Es complejo no perderse en el cúmulo de noticias con el que todos los días nos inundan los medios tradicionales de comunicación, particularmente, en este sexenio el principal protagonista, con mayor exageración que antes, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, él y su show de entretenimiento mañanero se han convertido en el centro de toda, o la inmensa mayoría, de la discusión mediática nacional; por ello, se ha convertido en la fuente de desinformación y manipulación más efectiva que tiene el gobierno federal para engañar a los mexicanos y desviar la atención de los verdaderos e importantes problemas nacionales. Todos los días, hay información nueva, todos los días el presidente López Obrador dirige la conversación en el sentido que a él le conviene. Es innegable, a estas alturas, que, ante el agravamiento de las condiciones de vida de los mexicanos, la mentira y la manipulación premeditada y permanente se han convertido en una política de Estado.
Mientras que la discusión en el país se centra sobre una innecesaria y absurda consulta popular o sobre el espionaje que antes y ahora han utilizado los gobiernos para indagar en la vida privada de sus críticos y opositores; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha dado a conocer los resultados económicos del segundo trimestre de 2021, en el que informa que la desigualdad social se ahonda en el país y la miseria de los mexicanos más pobres, ahora alrededor de 76 millones de personas oficialmente, se vuelve más aguda. Los nuevos pobres provienen de las clases medias que han visto mermados sus ingresos ante los recortes presupuestales y la política de austeridad de la 4T.
Según este órgano perteneciente al propio Estado, la pobreza laboral aumentó del 35.6% al 39% de la población, en el presente año 2021. Este porcentaje de la población corresponde a mexicanos que a pesar de contar con un empleo y de trabajar arduamente, muchas veces más de las 8 horas diarias y de los 6 días legales, reciben un salario muy por debajo de la línea de bienestar, es decir, con lo perciben no les alcanza para costear sus gastos de alimentación, vestido y calzado, servicios de la vivienda, salud y educación de sus hijos.
A esto se agrega que, según el mismo organismo, la canasta alimentaria se encareció hasta en un 5%, pues el pasado mes de mayo, la canasta alimentaria tuvo un precio de 1,778.98 pesos promedio en las zonas urbanas del país, mientras que en las zonas rurales fue de 1,360.83 pesos. Un duro golpe para la economía de los más pobres, muchos de los cuales vieron perdidos sus ingresos y sus fuentes de trabajo durante los meses más duros del confinamiento por la pandemia, sin que el Gobierno federal pusiera en marcha un plan emergente para contener el quiebre de la economía de las clases populares.
La precaria situación que viven los mexicanos, está orillando a que miles estén arriesgando sus vidas, en un intento por llegar a lugares donde puedan tener mejores oportunidades de vida. Así lo hace notar el periodista Pablo Hiriat en su columna en el diario El Financiero, del pasado 19 de julio, en donde señala que: “en lo que va de octubre de 2020 a junio de 2021, han sido detenidos o deportados 479 mil 376 mexicanos. Casi medio millón. Mientras que “en el año fiscal 2019-2020 fueron detenidos o deportados, en la frontera sur de Estados Unidos, 106 mil migrantes mexicanos”. Es decir, en tan solo un año, el número de mexicanos que huyen de la pobreza y la violencia en el país ha crecido 4 veces más.
Así pues, el incremento exponencial de la pobreza, en un año en que el gobierno federal hizo alarde de su capacidad para distribuir dinero entre los más pobres para granjearse su apoyo electoral, demuestra, entre otras cosas, que esta política social es insuficiente para frenar el crecimiento de la desigualdad social y para detener de raíz el avance de la pobreza. Los datos del Coneval nos dicen elocuentemente qué tal política social a medias es un desastre.
Se requiere una reestructuración, un replanteamiento de la política económica del país, es necesario poner en marcha un modelo de crecimiento realmente sustentable y que sea incluyente prácticamente con todos los sectores sociales. Para ello, desde hace más de 7 años, el Movimiento Antorchista Nacional ha venido insistiendo en diversos foros la necesidad de concertar entre todas las fuerzas de la producción, ese nuevo modelo económico, en el que no solo se beneficie a los dueños del capital y las grandes fortunas, sino también a las clases trabajadores, sin que esto implique necesariamente un golpe a la propiedad privada.
Dicho plan económico ha sido resumido por nuestro secretario general, ingeniero Aquiles Córdova Morán, en cuatro puntos fundamentales: 1) una reforma fiscal progresiva pactada en la cual los que más dinero tienen contribuyan más con el erario público, reforma urgente y necesaria, ante los serios aprietos que atraviesan las finanzas gubernamentales; 2) una política de inversión y fomento del mercado interno, en donde participe tanto la iniciativa privada como el propio sector público, con la finalidad de generar empleos remuneradores para los mexicanos que deseen tener un trabajo digno; 3) una reorientación del gasto que destine la mayor parte al desarrollo humano integral de las clases populares y 4) asignar todos los recursos que hagan falta a los servicios básicos como salud, educación, alimentación y vivienda.
Es cierto que, hasta ahora, ningún medio de comunicación de renombre ni analista destacado se ha detenido a razonar en nuestra propuesta o en mencionarlo como un aporte de los antorchistas a la discusión nacional, pero no importa, por todos lados la realidad nos está dando la razón y se levantan voces en el mundo y en el país, que consciente o inconscientemente, están proponiendo una o más de las medidas señaladas arriba como necesarias para corregir el rumbo de México. No es el crédito lo que nos interesa sino precisamente cada vez más mexicanos se vayan convenciendo de que es posible una patria más justa para todos y que esa patria no la construirá la 4T.
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