Desde algunos meses el constante aumento de los costos de las materias primas y de los productos, sobre todo el de los alimentos es una preocupación mundial y hay quienes prevén que incluso es necesario aprender a vivir con precios altos más allá de mediados del 2024. En el caso de nuestro país, tras presumir que su administración ha logrado controlar el aumento de los combustibles y que la inflación es menor a la de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende controlar los precios del huevo, leche, aceite, frijol, pollo y tortilla, entre otros productos más de la canasta básica, mediante un pacto con empresarios y comerciantes.
El mandatario federal, aclara en sus discursos que no se trata de un control de precios, sino de un pacto para hacer frente a la desbordante inflación. El propósito es "evitar aumentos injustificados". De implementarse la iniciativa, replicaría los pactos impulsados por gobiernos priistas como los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, a los que ha cuestionado reiteradamente Andrés Manuel López Obrador por "neoliberales".
Ahora bien, haciendo a un lado todo lo que el mandatario federal dice diariamente “Este gobierno no es como los de antes”; veamos si en verdad funcionó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) que pretende replicar AMLO. Está documentado que el PSE nació en el sexenio de Miguel de la Madrid en el llamado acuerdo político-económico de 1987, que tenía el objetivo de detener el incremento de los intereses, la inflación, la devaluación del peso mexicano y el bajo crecimiento económico.
Para 1989, el proyecto fue reforzado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). Si bien logró detener la inflación y mantener un crecimiento económico moderado, este pacto también trajo consecuencias no favorables para la economía, como el deterioro de la capacidad productiva local, la pérdida del valor real de los salarios, y un mayor desempleo. El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia. Nadie imaginaba entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia.
Los especialistas coinciden en que el plan de AMLO se trata, en realidad, de un control de precios en México de los años 50. Una medida que en los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo alcanzó su máxima operación mediante la imposición de precios oficiales sobre un gran número de mercancías. Expertos advierten que un control de precios de la canasta básica, como se pretende en plan antiinflacionario del gobierno lopezobardorista, provocaría en un corto plazo mayores encarecimientos ante una escasez de productos. De tal manera que si esta medida no funcionó en el pasado, menos ahora.
Además, en el mediano plazo, este tope en los precios también generaría una menor competitividad en el mercado, lo que se reflejaría en productos de menor calidad o que algunos productores prefieran exportar y dejen de vender en el mercado nacional. Con todo esto hasta, para los menos conocedores nos queda claro que la inflación no se puede controlar por decreto ni con discursos, menos replicando pactos antiinflacionarios del siglo pasado como pretende el gobierno de la 4T.
En especial para el caso de nuestro país, debido a que la subida constante de los precios a nivel mundial nos impacta más directamente por nuestra creciente dependencia alimentaria, sobre hacia los Estados Unidos. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), México se ha convertido en el principal importador de maíz en el mundo, ya que de casi 45 millones de toneladas al año que se consumen en el país, entre 27 y 28 millones de toneladas se producen y el resto se importa. En 2021 las compras al exterior de maíz cerraron en 17.5 millones de toneladas.
Mientras que la superficie cultivada se ha reducido en 4 millones de hectáreas entre 2014 y 2020. Aquí radica la responsabilidad directa de este y los anteriores gobiernos, cuya política económica nos sigue hundiendo en una terrible dependencia alimentaria, sobre todo la 4T que ha dejado sin apoyos gubernamentales al campo mexicano. Frente a este panorama, cabe preguntar qué sentido tiene el llamado de López obrador a los campesinos y campesinas a abocarse a la siembra de maíz y frijol, dos productos indispensables para garantizar la seguridad alimentaria en el país “Porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial”.
La solución a la inflación no está en pedir a los dueños del dinero que se apiaden de los hambrientos; la salida está en impulsar medidas urgentes para un vigoroso crecimiento de la riqueza de nuestro país, es decir, aumentando la productividad y una enérgica política distributiva para sacar a los millones y millones de mexicanos del hambre y la pobreza en que se debaten. Para tal efecto de nada servirá el pacto antiinflacionario de AMLO que no tiene nada de nuevo, solamente es una réplica de los pactos impulsados por gobiernos priistas “neoliberales”.
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