En nuestro país, millones de niñas y niños menores de 15 años realizan trabajos que los privan de sus derechos, a recibir una educación, salud, juegos y pleno desarrollo en su niñez, algunos de ellos están expuestos a las peores formas de trabajo, como trabajos forzosos, servidumbre, la explotación comercial en actividades de conflictos armados, entre otros.
El trabajo infantil en nuestro país se deriva de las necesidades económicas que atraviesan millones de familias, su sello es la pobreza, la discriminación por parte de la sociedad adinerada, por la falta de oportunidades de las que carecen millones de mexicanos, en particular las niñas y niños a quienes se les priva el derecho de vivir su infancia.
Que un niño trabaje le obstaculiza y frena el ejercicio del derecho a la educación, trabajar les impide asistir a la escuela, los obliga a combinar sus estudios con largas jornadas de trabajo, exponiendo su integridad, y por si fuera poco les provoca abandonar sus estudios.
El trabajo infantil provoca violaciones de una lista de derechos humanos, los cuales se encuentran señalados en nuestra constitución política, al descanso y a vivir una vida digna de acuerdo a la edad que están atravesando.
Que los niños tengan que trabajar es inaceptable en cualquier circunstancia, y más ahora que el impacto por covid-19 incrementa el riesgo de que millones de niñas, niños y adolescentes tengan que abandonar sus estudios para trabajar en situaciones que atentan contra su integridad física, emocional y psicológica.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al presentar en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) señalan que 3.3 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil en nuestro país, esos 3.3 millones de niños entre 5 y 15 años de edad, representan el 11.3% de la población en ese rango de edad, 2 millones están en ocupaciones no permitidas, y 1.3 millones están en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
En lo que respecta a la tasa de ocupación infantil de mayor peligro, Oaxaca y Puebla están entre los estados con mayor porcentaje 13.7% y 12.1% respectivamente; Michoacán ocupa la tercera posición con 11.2%, Baja California 3.1%, Baja California Sur con el 3%, y la ciudad de México con el 2.9%. Este suceso suele impedir que los niños y adolescentes alcancen un desarrollo pleno, al reducir su nivel de ingresos a lo largo de su ciclo de vida.
Si no se toman las medidas necesarias por parte del gobierno, la reducción de los ingresos por familia y la pérdida de empleos tendrán un impacto en el trabajo infantil, ya que, para mantener los ingresos económicos en los hogares, millones de niños y niñas se verán en la necesidad de trabajar, y ante una economía en completa crisis, con esto se encuentran en riesgo de que sean sometidos e incorporados en actividades del crimen organizado u otras actividades ilegales, como la trata y explotación sexual, ante la crisis económica por la cual estamos atravesando, las niñas y los niños son los más vulnerables a la trata de personas en situaciones en las que la pobreza y el desempleo aumentan.
El trabajo infantil es una de las condiciones primordiales que el Gobierno debe resolver a la brevedad para cumplir con el derecho de todos a recibir una educación justa.
Es momento de luchar, de poner un alto a las injusticias del gobierno y fomentar una educación adecuada para sacar a esos millones de niños de las calles y brindarles una vida digna para que disfruten de esta etapa de su vida.
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