La vivienda es un derecho protegido por la constitución; sin embargo, hoy ese derecho forma parte de un mercado inaccesible para millones de familias trabajadoras, el Estado se ha desentendido de su obligación. Para disfrutar de una vivienda digna y decorosa, las familias se ven en la necesidad de buscar un crédito con tasas de financiamiento y precios accesibles a sus ingresos, que pocas veces consiguen, para sufrir privaciones por muchos años, hasta liquidar el crédito.
Pero en una economía sustentada en el sector informal, donde millones se autoemplean como pueden, que de acuerdo con el Inegi representa el 56% de la ocupación laboral en el país, son en automático excluidos para obtener un crédito para vivienda.
Las viviendas de "interés social", así define el gobierno la construcción de casas para los trabajadores, tienen como característica el reducir costos al máximo y maximizar el número de viviendas vendidas, edificadas en zonas alejadas de los centros urbanos, prolongando el tiempo en transporte, con pésimos servicios y en general ubicadas en zonas inseguras, dañando las relaciones sociales.
Más de la tercera parte de la población del país carece de acceso a una vivienda digna, y más de 2 millones 250 mil viviendas se encuentran en situación de hacinamiento donde habitan más de 29 millones de mexicanos. Mientras que las viviendas con materiales en deterioro y que no tienen óptimas condiciones agrupan a 7 millones 400 mil.
El rezago habitacional es de 9 millones de hogares, el 31% de las viviendas particulares habitadas e involucra a 35.7 millones de personas.
Los gobiernos no han entendido, incluido el actual, que dotar de vivienda adecuada para todos los trabajadores, con una infraestructura básica que incluya agua entubada, drenaje, electrificación, alumbrado público y calles pavimentadas, no solo dignifica su existencia y da seguridad a las familias, sino, además, genera otros beneficios, el ramo de construcción de vivienda, es uno de los principales motores del mercado interno y palanca de desarrollo nacional por la generación de empleo y afirma que las acciones del gobierno son instrumentos de política pública que ayuda a abatir el rezago habitacional.
La crisis sanitaria de la covid-19 que afecta principalmente a la población vulnerable de México: 71% de las personas fallecidas vivían en condiciones de pobreza, deja al descubierto el brutal rezago habitacional, millones de viviendas no superan los 40 metros cuadrados y con servicios básicos tales como, agua, luz y drenaje, han elevado los brotes de contagios, ante la necesidad del confinamiento, no es para millones la primera línea de protección, familias enteras se contagian y mueren por no contar con un espacio suficiente y saludable.
La población en situación de pobreza, su principal carencia es una vivienda digna, la pandemia reveló la magnitud de personas sin hogar y de aquellas que viven en lugares poco salubres y dignos, sin servicios básicos para garantizar la sana distancia y evitar el contagio intrafamiliar.
La falta de interés de los gobiernos por atender y destinar los recursos económicos suficientes, ni la existencia de un plan nacional de vivienda para las familias trabajadoras demuestra que la 4T no tiene la voluntad para erradicar esta injusticia social, el gobierno federal es en el fondo tan neoliberal en su política de vivienda para los más necesitados como sus antecesores, no se inmuta ante el dolor y la desgracia.
Aquí es donde se demuestra la necesidad de la lucha organizada para conseguir un lote a precio accesible y luego, con grandes esfuerzos y sacrificios, construir una vivienda propia, poco a poco, a la medida de sus recursos y necesidades. Ante el desprecio y la inacción de los gobiernos, surge la lucha por un terreno y después por materiales de construcción, así como por la exigencia de los servicios, es la prueba de la plena justificación de la organización y la lucha popular, donde se demuestra la capacidad del pueblo por encontrar soluciones inteligentes y creativas ante la ineptitud de la autoridad.
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