En nuestro país, millones de niños menores de 15 años realizan trabajos que los privan de sus derechos: recibir una educación, salud, juegos y pleno desarrollo en su niñez, algunos de ellos están expuestos a las peores formas de trabajo como servidumbre, explotación comercial, forzados, en actividades de conflictos armados, entre otros.
El trabajo infantil en nuestro país se deriva de las necesidades económicas que atraviesan millones de familias, su sello es la pobreza, la discriminación por parte de la sociedad adinerada, la falta de oportunidades que carecen miles de infantes. Que un niño trabaje le obstaculiza y frena el ejercicio del derecho a la educación, trabajar les impide asistir a la escuela, los obliga a combinar sus estudios con jornadas arduas de trabajo, exponiendo su integridad. El trabajo infantil es una violación a los derechos humanos y se encuentra asentada en nuestra Constitución Política. El que los niños tengan que trabajar es inaceptable en cualquier circunstancia y más ahora debido al impacto de la covid-19, hace que se incremente el riesgo para ellos y como consecuencia el que abandonen sus estudios para trabajar en situaciones que atentan contra su integridad física, emocional y psicológica.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al presentar en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) señalan que 3.3 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil en nuestro país, las edades oscilan entre 5 y 15 años y representan el 11.3% de la población, de ese total, 2 millones están en ocupaciones no permitidas, y 1.3 millones están en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
En lo que respecta a la tasa de ocupación infantil de mayor peligro, Oaxaca y Puebla son los estados con mayor porcentaje 13.7% y 12.1% respectivamente; Michoacán ocupa la tercera posición con 11.2%, Baja California 3.1%, Baja California Sur con el 3%, y la Ciudad de México con el 2.9%. Este suceso impide que los niños y adolescentes alcancen un desarrollo pleno.
Si no se toman las medidas necesarias por parte del Gobierno federal, la reducción de los ingresos por familia y la pérdida de empleos tendrán un impacto en el trabajo infantil, ya que, para mantener los ingresos económicos en los hogares, millones de niños se verán en la necesidad de trabajar, corriendo el riesgo de que sean sometidos e incorporados en actividades del crimen organizado u otras actividades ilegales, como la trata y explotación sexual. Los menores son los más vulnerables a la trata de personas cuando la pobreza y el desempleo aumentan.
El trabajo infantil es una problemática en aumento que el gobierno encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador debe resolver y que haga cumplir el derecho que todos tenemos a recibir una educación. Por lo anteriormente escrito exhorto a que pongamos un alto a las injusticias del gobierno y luchemos de manera organizada y exijamos educación para los millones de niños de las calles para que de esta manera puedan acceder una vida digna y disfruten de esta etapa de su vida.
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