La 4ta. transformación ha puesto a México en los primeros lugares de delincuencia. Ocupamos el cuarto lugar, según el Índice Global del Crimen Organizado: La República Democrática del Congo, es el país más afectado por el crimen organizado con 7.75 puntos, seguido por Colombia con 7.66, Myanmar con 7.59, y México con 7.56.
En los tres años que lleva López Obrador en el poder, la cifra de muertes violentas ha superado las 100 mil, de las cuales 97,532 fueron homicidios dolosos, y 2,812 feminicidios, 16% más que en el sexenio de Peña Nieto, en el que se registraron 86,408 muertes. Los robos a transeúntes crecieron en un 8.9%, al igual que las extorsiones.
La delincuencia se ha enseñoreado del país de manera acelerada; el pasado 6 de enero del 2022 se encontraron 10 cuerpos abandonados en una camioneta frente al palacio de gobierno, en la plaza de armas en Zacatecas; el 7 de enero se registró una balacera en las avenidas del maestro y canales en Matamoros Tamaulipas, de la cual se desconoce el número de muertos y heridos; y esto se ha convertido en el pan de cada día para los mexicanos. Un día sí y otro también se escuchan noticias acerca de muertes, robos, secuestros, feminicidios, asaltos a mano armada etc., etc. El resultado de toda esta situación es que, el 66% de la población se siente insegura en sus estados, según datos de la encuesta realizada por el INEGI.
¿Y qué se ha hecho para combatir este mal, que tiene al país sumergido en un ambiente de zozobra y miedo? Absolutamente nada. La 4T se ha dedicado a crear un sistema de “abrazos y no balazos” para combatir al crimen organizado, los delincuentes dejan de serlo, si se convierten ciegamente en seguidores de la 4T, y a los militares se les está ocupando para realizar tareas que son ajenas a las suyas. Algunos ejemplos de esto último, son las actividades que se les han asignado; como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, o el tren maya; han construido los “Bancos del Bienestar”; se les asignó la dirección y control de aduanas; son los responsables de la entrega y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, y ahora serán los encargados de blindar las obras de López Obrador, ya que las ha declarado “Asuntos de Seguridad Nacional”.
Debido a esto, en el pueblo trabajador, se ha generado una sensación de incertidumbre y desconcierto totales; pues se trata como a delincuentes a verdaderos líderes de las masas trabajadoras, investigándolos, intimidándolos, inventándoles delitos con documentos falsos que no corresponden a su identidad, e incluso se les amenaza de muerte sino dejan de organizar y luchar por los más desprotegidos y desamparados de este país; a quienes protestan públicamente para resolver sus problemas y necesidades, se les reprime utilizando la fuerza pública, desalojándolos a golpes e inventándoles delitos del orden común, mientras que a los verdaderos delincuentes se les da todo género de facilidades y concesiones para que disfruten de una libertad tan irrestricta, como inmerecida; a quienes buscan el sustento diario para sus familias, trabajando honradamente en lo único que les queda como alternativa viable, se les desaloja, se les golpea, y se les encarcela por el “delito” de buscar el pan diario para sus esposas y sus hijos.
El pueblo está desorganizado, desvalido, confiado en su gobierno, pero éste, que debiera de protegerlo; lo ataca y a quien debiera de atacar, que es al crimen organizado, o no, con su cauda delincuencial, lo respalda y lo protege, fingiendo intentar frenarlo con amenazas risibles, como la de acusarlos con sus mamás.
Ante esta caótica situación, una posible salida es la de volver al imperio de la ley, que es la mejor forma de armonizar los intereses contrapuestos de una sociedad disímbola como la nuestra, pero, ¿qué hace nuestro gobierno? Está inactivo, desorientado sin timón ni brújula, y ¿nuestro pueblo? También, igualmente desorientado solo que con la alternativa posible, viable y necesaria del Movimiento Antorchista Nacional, que es la brújula y que señala el rumbo a seguir: organizarse y luchar.
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