La mañana del jueves 20 de abril, una comisión del antorchismo poblano se presentó en la Fiscalía General del Estado de Puebla para solicitar respuesta a dos asuntos: los avances en la investigación del atentado que sufrió el líder de nuestra organización en Cuayuca de Andrade, Nibardo Hernández Sánchez, e información sobre la detención de dos colonos antorchistas, el señor Alberto Castillo Merino y su hijo Alberto Castillo López. Es necesario aclarar que, antes de la manifestación, recurrimos muchas veces a pedir la intervención del gobierno estatal para pedir castigo a los agresores de Nibardo Hernández y para enmendar una flagrante injusticia cometida contra dos ciudadanos.
La comisión ingresó pacíficamente al recinto, pero nadie quiso recibirla y, mucho menos, atenderla. Por el contrario, un funcionario colérico porque según él a la justicia no se le piden cuentas, ¡por eso es la justicia!, mandó desalojar por la fuerza a los antorchistas y cerrar las puertas del inmueble, acción en la que los policías detuvieron a dos antorchistas más, quienes fueron separados de sus compañeros y trasladados al interior de la fiscalía para recibir la lección necesaria.
Esta abusiva y desproporcionada respuesta, desató una protesta mayor. Los antorchistas de la capital de inmediato se movilizaron, y llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para socorrer a sus compañeros apaleados. Y comenzó el mitin; ahora también para exigir la inmediata liberación de los otros dos antorchistas retenidos ilegalmente y contra su voluntad al interior del edificio, crimen que la ley tipifica como secuestro. Los encargados de impartir justicia en Puebla secuestrando manifestantes. Muy bonitos, señores. Pues bien, gracias a la firme protesta de los antorchistas poblanos, pasadas unas horas los últimos detenidos ilegalmente fueron liberados.
Pero lo que nosotros reclamamos de inicio es que las investigaciones sobre el atentado y las amenazas de muerte contra el líder antorchista y Secretario General del Ayuntamiento, Nibardo Hernández Sánchez, están prácticamente detenidas, a pesar de que la Fiscalía General del Estado conoce el problema desde el 1º de octubre de 2016, fecha del ataque armado, porque interpusimos la denuncia. Además, también le informamos las dos amenazas de muerte que recibió Nibardo Hernández tras el atentado. Tuvieron que pasar ¡seis meses!, para que los peritos realizaran la "inspección ministerial ocular", es decir, el levantamiento de pruebas del crimen en el sitio, inspección que debe hacerse de forma inmediata, antes de que la evidencia en la escena del crimen quede sin valor probatorio. Y hasta el día jueves 20 de abril, los testigos del crimen (los dos acompañantes de Nibardo al momento del atentado) no habían sido citados a declarar. ¡Seis meses y 20 días después nadie se había preocupado por tomarle la declaración a los testigos! Una verdadera impunidad para los criminales.
Por otro lado, el día 21 de febrero de este año fueron detenidos y encarcelados Alberto Castillo Merino y su hijo, Alberto Castillo López, a quienes se acusa de robar el camión de un Centro Escolar, que según esto se encontraba en un taller mecánico. Datos confirmados por nuestros abogados, dicen que el supuesto agraviado asegura que el camión le fue robado por los Castillo a finales de enero de 2015, un domingo a las 5 de la mañana, para poder llevarse dos bloques de acero de 50 kilos cada uno y tres máquinas soldadoras completas, que pesan cada una cerca de 80 kilogramos, según consta en la declaración del acusador. Como verdaderos atletas olímpicos de halterofilia, un señor que está por entrar a la tercera edad y su hijo levantaron sin esfuerzo los dos bloques de acero, los subieron al camión y, después, como la fresca mañana, todavía tuvieron fuerzas para levantar las máquinas y llevárselas. ¿Cómo lo demuestra el "agraviado"? Con tres testigos que, ese domingo, a las 5 de la mañana, estaban "trabajando" en su taller: un entrenador, un chofer de maquinaria y...¡créalo usted!, una señora de intendencia que, en esos momentos, "hacía el aseo". Todos ellos fueron testigos del despliegue descomunal de fuerza de los Castillo. Y todos declararon, sin proponérselo desde luego, exactamente lo mismo, palabra por palabra. ¡Vaya, hasta los errores ortográficos se copiaron! Un "copy-paste" para todos los testigos consta en la carpeta. Quien desee consultar el bodrio no tiene más que pedir una copia de la averiguación previa y el proceso a la Fiscalía. Muy bien, pero falta un pequeño detalle, decisivo para configurar el delito: resulta que para que cualquier autoridad pueda certificar un robo, es necesario que el dueño del objeto robado compruebe la propiedad del objeto. Pero da la casualidad que nadie ha dicho "este camión es mío". Por tanto, no hay objeto del robo, y si no hay objeto robado...¡pues no hay robo! Muy bien, dirán los incrédulos, de todas formas el camión no está donde debería estar, y entonces ¿dónde está? Ah, fíjese usted: ¡el camión supuestamente robado se encuentra en poder de la Fiscalía General del Estado! ¡Qué bonita es la justicia!
A la luz de estos hechos comprobables, creemos que sí teníamos razones fundadas y muy válidas para protestar. Pero resulta que para algunos periodistas, entre ellos Carlos Martín Huerta, no; porque según él nosotros nos creemos los "dueños del mundo, los dueños de la verdad, los dueños de los gobiernos, los dueños de las ciudades", por haber realizado la protesta en la Fiscalía (¿¡!?). Y yo creo que a la luz de los datos que he ofrecido, aquí el único que se siente dueño de la verdad, ley, la justicia y, de paso, de la Fiscalía, es Carlos Martín Huerta; de otro modo no se explica su cólera con nuestra manifestación, como si hubiéramos ido a protestar a su casa.
Repasemos el "análisis" de "nuestro líder" de opinión que dice, textualmente, así: "Uno se pregunta: qué piden, ahora qué quieren, por qué están haciendo el despapaye éste (la protesta, aclaro yo). Bueno (...) los antorchos defienden a unos malandros que robaron uno de los autobuses del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec". Primero, el señor Carlos Martín será muy analista y lo que guste y mande, pero no es juez ni por sus pistolas puede impartir justicia; así que tiene prohibido enjuiciar a dos ciudadanos a quienes la justicia no les ha comprobado el delito. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y eso, señor, no ha sucedido. Si salen libres y absueltos, lo más probable es que su cólera le cueste un juicio por difamación en el que, sobra decirlo, lleva todas las de perder. Segundo, le sugiero al periodista que investigue a ver si en el Centro Escolar que menciona les hace falta el famoso camión de la discordia; se va a llevar una sorpresa cuando le digan que no. Ah, pero para ser periodista y no decir tonterías al aire hay que investigar.
Sigue el "tribunal" de Carlos Martín Huerta, que para estos momentos, ya dictó sentencia como el "mono sabio" ("ultimadamente, porque yo lo mando"), y así, sin más prueba que sus pistolas, dice: "Son rateros (los presuntos culpables, aclaro yo). ¡Hay que defenderlos! Son rateros, hombre, es lo de hoy". ¿Y usted por qué atropella el derecho de dos ciudadanos a defenderse y presentar pruebas que acrediten su inocencia? ¿Con qué bases sostiene que Antorcha defiende delincuentes? ¿Nomás porque tiene boca? ¡Pero hay que conectarla con el cerebro! Usted tiene la obligación de probar lo que dice; de otra forma, su estridente plañir no pasará de ser un vulgar infantilismo, molesto.
Después de dictar sentencia y repetir como merolico "son rateros", nuestro tremendo juez se avienta la puntada de afirmar: "A lo mejor así como (Antorcha) tiene su división de grúas, su división de ambulantes, su división de gasolinerías, ahora ya también tiene su división de rateros. Y ésa debe crecer muy rápido". Pues no, señor, no tenemos, ni tendremos jamás. Y le aviso que tampoco tenemos "división de idiotas", para que no haga usted solicitud de ingreso.
Finalmente, el tremendo juez sentencia ya no a los dos "rateros", sino a todo un movimiento que agrupa a 250 mil poblanos: "Entonces, si usted comete algún delito y lo agarran, rápido, repórtese a Antorcha Campesina que ellos están listos a defender delincuentes, rápido repórtese con los dirigentes; repórtese con Antorcha Campesina de volada, porque ellos están ahora para defender delincuentes, para defender rateros. ¡Sinvergüenzas!". Nosotros ya explicamos por qué consideramos que el señor Alberto Castillo Merino y su hijo son inocentes, no sólo porque todo el argüende con que los acusan es completamente contradictorio e inverosímil, sino porque abogados especialistas nos han dicho que "toda la averiguación previa y el proceso son insostenibles".
¿Con qué derecho, entonces, Carlos Martín Huerta nos llama defensores de delincuentes? ¿Quién se siente el señor que cree que nos puede decir "sinvergüenzas"? Con el derecho que da creer que los medios son intocables e inatacables, porque los protegen sus patrocinadores. Una filtración dada a conocer por Diario Cambio (3 de abril de 2017) afirma que Grupo ACIR, del que depende "Amor 103.3 FM", fue el segundo más beneficiado por el Gobierno Estatal con nada más y nada menos que 17.6 millones de pesos. ¿Qué tal, eh? Ahora se entiende por qué el ataque feroz contra dos ciudadanos a quienes no se les ha probado nada y la defensa a ultranza de la Fiscalía, y se confirma lo que hace más de 2 mil 500 años dijo Sófocles en su célebre Antígona: "¡Dinero! No ha surgido entre los hombres institución tan perniciosa como el dinero. El dinero destruye ciudades, expulsa a los hombres de sus casas, el dinero trastoca las mentes honradas de los mortales y las induce a entregarse a acciones vergonzosas". Así es, Carlos Martín, los induce a entregarse a acciones vergonzosas. ¿Quién es, entonces, el sinvergüenza?
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