El fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), es el caso de corrupción más escandaloso de la Cuarta Transformación, como hizo llamar el presidente Andrés Manuel López Obrador a su administración.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga 100 denuncias penales por tal desfalco a Segalmex y obtuvo 49 órdenes de aprehensión contra 44 ex funcionarios y dueños, representantes y abogados de las empresas acusados de defraudar 4 mil 900 millones de pesos equivalentes a más de la mitad de las irregularidades observadas en 2019 y 2020 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el organismo que dirigía Ignacio Ovalle.
En conferencia de prensa del 29 de junio, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, rechazó que el fraude alcance 15 mil millones de pesos, como señalan versiones en los últimos meses, y estimó que los faltantes suman de manera preliminar 9 mil 500 millones de pesos. De cualquier manera, poco o mucho dinero, es fraude. Un fraude a la nación y en agravio del pueblo de México.
La SFP detectó a través de diversas auditorías un agujero de 6 mil millones de pesos en la gestión financiera de Segalmex de 2019 y 2020, mientras la ASF observó 3 mil 500 millones de gastos sin justificar o anómalos. Además esta dependencia pidió aclaraciones a Segalmex por 3 mil 750 millones de pesos, en gran parte en la compra de maíz y frijol en 2021.
Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló que hasta el momento el gobierno federal, a través de un grupo intersecretarial creado por López Obrador en 2022 para investigar este entramado corrupto, ha presentado 69 denuncias por un posible desfalco de 4 mil 900 millones de pesos del que han sido acusadas 87 personas, de las cuales 41 son ex funcionarios y 46 socios, representantes, accionistas o abogados de las empresas relacionadas con los hechos, según lo publicó La Jornada (30/06/2023), con Arturo Sánchez Jimémez y Emir Olivares.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, añadió que el Ministerio Público investiga 100 denuncias penales relacionadas con el caso, 69 de las cuales corresponden a las presentadas por el grupo intersecretarial. Hay 32 carpetas de investigación en trámite, cinco de las cuales han sido judicializadas, y se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas.
Los delitos que se persiguen incluyen peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. El fraude en Segalmex es el caso de corrupción más escandaloso en el gobierno de López Obrador cuando éste prometió acabar con ella de raíz.
Segalmex fue creada por decreto presidencial el 18 de enero de 2019. El objetivo principal de esta dependencia fue ser la heredera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal que se dedicó a garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica. La intención era fusionar Liconsa y Diconsa, organismos creados para compra de leche y productos alimenticios básicos a productores sociales para posteriormente venderlos a precios razonables a la población rural o de bajos recursos.
En ese entonces el presidente de la república echaba las campanas al vuelo para decir a los mexicanos que ya se había acabado la corrupción, asunto que resultó ser una vil mentira.
Si se quiere garantizar el abasto nacional de alimentos y restablecer los precios de garantía para los productores, es necesario que un organismo regulador no cometa este tipo de torpezas que tanto daño hacen a la población, sobre todo a la más humilde.
El modus operandi que utilizaba esta red de funcionarios y empresarios que se dedicaban a asaltar las arcas públicas estaba basado en la firma de convenios millonarios por productos que nunca eran entregados. López Obrador nombró al frente del organismo a Ignacio Ovalle, un político de carrera en el Partido de la Revolución Institucional (PRI), el cual fue destituido en abril de 2022.
Bajo el mandato de Ovalle, Segalmex comenzó a usar un concepto denominado “recepción jurídica”, una figura poco común en la administración pública.
Pero para la 4T, Ovalle Fernández no tuvo culpa alguna, pues ahora despacha en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
“Cosas veredes”, le dijo en alguna ocasión Don Quijote a Sancho Panza en la obra monumental de Cervantes de Saavedra, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
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