2021 cerraron 1.6 millones (Inegi), fenómeno agravado por falta de ayuda gubernamental. En promedio cada negocio empleaba 2.4 trabajadores. Restando las empresas creadas, hay una pérdida neta de 400 mil negocios. Como resultado, el capital se concentra aceleradamente.
En materia de salud, en la mañanera del 3 de enero de 2019, el presidente prometió: “Un sistema como el que tienen en Canadá, Reino Unido, Dinamarca. De lo mejor”, gratuito y a domicilio, que estaría funcionando para el 1 de diciembre de 2020. La realidad desmiente tales falsedades: desaparecido el Seguro Popular, 15 millones de personas quedaron sin atención médica. Durante el sexenio se ha vivido una carencia crónica de medicamentos, y el problema sigue. “El Insabi no logró adquirir todo el material de curación, laboratorios y otros insumos para surtir al Sector Salud en 2022 […] fracasó en adquirir el 68.6% de claves de materiales de curación, laboratorios y otros insumos…” (Proceso, 4 de enero). Así pues, qué lejos se ve Dinamarca.
Prometieron paz, con la estrategia de “abrazos, no balazos” y la creación de la Guardia Nacional, mas “… el número de homicidios mensuales se ha mantenido por encima de las 2,200 víctimas, con múltiples picos” (Justice in Mexico, El Economista, del 3 de enero). El 7 de diciembre pasado, el periodista Joaquín López Dóriga documentó: “El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2021 […] se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios […] Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual Gobierno encabeza el registro de dicho delito con 107 mil 104 incidentes, superior al de la Administración pasada, con Enrique Peña Nieto, que registró 65 mil 834. En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 43 mil 525 homicidios dolosos, y, en el gobierno del expresidente Vicente Fox, se registraron 31 mil 427”.
A tambor batiente se anunció una guerra sin cuartel contra el huachicol. ¿Sus resultados? “El número de tomas clandestinas realizadas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó en el primer cuatrimestre del año [2021] 9.5%, en comparación con el mismo periodo del 2020, según muestran los datos de la empresa estatal […] entre enero y abril pasado se registraron 3,759 tomas clandestinas a ductos de Pemex, mientras que para el mismo periodo, pero del 2020, fueron 3,430 […] entre el 2019 y el 2020, el número de tomas clandestinas a sus ductos creció 19.1 por ciento” (El Economista, 25 de junio de 2021).
Prometió López Obrador bajar el precio de la gasolina a diez pesos el litro (20 de noviembre de 2016). Cuando llegó a la presidencia, el precio promedio de la magna era de 18.3 pesos, y el de la Premium, 19.8. En estos días leemos en la prensa: “Gasolina hasta en 25.89 pesos por litro: Profeco. En los informes de la Comisión Reguladora de Energía, al 2 de enero el precio más alto fue de 26.99 pesos […] el precio promedio de la gasolina regular la semana pasada en nuestro país fue de 20 pesos con 72 centavos por litro, para la Premium de 22 pesos con 69 centavos” (El Sol de México, 4 de enero, Profeco). Más del doble de los diez pesos prometidos como gancho para ganar votos.
En conclusión, a reserva de atender otros aspectos en próxima colaboración, vemos que la Cuarta Transformación, si bien criticó problemas reales, al carecer de una estrategia científicamente fundada, y debido a la incompetencia de sus líderes y funcionarios, ha sido incapaz de responder a la confianza que el electorado le otorgó, y a las exageradas expectativas generadas para ganar. El modelo neoliberal sigue en todo su apogeo –aunque se lo haya declarado muerto y enterrado–, dañando la economía de las familias de más bajos ingresos. Es tiempo ya de que la sociedad exija cuentas de lo prometido, ¿o habrá que esperar hasta que concluya el sexenio?
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