Los miles de migrantes latinoamericanos que intentan llegar a Estados Unidos (EE. UU.) encuentran en México el muro que el gobierno de este país ordenó construir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para evitar su acceso a la frontera norte.
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El seguimiento puntual que AMLO ha dado a la agenda impuesta por Washington ha provocado que Tijuana, todas las ciudades mexicanas fronterizas con EE. UU. y Tapachula, única gran urbe de la frontera sur, estén saturadas por miles de personas que, en caravana, se disponen a cruzar el territorio nacional para llegar a EE. UU. |
La administración lopezobradorista, cumpliendo la orden de convertirse en la policía migratoria y el “muro” del gobierno estadounidense, está deportando a migrantes de Latinoamérica –muchos de origen haitiano– pero todo parece indicar que la medida no los detendrá, pues el ingreso de nuevas oleadas de migrantes supera el número de las deportaciones.
La mayoría de los indocumentados está detenida en las estaciones migratorias de Chiapas, particularmente en Tapachula, municipio convertido en una prisión al aire libre; miles de migrantes se hallan a la espera de un turno para tramitar o revisar solicitudes de tránsito por el país o de su estatus como refugiados.
Y mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) estudia y resuelve estas peticiones, los indocumentados deambulan por las calles en busca del apoyo solidario de la población, ofreciéndose para realizar trabajos como limpieza de parabrisas, vendiendo productos en la vía pública o como empleados para obtener mejores condiciones de vida; los albergues que habitan están hacinados.
Datos de organizaciones civiles señalan que en Tapachula permanecen cerca de 90 mil inmigrantes, en contraste con los 20 mil o menos que oficialmente ha declarado el INM. La mayor parte de los haitianos solicita el estatus de refugiados con el propósito de permanecer en México un tiempo antes de seguir su viaje hacia EE. UU. Este trámite puede durar 90 días o prolongarse hasta un año; situación que no los intimida, pues vienen huyendo del país considerado el más pobre y violento del Caribe y América Latina; y en Chiapas pueden encontrar la oportunidad de aliviar un poco aquellos problemas, a pesar del riesgo de que se les niegue el permiso y sean deportados.
Médicos sin Fronteras estima que en Tapachula permanecen unos 40 mil centroamericanos y haitianos; pero el activista Irineo Mujica, de Pueblos Unidos Migrantes (PUM), asegura que son muchos más.
El pasado 23 de octubre salió de Tapachula una caravana que desafió los operativos de contención del INM y la Guardia Nacional (GN). Su meta inicial es llegar a la Ciudad de México (CDMX) y solicitar autorización al gobierno de AMLO para que los miles de migrantes transiten libremente por la República Mexicana. En la marcha participan, sobre todo, ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Haití.
Antes de iniciar su viaje solicitaron amparos para evitar las agresiones del personal del INM y la GN; pero como fueron muy pocos los que lograron esta garantía, decidieron avanzar en grupo hacia la capital mexicana y reiniciar posteriormente su viaje hacia la frontera norte.
Las contradicciones del Presidente
Un año después de asumir la Presidencia de México, AMLO informó, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob), que su política migratoria se regiría basándose en la protección de los derechos humanos de los indocumentados y en el desarrollo económico de la región sur del país y de Centroamérica.
Además, declaró con insistencia que “en México no existe un acuerdo vinculante con el gobierno estadounidense para responder al aumento en el flujo de personas, principalmente familias procedentes de Centroamérica que deseen transitar hacia México y EE. UU en busca de oportunidades de desarrollo y protección”.
Según un comunicado conjunto de la SRE y la Segob, difundido en 2019, también se atenderían las causas estructurales que generan la migración en esos países. “En consecuencia, México ha otorgado un estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral. Gracias a esta nueva política, se ha subsanado el error fundamental previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginación y la precariedad”.
Dos años después, los testimonios visuales y orales ampliamente difundidos en redes sociales desmienten la política migratoria “humanitaria” del Gobierno Federal. En varios videos se aprecia cómo los integrantes de la GN y el INM agreden físicamente a los migrantes, incluidos niños y mujeres que buscaban dejar Chiapas para viajar al norte.
Tras las denuncias por estas agresiones, el INM se limitó a suspender a los dos agentes involucrados; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hoy en manos de Rosario Piedra Ibarra, ha sido “tibia” en la defensa de los migrantes y, para “subsanar” esta terrible omisión, el 23 de octubre recomendó algunas “medidas cautelares” a las autoridades federales y estatales para proteger la integridad física de quienes transitan por territorio nacional en busca del sueño americano.
La misma actitud evasiva ha adoptado el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, más ocupado en las conferencias matutinas del Presidente, en su rivalidad con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, o en ocultar su probable responsabilidad en el desplome de la Línea 12 del Metro.
A raíz de la nueva caravana, Pueblos Sin Fronteras destacó, una vez más, que las personas migrantes son desplazadas por “el hambre, la violencia y la muerte” y que “caminan juntas en busca de una vida digna”. Esta organización no gubernamental insistió en exigir a las autoridades de México respeto total a los derechos humanos de los migrantes.
“Rechazamos por completo las crueles políticas racistas de contención migratoria y de militarización fronteriza de EE. UU. y México. El patrón de reuniones, acuerdos y negociaciones entre los gobiernos de EE. UU. y México y los cambios en la política migratoria en México dejan claro que este último ha accedido a hacer el trabajo sucio de un gobierno estadounidense racista, explotador y opresor”.
Luego del compromiso del actual presidente de EE. UU., Joe Biden, de aligerar la política migratoria respecto a su antecesor Donald Trump, la cifra de migrantes ha aumentado a pesar de las medidas de contención que el gobierno mexicano está aplicando en la frontera sur, específicamente la que separa a México de Guatemala.
Las ONGs y el cambio de política migratoria
Poco antes de unirse a la caravana que partió de Tapachula el 23 de octubre, Irineo Mujica, de la asociación Pueblos Unidos Migrantes, reveló a buzos que la demanda principal de los indocumentados es la oportunidad de transitar por territorio mexicano sin ser agredidos por la GN y el INM, como ha ocurrido en otras ocasiones.
El activista dijo que su organización, al igual que otras ONG, se siente defraudada con el cambio de política del Presidente, quien durante su campaña afirmó que los migrantes serían bien recibidos en México, les ofreció trabajo y prometió regularizar su situación migratoria; pero una vez en el gobierno, se ha mostrado hostil con ellos, blindando la frontera sur con casi 10 mil elementos de la GN, el Ejército y las policías estatales.
“La contención es muy fuerte; este gobierno ha pretendido detener la migración de una manera muy ruda, violando todas las leyes. Creemos que no basta con contener la migración, sino atender las razones; pero si quieren frenarla por medio de la violencia, no la van a frenar; no pueden parar la migración mediante el terror porque, de todas maneras, la gente sigue llegando de todos los países”, comentó el dirigente social.
A la pregunta de si el Gobierno Federal aplica una política migratoria dictada por EE. UU., su respuesta es afirmativa. A demanda del país vecino, la administración de AMLO ha aumentado las deportaciones; sin embargo, advirtió, éstas no solucionan el problema, ya que existe un “círculo vicioso”, pues “deportan 50, llegan mil”.
Tan solo en estos meses fueron deportados más de 20 mil migrantes; pero “van, llegan a la frontera, los deportan y se regresan, y sigue la cuestión y no están buscando una solución. Lo que proponemos es que a la gente se le dé documentación, lo necesita, para que pueda trabajar, integrarse por un tiempo a la sociedad; el que quiera, va a migrar, que la migración no duela tanto, que sea menos fuerte, y que se dé la oportunidad de dar de comer a sus familias, que no estén en las calles, que no estén en hacinamiento en los albergues”.
Mujica explica que los migrantes son mano de obra que podría ayudar a la construcción de la economía mexicana, en lugar de tenerlos como una amenaza. Las autoridades no entienden que la migración se debe a diversas razones, ya que la violencia y la pobreza extrema expulsan a la gente; en varios países de Centroamérica y el Caribe hay problemas que no van a resolverse con programas gubernamentales como los de AMLO.
En su entrevista con buzos, Irineo Mujica enfatiza: “La violencia es el factor que está afectando, y yo no veo qué es lo que están haciendo los gobiernos. ¿Cómo se va a parar la violencia si en México padecemos violencia? ¿Cómo se va a parar la violencia en Centroamérica cuando los gobiernos de Honduras, El Salvador y Haití no atienden la violencia? Es solo un discurso; (el gobierno mexicano) sigue vendiendo una solución que no es; sigue aparentando tener un plan”.
Se desbordan las solicitudes de asilo
En México ya se desbordaron las solicitudes de asilo. Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), informó a buzos que, a partir de 2019, éstas aumentaron exponencialmente.
Estima que, al concluir este año, se superen las 120 mil solicitudes para lograr estatus de refugiado. Amparado en la Convención de Ginebra, el gobierno de México puede otorgar asilo a ciudadanos extranjeros cuando éstos comprueban que su vida corre peligro en su país de origen; el procedimiento se realiza a través de información proporcionada por la Comar y la SRE. Una vez autorizado el asilo, al solicitante se le entregan una CURP temporal que le permite quedarse en la entidad solicitada, donde puede incorporarse a la vida social, productiva y cultural.
“El crecimiento ha sido drástico, y hay que decir que hay un crecimiento constante desde 2013. De acuerdo con las estadísticas, en ese año, llegamos a las mil 200 solicitudes, y ya se veía el problema, porque se rebasaban las mil personas anuales; pero año tras año fue incrementando. En 2018 consideramos que el crecimiento iba a ser mayor; ese año hubo 29 mil 800 solicitudes; en 2019 llegamos a 70 mil 400, un incremento notable; y en 2020, en el primer tercio, seguía un incremento del 34 por ciento con respecto al primer trimestre de 2019, el pronóstico es que íbamos a rebasar las 80 mil solicitudes”, especificó el funcionario.
Aunque reconoce que las promesas del Presidente de abrir las puertas, ofrecer trabajo y libre circulación a los migrantes influyeron en el primer año; después hubo otros factores que potenciaron la ola. Entre ellos destaca el cierre de fronteras en varios países centroamericanos como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que también aquí redujo las solicitudes en el segundo trimestre de 2019, aunque a partir de diciembre aumentaran nuevamente.
Un segundo factor relevante fue la crisis económica internacional generada por la pandemia, que en los países expulsores complicó aún más las condiciones de empleo de millones de personas. En Centroamérica, el huracán Iota fue el tercer elemento; y el cuarto fue el candidato Joseph Biden a la presidencia de EE. UU., quien ofreció enmendar la política migratoria de su contrincante, Donald Trump.
En octubre de este año, las solicitudes de refugio rompieron un nuevo récord: “fácilmente calculamos que, al cerrar el año, llegaremos a las 120 mil”, aseveró Ramírez Silva. Las solicitudes de refugio de ciudadanos de Haití desplazaron a las de los hondureños, quienes por años ocuparon el primer lugar. “En el momento que estamos hablando, las solicitudes de asilo de los desplazados de Haití son las más numerosas. Desde 2013 hasta 2019, la primera población era de hondureños. A partir de 2019, Haití empezó a ser el número uno, cuando recibimos cinco mil 900. A partir de mayo empezaron a llegar a Tapachula; y esto nos provoca una situación complicada; nos encontramos al borde del colapso porque estamos limitados”, agregó.
La Comar advierte a los solicitantes de refugio que no pueden conformar las caravanas; pues, de lo contrario, pierden esa condición; además de que ésta los limita a quedarse en la entidad que les concede el refugio; es decir, quienes ya fueron aceptados en Chiapas, deben permanecer en esta entidad.
Sin embargo, la mayoría de los solicitantes no está dispuesta a esperar y ha emprendido un largo camino, sin saber a lo que se enfrentarán durante su recorrido por territorio mexicano para llegar a la frontera norte y buscar asilo y trabajo en EE. UU. A la fecha, debido al escaso personal de la dependencia, el trámite tarda hasta 90 días, cuando regularmente debería completarse en 45 días hábiles.
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