En México hay una verdadera crisis de desaparecidos. Nadie sabe con exactitud cuántos son; las autoridades dan a conocer las cifras que les convienen.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México (RNPDNO), dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, hay 125 mil 287 personas desaparecidas. De ellas, a 60 mil se les perdió el rastro a partir de 2019, y van casi 8 mil víctimas en los últimos cinco meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Ningún estado del país se salva. En un informe dado a conocer hace dos días, el 21 de marzo de 2025, destacan Tabasco, que de mil 338 desapariciones pasó a 2 mil 742, es decir, en tan solo cinco meses presentó mil 380 desapariciones.
En el mismo periodo, Baja California tuvo 914, Ciudad de México 883, Estado de México 811, Michoacán 467, Puebla 455 y Sinaloa 433, sin faltar, desde luego, el estado de Jalisco, que superó las 15 mil 300 desapariciones, la gran mayoría de hombres de entre 15 y 34 años.
El gobierno ha abandonado su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los mexicanos. Nadie se hace responsable, a nadie le preocupa lo más mínimo, obligando a los familiares, particularmente a las madres de distintos estados de la república, a organizarse desde hace más de diez años para trabajar solas e indefensas en condiciones inhumanas y peligrosas contra las organizaciones criminales e incluso contra las propias autoridades judiciales.
Estas mujeres, convertidas en símbolo de valentía, con el corazón partido por la angustia y la desesperación por la pérdida de sus seres queridos, han tenido que asumir una labor que debería ser del Estado, mientras los políticos que antes usaban estas tragedias como bandera de campaña disfrutan hoy del poder que, seguramente, no conservarán por mucho tiempo.
Mientras las madres buscadoras hacen el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, con los riesgos que implica incluso ser ejecutadas, también realizan tareas de investigación, buscan y aportan pruebas a los agentes del Ministerio Público, cruzan datos y, con pico y pala, cavan enormes superficies para encontrar indicios de los restos de sus seres queridos.
No faltan, sin embargo, individuos como Gerardo Fernández Noroña, quien ha afirmado que las evidencias encontradas en Teuchitlán son un “golpeteo político de la oposición” contra el gobierno de la 4T, cuando la realidad es que su política mafiosa ha convertido a México en un centro de exterminio y en un enorme cementerio.
En la convocatoria hecha a influencers y medios de comunicación afines a la 4T por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se evitó el ingreso de las madres en un intento de limpiar la imagen de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Se pretendió imponer la versión oficial de que, aunque sí se encontraron restos óseos en el lugar, la responsabilidad no era del gobierno federal, sino de los gobiernos municipal y estatal, en manos de Movimiento Ciudadano, que, al ingresar al rancho en octubre y noviembre de 2024, cometieron muchas irregularidades, como no realizar el rastreo de huellas dactilares, etcétera. Se negaron a reconocer que el sitio fue un campo de exterminio y crematorio.
Sin embargo, las madres buscadoras y colectivos, que hasta enero de 2024 han encontrado más de 2 mil cuerpos de hombres y mujeres desaparecidos en Jalisco, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Michoacán y todo el país, han tenido y tienen razón.
Como resultado de la presión ejercida por estas valientes mujeres, aunque las autoridades nieguen su responsabilidad y complicidad con el crimen, curiosamente, al día siguiente de la escenificación teatral del gobierno, elementos de la Fiscalía General de la República localizaron y detuvieron —seguramente contra su voluntad— a varios presuntos participantes en actos de reclutamiento de hombres en distintos puntos del país para involucrarlos en actos delictivos a cambio de su vida.
Ciertamente, con sus conocidas excepciones, a lo largo de la historia moderna de México hemos padecido la falta de buenos gobernantes, pero nunca como ahora se había roto el tejido social, había corrido tanta sangre inocente ni se había visto al país inmerso en una ola de crimen y terror tan devastadora. La solución está en nosotros los mexicanos: pongamos manos a la obra.
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