Tal parece, que dichas autoridades consideran que la iniciativa social que se manifiesta a través de grupos de peticionarios de mejoras materiales para sus comunidades y colonias, es una actividad ilegítima, que hay que suprimir por la vía de la negativa reiterada.
El problema no es nuevo, ha sido abordado infinidad de ocasiones a lo largo y ancho del territorio nacional, durante los 46 años de vida que tiene el Movimiento Antorchista; y, siempre hemos manifestado que, nos acogemos a lo estipulado en el Marco Constitucional, que rige la convivencia de todos los ciudadanos mexicanos.
En concreto me refiero a los artículos 8° y 9° de nuestra Carta Magna, que garantizan los derechos de petición y organización de todos los ciudadanos, respectivamente. Pero, que muchas autoridades, ignoran olímpicamente y los transgreden, cuando debieran ser ellas las promotoras de su observación y cumplimiento.
Tal es el caso de la presidenta municipal de Irapuato, que se niega a atender las necesidades más elementales de mis compañeros antorchistas, habitantes todos, de diferentes colonias y comunidades que pertenecen al municipio.
Se trata de obras y servicios que, garanticen una vida más digna y humana para los irapuatenses, que carecen de agua potable, energía eléctrica, drenaje, rehabilitación de caminos que conducen a las comunidades y pavimentación de otros, que ya fueron planteados y acordados, en su momento, con la administración anterior; así, como aulas para algunos centros escolares.
Como se puede observar, nada que salga de la competencia municipal y de la problemática cotidiana que viven millones de ciudadanos todos los días, en este municipio, en el estado y el país. Pero, la respuesta de la alcaldesa es tajante, “no voy a atender grupos”, “los ciudadanos tienen que venir en lo individual a solicitar la solución a sus necesidades”.
Pareciera que la munícipe, ignora que Irapuato tiene un 35.5% de su población en situación de pobreza, que en números reales equivale a 214 mil 59 ciudadanos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su medición del año 2020, esto quiere decir, que tal número de irapuatenses, viven con al menos una carencia social e ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos, antes línea de bienestar y que se refiere al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
El panorama se vuelve más gris para los humildes de Irapuato, quienes además de padecer el flagelo de la pobreza, son atropellados en sus Garantías Constitucionales, que les otorgan los derechos populares de gestión y organización.
Desde mi punto de vista, las autoridades deben recordar que los gobiernos democráticos, se caracterizan por entender que nunca serán lo suficientemente eficientes, para abarcar todos los problemas de sus gobernados y resolverlos positivamente sin la participación activa de estos.
Desde este modesto espacio, apelo respetuosamente a la sensibilidad política de la Maestra Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, para solicitarle, tenga a bien atender a una comisión representativa de nuestra organización, que le presentará el pliego de peticiones de humildes campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes y trabajadores, que será encabezada por quien esto escribe, en mi calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal.
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