El pasado 15 de marzo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lanzó una declaración de emergencia por la sequía, en la que señaló que más de la mitad de los 2 mil 471 municipios de México están sumidos en esta crisis hídrica, que se encuentran en una condición anormalmente seca o de extrema sequía.
Agregó en su declaración que un 30.4 por ciento del territorio nacional sufre sequía entre moderada y extrema; y en ese contexto hay una raquítica inversión para combatir la escasez de agua al tiempo que en las entidades que padecen los efectos de esta crisis por falta de agua se levantan voces de protesta contra la insuficiente asignación de recursos para enfrentar el problema y la desigual distribución.
Al mismo tiempo se señaló que el presupuesto se usa con fines proselitistas, pues los estados gobernados por Morena reciben montos mayores que los que sufren la crisis por la falta del vital líquido.
Con relación a este grave problema, una de las revistas más destacadas de México, Buzos de la Noticia, publicó un reportaje titulado “Se agrava la falta de agua en México” en el que informa que la falta de agua afecta a la mayoría de la población mexicana, tanto para satisfacer el consumo diario indispensable de las familias, como para la producción de alimentos. Según la pieza periodística, la mayor parte de los habitantes del país se encuentra en peligro por la escasez del líquido sin el cual no podría subsistir ser viviente alguno; y, como siempre, quienes sufren con mayor intensidad los efectos del fenómeno son las familias más pobres.
Por otra parte, el diario Excelsior, destaca que el 40 por ciento de los mexicanos, en sus hogares o negocios, padece por la falta de agua; además de Nuevo León, otras nueve entidades federativas enfrentan problemas de disponibilidad de agua y cada vez mayores costos por el uso de líquido; entre estas entidades se encuentran la CDMX, Edomex, Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Quintana Roo, donde vive el 40.4 por ciento de la población y se asienta 39.8 por ciento del total de establecimientos en México, de acuerdo con datos del INEGI.
Atendiendo la información oficial de la CONAGUA, pero sobre todo la realidad que viven miles de mexicanos, ni los organismos especializados, ni las autoridades encargadas de garantizar este servicio tan elemental están respetando el derecho humano al agua potable y el saneamiento, como lo establece la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU). Tampoco lo respetan quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de los estados, así como las demás leyes locales y federales.
En lo que concierne al artículo cuarto, publicado el ocho de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Como prueba de que la constitución mexicana y los derechos humanos de los mexicanos, los gobernantes se los pasan por el arco del triunfo; tenemos sólo dos botones de muestra y de mucha actualidad. Veamos. Campesinos de cuando menos treinta comunidades del norte del municipio de Cadereyta, en el estado de Querétaro, mantienen instalado un plantón desde hace ya más de 30 días afuera del palacio de gobierno de esa entidad. Los trabajadores del campo reclaman la intervención del gobernador Mauricio Kuri González, para que la Comisión Estatal del Agua (CEA), cumpla el compromiso firmado desde 2006 de dotar del servicio de agua potable a decenas de comunidades, acuerdo refrendado en 2021, que ahora la administración de la CEA se niega a cumplir y alega falta de recursos.
No hay recursos para dotar de agua potable a decenas de comunidades como fue el compromiso; pero ya están proyectando construir el acueducto III que llevara agua desde la presa de Zimapán hasta la capital y su zona conurbada. Parece que lo único que importa es garantizarles agua a los desarrolladores inmobiliarios (que construyen fraccionamientos) y a la industria.
El otro botón de muestra es lo que ocurre en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, localizado en la sierra otomí-tepehua considerada una de las regiones más pobres y marginadas a nivel local y en todo el país. Allí, decenas de comunidades carecen del servicio de agua potable desde hace décadas y hasta ahora ningún gobierno se ha ocupado en serio de atender y resolverlo. Obras mal hechas y de mala calidad, despilfarro de recursos, promesas incumplidas y falta de sensibilidad y voluntad política de los gobiernos en turno, mantienen hasta ahora a miles de familias padeciendo.
Comunidades como: San Lorenzo, El Xhoñé, El Xhote, San Esteban, La Tortuga, Palo Verde, La Piña, El Dextho, San Ambrosio, La Esperanza I, San Gregorio, Acuautla, El Ocotal, Rio Blanco y la cabecera municipal entre otras, no cuenta con servicio eficiente, regular y suficiente de agua potable. Las familias, en muchos casos, siguen abasteciéndose del vital líquido de pequeños manantiales que en tiempos de sequía escasea.
La población afectada, que suma miles, no deja de preguntarse si ¿no sería mejor que tanto el Gobierno federal como muchos gobiernos estatales, en lugar de despilfarrar los recursos de todos, en consultas de revocación de mandato y campañas electorales, se invirtieran en resolver esta y otras carencias importantes? ¿Para cuantas obras de agua potable hubieran alcanzado los millones de pesos despilfarrados el diez de abril en una consulta innecesaria como inútil?
En Querétaro, el gobernador se niega a intervenir ante la CEA y no ve ni oye a sus gobernados; en Hidalgo, los recursos de todos, se gastan sólo en obras de relumbrón en la capital del estado, en posicionar la imagen del actual mandatario y en la campaña electoral para el relevo, que inició hace una semana con los mismos vicios y las mismas prácticas de siempre: promesas y más promesas generales que a nada comprometen. ¿Quién se ocupará de que se respeten los derechos humanos y se hagan valer los preceptos constitucionales?
Ambas muestras, la de Querétaro como la de Hidalgo, tendrán que enseñarle al pueblo que sólo la lucha organizada, su lucha decidida y consecuente, podrán garantizarles el triunfo en la conquista de sus demandas inmediatas; pero sobre todo los preparará para la lucha definitiva por la toma del poder por la vía democrática para que en este país gobierno el pueblo trabajador.
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