No, no es ni el gobierno ni el crimen organizado. La riqueza que posee Michoacán es sostenida, principalmente, por las actividades terciarias del comercio y los servicios, que representan el 69 por ciento del PIB estatal. En este sector labora el 60 por ciento de la población económicamente activa.
Pero, a pesar de que sean el comercio y los servicios el eje central de la economía estatal, no es el pueblo michoacano el que disfruta del valor monetario de su trabajo diario. De acuerdo con el INEGI, el 44.5 por ciento de la población local se encuentra en situación de pobreza, el 49.8 por ciento percibe un ingreso menor a la línea de pobreza por ingresos, sin considerar, además, que el 66.7 por ciento de los que trabajan se encuentran en la informalidad. Se estima que el salario que perciben los trabajadores que laboran en la informalidad no va mas allá de los 5 mil pesos mensuales, es decir, 167 pesos diarios, si bien les va, ¿suficiente esto para una familia de tres o cuatro integrantes?
Si en esta situación precaria se encuentra el pueblo trabajador de Michoacán, ¿quiénes son, entonces, los dueños de tanta riqueza que los michoacanos producen? Vemos que Michoacán se disputa los primeros lugares en los últimos años en exportación de productos agropecuarios, pero se estima que no son más de 120 empresas las que tienen la facultad para exportar.
De acuerdo con los registros del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía (SE), hay un total de 40 mil 23 empresas en Michoacán, incluidas las del sector formal. De estas, el 95.3 por ciento laboran con menos de 10 personas, y sólo 45, que equivales al 1.1 por ciento, se consideran grandes empresas que ocupan por arriba de 250 personas.
INEGI reporta que en 2020 el valor de las exportaciones que llevó a cabo el estado ascendió a 5 mil 157 millones de dólares y se obtuvo en balance comercial neto de 3 mil 760 millones de dólares. ¿En manos de quién está toda esta riqueza?.
Pero más allá de las cifras, encontramos la pista en los más allegados al gobierno de la 4T y en quienes se han sentado a negociar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Francisco Medina Chávez, presidente de los poderosos grupos Fame y Altozano; Alonso Gomez Sanz, presidente del grupo Alquimo, cónsul honorario de España en Michoacán, socio fundador y consejero de diversas empresas industriales, financieras y hoteleras de Michoacán; Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis; Alfonso Martinez Equihua, director general de Industrias Marves y Agrovim.
Asimismo, Ricardo Vega López, director general de Frutícola Velo; Alipio Bribiesca, presidente de BH Comercializadora; Luis Manuel Saldaña Aguilar, director general de Grupo Kasto; Mario Alejandro Andrade, director general de Aneberries; Guillermo Valdés Zamora, presidente grupo Merza; Arturo Laris Zamora, presidente de Grupo Rasa, entre otros.
Además de los grandes consorcios nacionales e internacionales: ArcelorMittal, AB InBev, Calavo Growers, Chedraui, Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo, Kimberly-Clark, Soriana, PepsiCo, Ternium, U.S. Precious Metals, Walmart, Autocom y Star Médica. Sin duda alguna, aquí se representa la crema y nata del gran comercio de Michoacán.
Son estas grandes empresas las que tienen en sus manos el poder económico de Michoacán, las que se llevan a sus bolsillos la gran porción de la riqueza del estado, dejando sólo una miserable tajada del pastel a la inmensa mayoría de trabajadores que con el sudor de su frente la hacen posible.
Creando empleos formales para todos, con salarios dignos que cubran en serio las necesidades de las familias, invirtiendo también en educación, cultura, deporte, obras y servicios en las comunidades, y con una política fiscal progresiva, se lograría una mejor distribución equitativa de esta riqueza que harían posible el bienestar económico de los trabajadores y trabajadoras de Michoacán.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario