Según su definición, en términos categóricos, la verdad histórica es la verdad absoluta, sustancial o material, plasmada en un espacio y en un tiempo determinado, y la que el derecho en general aspira a llegar. Pero ¿existe la verdad absoluta? Los expertos dicen que sólo hay dos posibles respuestas a esta pregunta: sí o no.
Hay una verdad absoluta, algo que es verdad en todo momento y lugar, o no la hay. Argumentar con certeza que no existe la verdad absoluta es hacer una afirmación absolutamente verdadera y, por lo tanto, se refuta a sí misma. En fin, así los términos. Todo esto es por lo hoy sucede en nuestro país.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los episodios más tristes en nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de tomar autobuses (acto ilícito según la ley pero que pocas veces se castiga) que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre 1968. Según los reportes, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades fue la detención de 43 estudiantes que habían desaparecido. Más tarde, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, por parte de la estructura de una organización criminal denominada Guerreros Unidos.
Según la versión de Jesús Murillo Karam; los estudiantes fueron privados de la libertad, los asesinaron para después ser incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero. Los responsables del crimen fueron integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes habrían confesado que el ataque se debió a que los estudiantes fueron señalados de pertenecer a Los Rojos, grupo delictivo contrario.
Esa es la verdad histórica que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando, en conferencia de prensa, ofreció un informe sobre los últimos avances -hasta ese momento- del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la llamada AIC.
Esa verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Terco o El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", la noche del 26 al y el 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con el que era entonces jefe de sicarios de Guerreros Unidos, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías facilitaban el trasiego de droga y evitaban que grupos antagónicos tuvieran presencia en el municipio. Señalan que policías municipales de Iguala y Cocula le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, las cuales fueron conducidas hasta el basurero donde terminaron con la vida de ellos quemando todo, luego las cenizas fueron arrojadas al Río San Juan (Diario de Yucatán).
En septiembre de 2018, un juez federal dictó auto de libertad a favor de ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos a Felipe Rodríguez Salgado, señalado de ordenar levantar y asesinar a los estudiantes, por falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada.
Recientemente, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación dio un informe donde dijo que no hay indicios de vida de los 43, pero se apresuró a marcar una distancia con la llamada verdad histórica de Murillo, lo que deriva en que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exprocurador general, de presentar pruebas falsas para construir la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además está siendo acusado de haber cometido actos de tortura contra seis personas relacionadas con el caso, actos que se utilizaron para construir la versión defendida por la extinta Procuraduría General de Justicia.
La fiscalía también busca imputar al exfuncionario federal por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Las investigaciones de las autoridades señalan a un grupo de 33 exfuncionarios públicos (entre los que se encuentra Murillo Karam) de ser el responsable de la fabricación de la ‘Verdad Histórica’, según la cual explica que los estudiantes fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan, en Cocula. (Novedades de Tabasco)
Ojalá que se llegue a la verdad para reconfortar a las familias de los desaparecidos y no todo sea un circo de parte de las autoridades para ganar adeptos ante las próximas elecciones; porque ya sabemos cómo se la juegan algunos políticos con tal de mantenerse en el poder, si mantienen en la pobreza y en la incertidumbre de qué comerán mañana a muchas familias mexicanas, no dudamos que llegan a jugar con el dolor de familias con tal de seguir perteneciendo a las altas esferas políticas del país. Por ello debemos mantenernos informados para que cuando se tenga que tomar una decisión del rumbo que tomará el país no nos dejemos embaucar.
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