“La adjudicación directa es un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad”. La Secretaría de la Función Pública señala que el método a utilizar preferentemente es la licitación pública “… considerando que la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación, en seguimiento de la política general de contrataciones públicas, se recomienda enfáticamente no utilizar el procedimiento de adjudicación directa”, y, señala las excepciones a la regla.
Pero este gobierno de la 4T, donde de manera reiterada el presidente López Obrador ha dicho “no somos iguales”, refiriéndose a los gobiernos anteriores, no ha marcado la diferencia en lo que se refiere a actos de corrupción, y en particular para beneficiar a amigos y familiares con millonarios contratos de obra pública y de bienes y servicios, aunque para ello tenga que violar la ley una y otra vez y las reglas de operación; no importa, él es el mandatario que se ha arrogado el derecho de hacer y deshacer con los recursos del erario y de avasallar a todas las instituciones; él es el nuevo dictador de México que, amparado en los votos que le confiaron alrededor de 30 millones de mexicanos (hoy muchos arrepentidos de ello), ha llevado a una crisis peor al país, en prácticamente todos los terrenos: economía, empleo, vivienda, salud, servicios básicos, infraestructura carretera, etcétera.
Y también en el tema de la corrupción. La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, nos señala en su portal de internet: “Las compras y contrataciones públicas del gobierno (federal) han sido uno de los espacios históricos con mayores riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción. Y una de las ventanas por las que esto puede suceder con mayor facilidad es el uso intensivo de la figura de las adjudicaciones directas como el método favorito para entregar contratos. Entre 2010 y 2018, en promedio el 79.6 por ciento de los contratos del gobierno federal fueron entregados de manera directa. Nuestro seguimiento periódico de las compras del gobierno ha mostrado que el gobierno de López Obrador continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020. En los primeros seis meses de 2021, el 80.6 por ciento de los contratos y 35.6 por ciento de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa”. ¿Dónde está, entonces, la diferencia?
Como muchas otras de las promesas de López Obrador, ésta también ha sido incumplida por el mandatario: “El diagnóstico inicial de López Obrador sobre la corrupción señaló este problema, al punto que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas. Esta promesa, a pesar de ser jurídicamente vinculante, era irreal desde su concepción. Las cifras de los primeros meses de la nueva administración mostraron una notoria continuidad con los resultados del pasado, ante lo que el presidente se justificó diciendo que al no ser iguales que otras administraciones, no había problema alguno […] La promesa no ha sido cumplida bajo ningún criterio y no existen indicios de que esto vaya a cambiar”.
Son, en la publicación y en el estudio de “Nuestro Dinero”, muchísimos los datos y los ejemplos que evidencian los altos grados de corrupción y la falta de transparencia a la hora de contratar obras y servicios; existen contratos de salud ineficaces e ilegales y, en la adquisición de medicamentos, la adjudicación directa fue del 96.3%. El mismo estudio nos informa que: “En 2022, se realizaron en promedio 477 contratos al día y se gastaron 452 mil 496 millones de pesos. Esto equivale a tres veces el presupuesto anual para la Pensión de Adultos para el Bienestar. Lo que se gastó en un solo año en contratos equivaldría a beneficiar durante tres años a 9.5 millones de adultos mayores”.
Estos son sólo unos ejemplos; no nos alcanzaría el espacio destinado para cuatro semanas para enlistar todos los ejemplos de esa falta de transparencia y la corrupción que propicia dicha práctica, y, a su vez, la lista en particular de los funcionarios y familiares beneficiados directamente.
Estos ejemplos, documentados todos, nos revelan que las cosas no han cambiado, que el dicho del presidente López Obrador de “no somos iguales” no se demuestra, e incluso podemos decir, con datos al canto, que, en muchos aspectos, y en concreto, en este de la corrupción están peores. Recordemos que, desde el inicio de la campaña presidencial de AMLO, Antorcha nos dijo que las cosas no cambiarían, que con lo que proponía el candidato más bien se agravarían para la gran mayoría de los mexicanos, y hoy, la terca y negra realidad, desgraciadamente nos ha dado la razón.
Si bien, la corrupción no es el problema fundamental de México, sino la injusta distribución de la riqueza, de todas formas, aun en eso, su lema de campaña, López Obrador engañó vilmente a todos los mexicanos: antes había corrupción, sí, pero ahora, y así lo indican las estadísticas, hay más, mucho más.
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