La interminable lucha que las diferentes administraciones capitalinas en Puebla han emprendido contra el comercio informal no sólo no se ha reducido, sino que, lejos de buscar estrategias para llegar a un acuerdo que no afecte a los comerciantes, se les ha reprimido de forma violenta y voraz, como si se tratara de delincuentes, haciendo uso de la Policía municipal para retirarlos de las calles.
Sin embargo, no se analizan las causas profundas del problema y, por lo tanto, no se ofrece una solución real a las demandas de los ambulantes, quienes ni siquiera son escuchados.
No hay trabajos bien pagados como para que todas las personas puedan tener uno y solventar sus gastos; por eso es que somos ambulantes, por eso estamos aquí, no somos necios, es la necesidad de llevar el pan a la mesa.
Este problema no es nuevo. Durante varios años, los ambulantes han sido objeto de ataques físicos y mediáticos por parte de las autoridades, que los señalan y hacen parecer que se resisten a dejar las calles o que están ahí por pura necedad para no pagar impuestos como los demás comerciantes. No obstante, la situación no es así.
En la administración de Claudia Rivera Vivanco, el problema se agravó, ya que la pandemia de covid-19 dejó estragos severos en la economía de las familias poblanas, quienes, ante la falta de oportunidades laborales y la necesidad de solventar los gastos diarios, salieron a las calles a ofrecer todo tipo de productos.
Aunque esta situación ya prevalecía en la capital, el número de comerciantes informales aumentó, y, según palabras del secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, al comienzo de la administración de Eduardo Rivera Pérez en 2021, se calculaba poco más de 5 mil ambulantes, motivo por el cual anunciaron que emprenderían acciones para “limpiar las calles”.
Desde ese momento, el ambulantaje fue planteado de manera despectiva, como si fuera una plaga. Incluso se dijo en reiteradas ocasiones que retirar a los comerciantes era necesario porque “afeaban” las calles, y que cuando eran retirados del centro histórico, este se veía “más bonito”.
“Queremos un centro limpio y ordenado; eso es lo que queremos todos y eso es lo que vamos a hacer”, era su lema principal en cuanto al tema, pero ¿y las necesidades de los afectados? ¿Quién las atendía?
Este es precisamente el detalle: no se trata sólo de hacer que las calles de la ciudad se vean más bonitas; este es un pensamiento muy superficial. ¿En qué momento se planteó la mejora de las condiciones de los comerciantes y la creación de empleos para ellos?
Desde la administración de Rivera Pérez se propuso la reinstalación en otras calles, lo que, en primer lugar, es una clara contradicción, porque entonces el problema no es la venta en las calles ni la excusa del ayuntamiento sobre la igualdad de oportunidades con respecto a los comerciantes formales que pagan impuestos.
Simplemente no los quieren en las calles principales del centro histórico, porque el comercio informal es la representación viva de la falta de oportunidades laborales en Puebla (y en el país en general). Por lo tanto, en lugar de ofrecer una solución concisa al problema de raíz, deciden ocultarlo.
Recientemente, el presidente municipal sustituto, Adán Domínguez, dio continuidad a esta lucha violenta contra los comerciantes, como sucedió el pasado 9 de agosto, cuando, en su intento por reordenar y “dar limpieza a las calles de la ciudad”, los policías cerraron al tránsito vehicular las intersecciones 2 norte y 10 oriente, 3 norte y 12 poniente, 5 norte y 6 poniente, 7 norte y 8 poniente, y 4 norte y 10 oriente, atacando a los vendedores, tirando su mercancía y haciendo uso de la fuerza sin que ellos pudieran hacer algo al respecto.
Este operativo no sólo representa un problema para el comercio informal, sino también para aquellos establecimientos formales que se encuentran instalados en las calles donde se han realizado los cierres, pues ellos mismos han señalado que las ventas han disminuido hasta en un 50 %.
¿Y qué opinan los ambulantes? A lo largo de las principales calles de la capital poblana están instaladas distintas agrupaciones, quienes han manifestado la necesidad de seguir ofreciendo sus productos, dado que de esta manera pueden solventar algunos de los gastos diarios, y sobre todo, en este inicio de la temporada escolar.
Los vendedores afiliados al Movimiento Antorchista se han manifestado en diversas ocasiones para exigir que el ayuntamiento les dé un espacio donde puedan trabajar.
Los comerciantes no están en las calles por puro gusto; al contrario, se enfrentan a distintos peligros, como la delincuencia, conductores descuidados, las inclemencias del tiempo y demás, porque, como han planteado:
“No hay trabajos bien pagados como para que todas las personas puedan tener uno y solventar sus gastos; por eso es que somos ambulantes, por eso estamos aquí, no es que seamos necios, es la necesidad de llevar el pan a la mesa”, y ante esto, el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, no ha dado una respuesta favorable.
En su intento por apaciguar las aguas, el ayuntamiento planteó un reordenamiento a lo largo de la 8 poniente; sin embargo, no hace falta rebuscar tanto para detectar la estrategia de fondo que tiene esta supuesta solución: enfrentar a las organizaciones, porque tantos vendedores no caben en una sola calle, y, al ser de agrupaciones distintas, ciertamente habrá desacuerdos, además de que el espacio es muy reducido y las ventas no serán favorables, ya que todas las organizaciones de comercio tienen una zona establecida.
Pese a las artimañas que el Gobierno y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) han formulado contra el comercio informal, el Movimiento Antorchista ha planteado la necesidad de que se deje de ver a los comerciantes como un enemigo al que se debe combatir, porque la realidad es que siguen siendo ciudadanos que, como todos, tienen necesidades que cubrir, sino que, por el contrario, deben ser escuchados.
Siendo realistas, el estado, como siempre, sólo se antepone a estas situaciones cuando se trata de la clase pobre, de los de abajo, porque se la pasan quejándose de que los ambulantes no pagan impuestos, pero a los grandes empresarios capitalistas de otros países no se les cobra impuesto alguno; por el contrario, se les brindan las mayores facilidades para que estos se acomoden en el país y sigan, de esta manera, engordando sus ya retozantes bolsillos a costa de la explotación del pueblo trabajador.
¿Y por qué, tratándose de pequeños vendedores que sólo buscan el alimento para sus hogares, no se les brindan esas facilidades? La realidad es clara: el Gobierno es sólo un títere de los dueños del capital y, por lo tanto, sigue sus instrucciones, dejando a un lado al pueblo.
En Antorcha hacemos el llamado al Gobierno estatal y municipal a detener los hostigamientos y plantear soluciones reales que respondan a las necesidades del pueblo trabajador, y a dejar de crear artimañas como la de buscar un enfrentamiento entre organizaciones. La organización es pacífica y no cederá a estas trampas.
No es que los vendedores estén en la necedad de seguir en las calles, porque no están ahí por gusto. La Canaco se equivoca al decir que se debe “pelear contra el ambulantaje”.
Deben entender que no se está tratando con delincuentes para usar la fuerza policiaca, sino con ciudadanos que salen diariamente a trabajar y, por lo tanto, se les debe dar un trato digno. ¿O acaso sólo se acuerdan de ellos como ciudadanía en temporada electoral? En los hechos, esta es la triste realidad.
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