La decisión de la comunidad náhuatl de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), de integrar a 20 menores de edad a las filas de su grupo de autodefensa, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), es claro ejemplo de la fallida estrategia de seguridad en Guerrero, impartida por los tres niveles de gobierno.
Del 2019 a la fecha, se han sumado más de 60 menores de edad ante la inseguridad y la inoperancia de las autoridades federales, estatales y locales; los 20 niños, entre ellos cinco niñas, todos vestidos de verde olivo, armados con fusiles y con los rostros cubiertos, este fin de semana se armaron y se preparan para realizar labores de vigilancia y búsqueda ante el temor generalizado por recientes asesinatos y desapariciones en la zona. Sin embargo, sólo los mayores de 15 años están capacitados para organizar y defender a la comunidad, asumiendo el resguardo en ausencia de los adultos.
En su presentación ante medios de comunicación estatales y nacionales, los niños, cuyas edades fluctúan entre 11 y 15 años, mostraron su adiestramiento y rindieron protesta como integrantes de la autodefensa armada de Ayahualtempa. La decisión de armar a los menores se debe al abandono de las autoridades, el incremento de asesinatos y desapariciones en la zona y a la necesidad de protegerse de grupos del crimen organizado. Y es que, el pasado 19 de enero, la familia Teodoro Gaspar fue privada de su libertad y los operativos de búsqueda implementados por las autoridades no tienen ningún resultado, por lo que la CRAC-PF comenzará su propia búsqueda de la familia desaparecida hace más de 10 días.
Esta situación ya fue criticada y se está investigando; los resultados permitirán deslindar o fincar responsabilidades en contra de quién o quiénes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los niños. De acuerdo a las primeras investigaciones, los menores de edad no eligieron las armas, los obligaron a posar con ellas para presionar al gobierno del estado tras negarse a diversas propuestas, además, se aclara que el compromiso de las autoridades es velar por el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4, párrafo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración de los Derechos de los Niños.
Sin embargo, los pobladores tienen años solicitando a las autoridades que brinden la atención necesaria en materia de seguridad, para evitar más asesinatos y desapariciones, lo cual, no sucede. También han venido solicitando mejorar los servicios educativos y de salud, entre otras justas demandas, dejando a la población en una grave disyuntiva: Seguir siendo blanco de grupos delincuenciales que asolan la zona y poniendo los muertos o continuar armándose, incluyendo a menores de edad, para protegerse ante la inacción y el abandono de las autoridades.
El pasado 19 de enero de este año, la familia Teodoro Gaspar, integrada por José Teodoro Domingo, su esposa Cecilia Gaspar Hernández y sus hijos Gaudencio y Teodoro Gaspar, fue secuestrada por una banda de delincuentes que controla la zona y hasta la fecha no saben nada de su paradero; pobladores y miembros de la policía autónoma local, afirman que, no han provocado a nadie y en reiteradas ocasiones han solicitado seguridad.
En el 2020, en esa misma zona históricamente marginada, pero en la comunidad de Alcozacán, se realizó un desfile para presentar a niños armados ante la nula respuesta de autoridades de los tres niveles de brindarles seguridad, mejorar sus caminos, los servicios médicos y de salud, entre otros. Representantes de los tres niveles de gobierno no atienden las demandas, por eso su decisión de seguir asumiendo la autodefensa de sus comunidades, amparados en la Ley conocida como 701, que garantiza los derechos y autonomía de los pueblos indígenas, que aseguran las autoridades, no ampara la creación de escuadrones de menores de edad, pero tampoco les brindan la atención que requieren, de manera urgente.
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