El gobierno de la Ciudad de México sí realizó al menos dos revisiones a la Línea 12 del Metro antes del colapso, pero no analizó si el tramo elevado tenía deformaciones o daños estructurales, es algo de lo que rescata el tercer informe entregado por la empresa DNV.
La inspección de 2019 estuvo a cargo de la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados (ISSA), aunque se enfocó sólo en las columnas y suelo del tramo entre las estaciones Zapotitlán y Culhuacán, detalla DNV.
“ISSA realizó inspecciones y evaluaciones de mantenimiento en 2019 que incluyeron evaluaciones de las columnas, los cimientos de las columnas y las condiciones del suelo; sin embargo, no incluyeron análisis para identificar deformaciones o daños de los elementos estructurales de acero, incluidas las vigas o los marcos transversales.
“La falla en la realización de las inspecciones detalladas al tramo elevado y cumplir con los requerimientos de inspección del manual de mantenimiento es una causa raíz de la falla”, señala el último informe de DNV, el cual no fue reconocido por el gobierno de la Ciudad de México.
¿Qué sabemos de la empresa noruega DNV? La jefa de gobierno capitalino dio a conocer que rescindió el contrato celebrado, en 2021, con DNV para la realización de tres peritajes, por considerar que el tercer dictamen fue deficiente, además de que la compañía incurrió en un conflicto de interés al involucrar a un abogado que antes entabló un litigio en contra Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato. Sheinbaum Pardo dio a conocer también que iniciará una demanda civil en contra de la empresa.
La oficina de DNV en México publicó un comunicado de nueve líneas en el que defendió el trabajo hecho por técnicos y expertos internacionales.
Al cumplirse un año del accidente en la Línea 12 del Metro, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) determinó iniciar un proceso legal en contra de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) por considerar tendencioso y sin rigor científico el dictamen causa-raíz sobre la caída de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco.
Aunque la empresa, contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, afirmó que ya entregó el documento, su contenido no ha sido revelado debido a varias anomalías encontradas, según Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, quien abundó que el reporte fue sometido a un grupo de expertos.
Una revisión más fue contratada en 2020 tras el sismo registrado el 23 de junio y la tercera fue licitada el 23 de abril de 2021, menos de dos semanas antes del desplome.
De acuerdo con DNV, a partir de imágenes históricas de Google Street View entre 2017 y 2020, así como una inspección realizada con drones en 2019 en el tramo afectado del puente elevado, ya se podía ver un daño en la estructura de la Línea 12 en la zona del colapso.
“Muestran evidencia de deformación y pandeo de los atiesadores longitudinales de las vigas, deflexión vertical negativa de las vigas y deflexión del travesaño central. Además de las deflexiones observadas, la presencia de la eflorescencia del concreto fue consistente con la deflexión de la viga”, señala.
El análisis de las imágenes de Google Street fue uno de los aspectos rechazados por el gobierno capitalino.
Claudia Sheinbaum, se metió en un gran lío que pone en duda su interés genuino por esclarecer las causas de la caída de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas muertas. Desconocer el tercer dictamen de la empresa noruega DNV, a la que contrató por su enorme prestigio, según lo justificó en su momento, debido a que involucra a su administración en la corresponsabilidad de la tragedia, podría ser más costoso de lo que imagina la precandidata presidencial.
En un intento por la supervivencia, ante una candidatura que se le empieza a escapar de las manos, Sheinbaum acabó también con el arma que poseía contra su rival en la carrera por la presidencia, el exjefe de gobierno y actual canciller Marcelo Ebrard. Al reservar y desconocer los peritajes de la empresa DNV, rechaza también las conclusiones previas sobre las fallas estructurales y en el proceso de construcción, además de que levanta sospechas sobre un gobierno que atenta contra la transparencia.
Según las versiones que han hecho llegar algunas fuentes de información para esta columna, en su más reciente informe, los expertos de la empresa noruega no dejaron de lado el tema de los pernos, de las fallas en los procesos de soldadura y del uso de diferentes tipos de concreto; sin embargo, también se específica que estos defectos, y sus consecuencias o deformaciones en la estructura del tramo comprendido entre las estaciones Tezonco y Olivos, debieron haberse identificado, corregido o señalado en trabajos adecuados de mantenimiento, sobre todo tras el fuerte terremoto de septiembre de 2017.
Este es precisamente el ángulo que, por lógico y razonable que parezca, el gobierno de Sheinbaum señala como tendencioso y falso. Y es que, a decir de Lajous, este elemento fue sembrado de manera sorpresiva, razón por la que rescindieron el contrato de la empresa encargada del peritaje e iniciaron una demanda civil.
El ataque a ese último dictamen se basa en un supuesto conflicto de interés de la compañía DNV, pues en su oficina de México labora como representante y asesor legal el abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado, excolaborador del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora, todo este pleito legal, será llevado por los tribunales correspondientes, en donde una vez más el gobierno capitalino, encabezado por Sheinbaum tendrá que demostrar que realmente hay un informe tendencioso y con conflictos de intereses.
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