Los recortes presupuestales y la desaparición de programas por parte del gobierno de la 4T, bajo los argumentos del combate a la corrupción y la austeridad republicana, han incrementado y profundizado la pobreza en el país.
Según cifras del CONEVAL, el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones en comparación con 2018, período en que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Como lo saben y recienten millones de mexicanos, entre los programas destacan la desaparición del Seguro Popular, Prospera, las Estancias Infantiles, los comedores comunitarios, apoyos al campo, programas de empleo temporal, Ramo 23 y el más reciente, las Escuelas de Tiempo Completo (ETC); este último, dejó fuera de los beneficios que significaba, a 27 mil 067 centros educativos que albergaban a 3 millones 234 mil 489 niños y jóvenes; además de 133 mil 433 profesores.
Con la eliminación de las ETC, el Gobierno federal también canceló servicios gratuitos de alimentación y una educación integral y de mejor calidad porque muchas de estas escuelas funcionaban en municipios considerados como pobres y que, en otros tiempos, eran atendidos con el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, que también fue cancelado.
Conviene también destacar que programas como el Ramo 23, que etiquetaba recursos y representaba para los ayuntamientos la posibilidad de gestionar y bajarlos de la federación a los municipios, para la construcción de obra pública como: agua potable, drenaje, pavimentación de caminos y calles, programas de ampliación y mejoramiento de vivienda, construcción de techumbres y en general infraestructura educativa, entre otras; dejó a miles de colonias populares y comunidades rurales sin obras que mitiguen un poco sus condiciones precarias, de marginación y atraso que padecen desde hace décadas.
En Hidalgo, uno de los 10 estados más pobres del país y con cinco de los municipios con mayor pobreza a nivel nacional (Xochiatipan, Huazalingo, Tlanchinol, Huehuetla y Tepehuacán de Guerrero), las cosas se han complicado aún más, debido a la sordera e insensibilidad del gobernador, Omar Fayad Meneses, quien, a unos meses de concluir su administración, además de no haber cumplido sus promesas de campaña, se sigue negando a escuchar a sus gobernados.
De acuerdo con la Medición de Pobreza 2020, realizada por el CONEVAL, entre 2018 y 2020, la población de Hidalgo en condición de pobreza, pobreza extrema y moderada se incrementó. En 2018 el estado tenía un 49.9 por ciento de su población en situación de pobreza que se incrementó para a un 50.8 por ciento, pasando de un millón 517 mil 200 personas a un millón 570 mil 600 personas.
La población en pobreza extrema pasó de un 7 por ciento en 2018 a un 8.1 por ciento en 2020, lo que significa que de 213 mil 900 personas se incrementó a 252 mil personas. En tanto, la población en situación de pobreza moderada pasó de un millón 303 mil 400 personas en 2018 a un millón 318 mil 600 personas en 2020.
En este contexto tan complicado, agudizado por la crisis sanitaria y económica se hayan sumidos los municipios que ahora disponen de menos recursos para obra pública en detrimento de la población que demanda atención a sus necesidades, y muchos alcaldes se ven imposibilitados para atender las demandas de sus gobernados.
Tal es el caso del municipio de Huehuetla, que hasta 2020 contaba con una población de alrededor de 23 mil habitantes, apenas ejerció en 2021 un presupuesto para obra pública de 60 millones de pesos para atender a poco más de cincuenta comunidades que carecen de agua potable, infraestructura caminera, vivienda, entre otras carencias igualmente importantes como la falta de empleo bien remunerado. De un simple ejercicio aritmético, puede deducirse con facilidad, que, si se distribuye este raquítico presupuesto en forma igualitaria, a cada comunidad le tocaría alrededor de un millón de pesos.
Así se explica en buena medida, que en lo que va de la actual administración que encabeza el Licenciado Javier Santillán Melo, la obra realizada en el primer año de su gobierno haya sido tan escaza en relación con las necesidades más urgentes y prioritarias del municipio y sus comunidades. El trabajo realizado hasta ahora, digno de ser reconocido, aunque insuficiente, y que consiste en la pavimentación de accesos y/o calles de comunidades como San Lorenzo Achiotepec, La Piña, Rio Beltrán, Palo Verde, Rio Blanco, Cantarranas, Huehuetla, etc.; así como el revestimiento del camino Paraíso-Linda Vista, es más que insuficiente frente a las necesidades y carencias que enfrenta el municipio y por tanto es mucho más lo que falta por hacer.
Conscientes de esta crítica situación y de la imposibilidad financiera que tiene el municipio para atender todas las carencias, las familias organizadas en el Movimiento Antorchista Hidalguense, además de insistir ante el alcalde en la necesidad de que se incluyan las obras que están dentro de las posibilidades de su propio presupuesto, se aprestan a atender el llamado de la organización a la movilización estatal a que ha empezado a convocar la dirigencia estatal. Esperamos que esta vez el señor gobernador no utilice a los cuerpos de seguridad para bloquear carreteras e impedir el paso de los manifestantes y evitar su arribo a la capital del estado.
Los antorchistas de Huehuetla confiamos en la sensibilidad y voluntad política del edil para que en la propuesta de obras para este 2022, sean incluidas las comunidades que no resultaron beneficiadas en el 2021 por las razones ya antes señaladas, así como las obras prioritarias de cada comunidad, algunas de las cuales fueron compromisos de campaña cómo fue su compromiso en reunión sostenida recientemente.
Por lo pronto, y en espera de que así ocurra; al mismo tiempo nos preparamos ya para acudir a la marcha estatal a reclamar recursos y obras que son competencia y obligación del gobierno estatal que encabeza Omar Fayad y que aún falta por hacer a pesar de que han transcurrido cinco años y que algunas de ellas fueron promesas de campaña.
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