En el estado de Puebla la incidencia delictiva de enero 2018 a febrero de 2022 fue de 288 mil 317 delitos, entre los que destacan los siguientes: se cometieron 127 mil 063 robos, la violencia familiar tuvo un total de 35 mil 361 casos y se reportaron 22 mil 196 lesiones.
En el caso de los feminicidios, hubo un total de 183 casos, aunque de enero a febrero de 2022, suman 5 homicidios en agravio de mujeres.
En el delito de homicidios el estado tiene un total de 6 mil 297 defunciones, y en los primeros dos meses del año se cometieron 213 delitos de este género. En el delito tipificado como narcomenudeo se denunciaron 253 en el 2018, y en el 2021 un total de mil 740, lo que representa un 588 por ciento de aumento; en total en el periodo se cometieron 4 mil 105. En total los delitos cometidos por servidores públicos fueron 3 mil 225; en el 2018 se cometieron 64 y en el 2021 un total de mil 202, lo que representa un aumento de 1,778 por ciento.
Los 10 municipios más violentas en Puebla, en el mismo periodo referido, fueron, en orden descendente, Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Atlixco y Huauchinango, en total sumaron 191 mil 363, lo que representa el 66 por ciento de los delitos. De enero 2018 a diciembre 2021, el aumento promedio de los delitos en estos municipios fue del 17 por ciento, siendo Amozoc el que tiene el mayor porcentaje de aumento, 51.6 por ciento.
La percepción de la inseguridad que se define, de acuerdo con Carlos Vilalta, como “la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho”, tuvo un porcentaje del 81.4 por ciento en 2018, y un 87.5 por ciento en 2020, un aumento porcentual del 6.1, ubicándose en el cuarto lugar, solo por debajo, en orden ascendente de Guerrero, Tabasco y del Estado de México.
De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de policías para resguardar la seguridad en el estado de Puebla fue de 119.3 elementos por cada 100 mil habitantes, cantidad por debajo de la media nacional, que fue de 124.4 uniformados. A nivel internacional, la ONU establece que por cada mil habitantes debe haber 1.8 policías. Nos damos cuenta de que la entidad federativa cumple con un 66 por ciento de lo que se estima como necesario.
Además, el 10.9 por ciento de la policía preventiva y el 89.2 por ciento de la policía de transito no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) vigente, cuando es este documento el que acredita a los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario como aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y que certifica que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
El experto en seguridad no ha podido poner las cosas en orden, no ha podido bajar el índice delictivo, no ha podido contratar a más policías y de los policías que se tienen no todos cuentan con su CUP. La población tiene toda la razón de sentirse insegura. ¿Podemos seguir en la política de abrazos y no balazos que predica la 4T?
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