En medio de la terrible pandemia que ya cobró la vida de más de 60 mil mexicanos según las cifras oficiales, pero que expertos serios consideran que ese número hay que multiplicarlo por tres porque mucha gente se ha muerto sin habérsele diagnosticado correctamente y aprovechando el tinglado que construyó el gobierno federal con el caso de Emilio Lozoya para ocultar dicha crisis sanitaria, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, extendió la persecución y represión en contra del Movimiento Antorchista pensando que el show Lozoya le ayudaría a ocultar la dictadura que está implantando.
Desde que asumió la administración pública estatal, Miguel ángel Barbosa Huerta emprendió una campaña de persecución en contra de los militantes del Movimiento Antorchista poblano, a grado tal que bloqueó su registro como partido legal; ahora extendió esa persecución a otros destacados antorchistas, a quienes, de manera ilegal la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelarles cuentas bancarias.La UIF está a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien en mayo fuera acusado de "presentar denuncias sin pruebas" por parte del propio fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.
En lugar de que el mandatario poblano enfoque todas sus energías a resolver la grave crisis sanitaria, la caída de la economía y la inseguridad, Barbosa Huerta se ha enfocado a tratar de acallar, mediante la represión, a las voces más críticas del estado, entre las que se encuentran las del antorchismo poblano: a militantes de la organización social que desde hace 46 años trabaja hombro con hombro con los poblanos más desprotegidos, los acosa y amenaza con cárcel: además del contubernio que hizo con el Instituto Electoral poblano para negar el registro como partido a más de 300 mil poblanos, también liberó una orden de aprehensión en contra de la antorchista Rosario Sánchez Hernández por exigir apoyos alimentarios a los grupos más vulnerables y, ahora, la más reciente acción represiva es la que realizó en contubernio con el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo muy cercano al gobernador desde hace varios años,para según ellos darle un golpe certero al antorchismo para acabar con él.
Para quienes han vivido de la hacienda pública desde que pusieron un pie en la escena política, les parece imposible que haya una organización de más de dos millones de personas que jamás, nunca en su vida, hayan vivido y hecho crecer su estructura sin que hayan tocado un solo centavo de dinero público.
El Movimiento Antorchista Nacional tiene 46 años de existencia.Cierto que en 1974 nació como Antorcha Campesina porque su composición fundamental era de campesinos, pero con el paso del tiempo y la adhesión de miles de colonos, estudiantes y obreros, cambió su nombre a Movimiento Antorchista Nacional.A los pocos años de creada la organización, y para ayudar a los campesinos de Tecomatlán, Pue., un pueblo abandonado hasta de la mano de Dios,los labriegos fundaron una tienda de abarrotes bajo la forma legal de una cooperativa, a fin de adquirir a buen precio los productos esenciales para la vida, toda vez que los caciques los tenían acaparados y los vendían a precios exorbitantes.Esa tienda, no solo ha servido para ofrecer productos baratos, sino que las pocas ganancias que en un principio tuvieron, también las ocuparon para realizar gestiones a la ciudad de Puebla entonces a tres horas de distancia,para gestionar obras y servicios para su comunidad.A esta antigua cooperativa campesina, enclavada en la Baja Mixteca poblana, Miguel Barbosa y Santiago Nieto le congelaron sus cuentas.Así de congruentes con aquello que dice la 4T de que "primero los pobres".Y así como congelaron la vieja cuenta bancaria de una tienda que funciona desde hace 40 años y que maneja una sociedad cooperativa, también le congelaron las cuentas al diputado federal Brasil Acosta Peña, incluida aquella en que la Cámara de Diputados le deposita dinero limpio para que ayude a los mexicanos de su demarcación.
Así, sin ninguna prueba de por medio y cometiendo ilegalidades al por mayor al fin para eso son autoridad,tanto el gobernador poblano, Miguel Barbosa Huerta, como el director de la UIF andan desatados persiguiendo y reprimiendo a los antorchistas que cuestionan las nulas acciones de gobernador poblano, con la ilusión de amedrentar y desaparecer al Movimiento Antorchista Nacional.
Pero se equivocan.Antorcha es mucho más que cuentas bancarias y puestos políticos.Antorcha es una organización de masas que en 1974 nació para luchar hombro con hombro con la gente del pueblo para mejorar sus condiciones de vida.Gracias a que nunca ha vivido del dinero público sino del trabajo personal de sus militantes, quienes pagan sus gastos y ayudan a los gastos generales de la organización, jamás, en estos 46 años, se apartó de su camino: junto con los más pobres del país lucha día a día para que estos tengan mejores condiciones de vida y nunca ha pedido "dinero para fines inconfesables", como acusan los prevaricadores de la 4T para tratar de acabar con una organización consecuente que tiene el número de gente suficiente para pelear el poder político en Puebla.
La represión política siempre ha sido puesta en práctica por gobiernos ineficientes y cobardes, los cuales no aceptan con entereza las críticas que les hacen y que por su miopía política no ven una oportunidad para mejorar lo que han hecho mal; y son cobardes porque no se atreven a enfrentar a sus adversarios pues saben que los apabullará su superioridad.
Antorcha no es ni ineficiente ni cobarde, así lo muestran las miles de gestiones exitosas que se han concretado en miles obras y servicios que hoy gozan millones de mexicanos.Y no se acobarda ni porque el ataque venga del gran poder del Estado que se yergue como Leviatán, pues, en muchas ocasiones Antorcha ha sabido responder con inteligencia y salir airosa gracias al apoyo de millones de mexicanos con los que ha trabajado a lo largo de 46 años.En esta ocasión no será la excepción: probará que son falsas las acusaciones que le imputan, se defenderá por todos los medios posibles de las agresiones del gobernador poblano y su títere de la UIF y recurrirá a las instancias legales nacionales e internacionales para defender no solo su derecho de existencia, sino sobre todo el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9 de la Constitución mexicana.
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