Desde el primer minuto del miércoles 21 de agosto, el Poder Judicial de México entró en paro nacional, aprobado por trabajadores, jueces y magistrados para detener el proceso de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Guerrero está entre los estados que se unieron, al igual que la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Zacatecas, Chiapas, Durango, y los que se sigan sumando a este inédito paro, ya que ni en los momentos más turbulentos del país se había dado una movilización de esta magnitud en el Poder Judicial de la nación.
La reforma judicial no elegirá al más capaz, sino al más popular, aunque carezca de conocimientos legales, lo que llevará a un Poder Judicial inservible.
Aunque el presidente afirma que la reforma no les afecta, los trabajadores judiciales se oponen a la misma. Esta contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, ya que consideran que vulnera sus derechos, condiciones laborales y afectaría la carrera judicial.
La reforma eliminaría la ruta de capacitación y méritos en la que se acumulan experiencias y se escalan posiciones dentro del Poder Judicial.
Para Jorge Camargo, exdirector de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, someter a los jueces a elección popular termina con la ruta de preparación y méritos, y para Patricia Yazmín García Sánchez, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, la justicia no debe politizarse.
Evencio Romero Sotelo, exdiputado de Guerrero y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos del Estado de Guerrero (Licaseg), afirma que la reforma es una burla y una agresión a quienes se han preparado en una carrera judicial, ya que no se elegirá al más capaz, sino al más popular, aunque carezca de conocimientos legales. Esto llevará a un Poder Judicial inservible, con magistrados o ministros que no sepan aplicar la ley.
Ante esta situación, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no tuvieron más opción que irse a un paro total, legítimo, aunque el secretario de Hacienda ya declaró que es ilegal y que deben levantarse actas de despido, a pesar de que el Poder Judicial es totalmente independiente del Ejecutivo. El conflicto refleja la intención de intervenir en el Poder Judicial a través de la reforma.
Esta situación está ahuyentando la inversión extranjera, elevando el dólar a casi 20 pesos, y afectando la confianza en los compromisos establecidos en el T-MEC, que exige un tribunal independiente. La reforma judicial, según los expertos, podría llevar a un colapso económico y político en México.
Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha afirmado que la reforma judicial representa un riesgo para la democracia. Su homólogo canadiense, Graeme C. Clarck, también expresó su preocupación, advirtiendo que los inversionistas canadienses podrían perder confianza en México si se aprueba la reforma.
El presidente de México sigue adelante con la reforma, a pesar de las crecientes críticas internacionales y nacionales, insistiendo en su aprobación y dejando claro que no aceptará oposición.
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