La desigualdad social no está determinada únicamente por la riqueza o la pobreza económica de una familia, ya que hay muchos otros factores que afectan la calidad de vida de la sociedad, y el acceso a los servicios básicos es crucial. El acceso al agua se destaca particularmente entre los servicios esenciales para el bienestar de la población.
La relación de la pobreza extrema y la falta de acceso al agua es uno de los principales indicadores para medir la desigualdad de millones de mexicanos, principalmente de niños, niñas y mujeres, que son quienes más padecen la falta de acceso al agua, tanto por no tenerla o por ser los responsables de acarrearla a sus hogares.
El desarrollo de asentamientos humanos ad hoc sin la provisión de servicios básicos y de calidad para las familias que allí residen ha sido un efecto colateral del crecimiento de las áreas urbanas. La ONU afirma que por un servicio de igual o menor calidad prestado por vendedores o camiones cisterna, la gente de estos miserables asentamientos urbanos paga entre 10 y 20 veces más por el agua que los que residen en barrios más ricos.
Solo el 58 por ciento de la población en México, según las Estadísticas del Agua de 2019 proporcionadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene garantizado el acceso diario al agua. Si bien de 10 a 14 millones de personas carecen de acceso, quienes lo tienen ocasionalmente y desconocen su calibre.
Según el informe de Unicef, "Desigualdad en saneamiento y agua potable en América Latina y el Caribe", aproximadamente uno de cada cinco mexicanos depende de fuentes no mejoradas de este líquido para acceder al agua potable, por lo que no están protegidos de la contaminación externa, en particular de las heces.
Adicionalmente, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2021, sólo el 24.4 por ciento de los mexicanos cree que el agua potable es segura para consumir sin riesgo de enfermarse. Lo que nos dice la ENCIG se refiere a una situación en la que el agua no cumple con los estándares para ser saludable y la mayoría de los habitantes de la ciudad corren el riesgo de enfermarse si la beben directamente.
En cuanto al uso de este recurso natural por parte de los distintos sectores sociales y productivos, la agricultura utiliza el 76 por ciento, el abastecimiento público urbano conectado a la red utiliza el 14 por ciento, la electricidad (aparte de la hidroelectricidad) utiliza el 4 por ciento y la industria de autoabastecimiento utiliza solo el 9 por ciento.
En marcado contraste con la porción dedicada al suministro de agua a los hogares mexicanos, la mayor parte del agua de México es consumida por grandes empresas agrícolas. Según estadísticas de la Conagua, las empresas de refrescos como Coca Cola y Pepsi extrae 55 y 32 mil millones de litros de agua al año, respectivamente, y se encuentran entre los segmentos de la industria que más agua consumen. Sin embargo, no está claro si esta comisión realmente ejerce su autoridad de supervisión.
En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales aprobada en México en 1992 marcó el inicio de la mercantilización del agua al establecer un sistema distintivo de concesiones que estaban sujetas a dinámica de compra y venta. Conagua ha otorgado 514.000 concesiones de las 2.000 concesiones para el uso de agua que estaban en vigor en 1992. "Se han sobre concesionado 108 cuencas y 115 acuíferos, principalmente a grandes empresas", dijo el país.
Debido a la política de austeridad de la actual administración morenista, que consistentemente reduce los recursos públicos destinados a este rubro junto con la disponibilidad de agua, los recortes presupuestarios del sector son otro factor significativo en la falta de acceso a agua potable.
El presupuesto federal para abastecimiento y administración de agua, así como los relacionados con alcantarillado, drenaje y alcantarillado, disminuyó de un presupuesto aprobado en 2012 de 50 mil 765.3 millones de pesos a 25 mil 859.6 millones de pesos en 2022, resultando en una Tasa de Crecimiento Anual Promedio (TMCA) de -6, según datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5 por ciento, en términos reales. Es necesario aumentar los recursos para garantizar que todos tengan acceso a los servicios básicos, pero también es necesario analizar los tipos de servicios que deben recibir prioridad, repensar cómo se crean los presupuestos, dar prioridad a las poblaciones desatendidas y crear proyectos de infraestructura a gran escala que brinden agua potable en las áreas más difíciles de alcanzar.
La realidad política, económica, institucional y social de nuestra nación presenta importantes desafíos que se manifiestan particularmente en la capacidad del Estado para proteger los recursos naturales, principalmente el agua, al mismo tiempo que brinda a la población agua potable adecuada y servicios sanitarios de calidad constante. El Estado, comenzando por el Gobierno federal morenista, es el responsable de que esto ocurra. Sin embargo, la política de México actualmente está dominada por los poderosos intereses comerciales. Solo una economía que priorice a la sociedad y se preocupe por satisfacer sus necesidades y asegurar su supervivencia, podrá garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a agua limpia y un mejor nivel de vida en general. Esto exige un gobierno genuinamente popular y con un fuerte apoyo social, que le otorgue poder para hacer frente a los intereses de las grandes esferas del poder económico.
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