Hablar de la revocación de mandato, es hablar del reiterativo discurso difundido a nivel nacional por los de la 4T, en el que indican que este mecanismo de democracia participativa le da voz y poder a la ciudadanía para revocar o retirar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aunque como se observó en las urnas y en la opinión pública, no todos estaban de acuerdo con dicho ejercicio que fue promovido desde Palacio Nacional.
Quizá se pregunten el por qué hablo de ello, si es algo que ha dejado de tener tanta relevancia como lo tuvo en su momento, pero tengo mis razones para hacerlo. Pues, en Colima quieren que el mencionado instrumento democrático se aplique a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
Lo anterior ha generado una serie de discusiones dentro del Congreso del Estado, pues como era de suponerse, la bancada de Morena, encabezada en ese entonces por la diputada Viridiana Valencia, propuso que la revocación de mandato se realizara hasta la próxima administración. Por otro lado, el denominado Bloque Democrático por Colima, integrado por diputados del PRI, PAN y PES insisten en que este instrumento de participación sea aplicado en el sexenio de Vizcaíno Silva.
Desde mi perspectiva, el hecho de que la bancada de Morena y sus aliados (PT, Nueva Alianza, MC y PVEM) hicieran todo lo que estuviera a su alcance para evitar la aprobación de esta reforma constitucional, y evitar que sea aplicable para su mayor estandarte que tiene Morena en Colima, es una clara manifestación de temor que tienen por la evaluación del trabajo de la gobernadora por parte de la población.
El pasado 13 de mayo, en el portal de internet de El Comentario se publicó una nota donde «el Tribunal Electoral del Estado (TEE) aprobó ordenar al Congreso del Estado que, en un plazo que no exceda 60 días naturales, emita la legislación secundaria correspondiente en materia de revocación de mandato».
Asimismo, en el cuerpo de la nota se puede leer lo siguiente: “El proyecto de resolución definitiva fue presentado por la magistrada presidenta María Elena Díaz Rivera, el cual fue aprobado por unanimidad, donde se señala que, “considerando que la figura ya se encontraba prevista en la Constitución local, mediante Decreto 70, entrando en vigor a partir del 19 de mayo de 2019 y que han transcurrido en exceso los 120 días con que contaba para emitir a legislación secundaria que ahí se mandata, así como que actualmente está en curso el Segundo Periodo Ordinario del Primer Ejercicio Constitucional de sesiones que inició el 1 de abril y terminará el 31 de agosto del presente año, en términos de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima”.
Siguiendo en sintonía con lo mencionado anteriormente, el pasado 31 de mayo la diputada local del PAN, Fernanda Salazar, presentó una iniciativa una iniciativa de revocación de mandato con adiciones y adecuaciones para Colima, la cual fue enviada a comisiones por parte de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Isamar Ramírez. En esta ocasión no hubo oposición por parte de Morena y sus satélites.
Ahora bien, si el trabajo de la gobernadora es tan bueno como lo dice la bancada de Morena, ¿cuál es la preocupación de que se lleve a cabo la Revocación de Mandato? o será que no tiene certeza de la respuesta de los colimenses, y su argumento de que los problemas vienen de administraciones pasadas y no son propiamente de la presente, ya no es un remedio confiable para tranquilizar a la población.
Es evidente que la situación actual por la que está pasando Colima no favorece para nada a la Vizcaíno Silva, sobre todo por el hecho seguir con su postura de que se tiene todo bajo control, cuando la realidad demuestra lo contrario. La seguridad es un tema que enmudece a los que coinciden con la ideología de la 4T, y un ejemplo de ello son sus representantes en el Congreso del Estado que, solo culpan a aquellos que ya no están.
Para finalizar mi participación en este texto, solo quiero mencionar que la escena política colimense tuvo reajustes muy interesantes, pues la gobernadora comenzó a mover sus piezas en la partida de ajedrez, pues pensando en las elecciones de 2024 realizó cambios en su gabinete, también determinó los movimientos en la Delegación de Bienestar (federal), en la dirigencia estatal de Morena y en el Congreso del Estado.
Parece que la mandataria estatal tuvo que entrar al quite para redireccionar el rumbo de la transformación e ir preparando el terreno político para 2024, mostrando el poder que tiene dentro del partido, pero ¿cuándo atenderá como se debe al pueblo de Colima?
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