Como es sabido, los problemas sociales han aumentado en todo el territorio nacional afectando de distinta forma a los mexicanos. Como consecuencia natural han surgido nuevas organizaciones sociales o civiles, como también se les llama, que encabezan la lucha o gestión para que el Gobierno atienda un problema determinado.
Dentro de las organizaciones nuevas, se encuentra, por ejemplo el grupo denominado “Madres buscadoras”, cuyo objetivo es la localización de personas desaparecidas, que muchas veces pueden ser familiares directos de los interesados.
López Obrador, en su afán de exterminar a los movimientos que le incomodan, siempre ha acudido al ataque frontal y el desprestigio, lo que no resuelve el problema, sino que crea encono y polarización social."
Ante la complejidad del problema, el Gobierno ha cedido a este grupo la labor que le corresponde por ley a la autoridad; incluso los dota de herramientas como palas, picos, linternas, despensas y a veces acompañamiento, para que las buscadoras desempeñen la actividad que las expone a los grupos delictivos, y ya hay consecuencias fatales derivadas de ello.
Pero hay otros tantos movimientos que defienden temas ecológicos, de equidad de género, de trabajadores de empresas particulares, de entes públicos, de campesinos, etcétera, y todos son vistos como enemigos del Gobierno en turno, como lo ha sostenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que acumula alrededor de 179 mil personas asesinadas en su sexenio.
Ya se sabe la fórmula para deslegitimizar a la gente que se inconforma: sea quien sea, el mandatario federal lo atacará desde la mañanera con frases como: “son enemigos de la transformación”, “son provocadores”, “representan a la oligarquía y al pasado”, etcétera, lo que también es copiado en los estados, sobre todo en aquellas entidades donde gobierna Morena.
Esto es un error de la 4T, porque al final de cuentas todas estas organizaciones identifican un problema y lo canalizan para que sea la autoridad y las instituciones las que tengan que resolverlo mediante los cauces legales, es decir, se trata de la búsqueda de la justicia, para que un crimen no quede impune, y de la justicia social, que es otra de las cuestiones.
En este contexto es que existe la lucha del Movimiento Antorchista, que a diferencia de organizaciones recientes, está cumpliendo sus primeros 50 años de trabajo organizado en todos los estados del país.
Su labor ha consistido en organizar y politizar a la población, para que mediante su número salga a exigir la solución a problemas concretos como la carencia de obras y servicios públicos, además de apoyos sociales, porque a pesar de que los integrantes de las familias trabajen para asegurar el sustento, es muy difícil de lograr una vida digna al obtener por su labor un salario miserable.
Por esa razón, es que los antorchistas acuden al Gobierno correspondiente para pedirle su intervención, auxilio y respaldo, además de que al hacerlo ejercen derechos que les corresponden y se obliga a que se haga una más justa distribución de la riqueza social producida por todos, pidiendo la creación de escuelas, hospitales y carreteras, etcétera, donde se aplique el dinero de los impuestos y se generen acciones de bienestar público.
Atendiendo a lo anterior, desde el año 2021, cuando David Monreal Avila asumió como gobernador constitucional de Zacatecas, los antorchistas acudieron a entregar su pliego de peticiones, pero desde entonces se dijo que no había capacidad financiera para resolver, por lo que se aplazó la solución y en consecuencia, las solicitudes han esperado por casi tres años.
El jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana, una comisión representativa de ciudadanos, haría la entrega del pliego petitorio 2024 en las oficinas del Gobierno del estado, a efecto de exponer sentidas demandas que entran en cualquier programa gubernamental y que corresponden al anhelo de centenas de zacatecanos organizados a tener una vida mejor.
Me consta que lo solicitado no es ningún exceso: no se trata de acciones que beneficien a los líderes, como se ha hecho creer por parte del Gobierno de López Obrador, que en su afán de exterminar a los movimientos que le incomodan siempre ha acudido al ataque frontal y el desprestigio, lo que no resuelve el problema, sino que crea encono y polarización social, mientras que las causas que originan la inconformidad siguen presentes.
Por tal razón, los gestores zacatecanos afirman que desde hace casi tres años, cumplieron con la entrega de expedientes personales, porque se argumentó que había cambio de políticas y ya no se atendería a grupos sino de forma individual, “sin intermediarios”. Los interesados cumplieron y ahora esperan que se les den soluciones “como a las autoridades les plazca”, pues quienes exigen son personas que también tienen derecho a ser contempladas en las acciones públicas.
Durante tres años han sido ignoradas porque quizá alguien piense que así se castiga a los líderes, pero es un auténtico despropósito, pues son peticiones de ciudadanos que tienen derechos, pero además decenas de domos, carreteras y obras de infraestructura dan cuenta del trabajo organizativo y de gestoría, labor que se efectúa sin distingo de partido en el Gobierno o época del año; sólo con nuestro compromiso social.
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