Siguen los problemas de los campesinos de Zacatecas, que han estado peregrinando en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Nacional (Segalmex), ya que la dependencia federal no puede cumplir con el objetivo para la que fue creada debido a diferentes causas, entre ellas la falta de recursos económicos para comprar la cosecha de frijol en perjuicio de los campesinos de la región de Fresnillo, Río Grande, Cañitas, Saín Alto y otros municipios donde se produce el grano básico.
Segalmex suspendió el acopio del frijol y ahora pretende pagar la cosecha a un precio menor, lo que afecta gravemente a los campesinos.
A mediados de diciembre pasado, los medios de comunicación de Zacatecas informaron que Segalmex suspendió el acopio del producto destacando que se logró reunir tan sólo 30 mil toneladas de las 200 mil que se produjeron en nuestro estado. De pronto, cerraron los centros porque ya no había dinero para el pago a los campesinos.
A su vez las autoridades informaron que esta situación sería regularizada en el mes de enero mediante los pagos respectivos a los productores una vez que se obtuvieran los recursos de la federación. Sin embargo, los afectados han denunciado el incumplimiento del compromiso oficial, en tanto que crece la desesperación de otro sector al no poder entregar la leguminosa en las bodegas.
La tardanza de la dependencia que fue creada para operar diversos programas, entre ellos la compra de frijol con un precio de garantía que dejara ganancias a los agricultores, ha pasado por un sinfín de dificultades.
Respecto a la compra de la leguminosa del pasado ciclo agrícola que sería pagado a 27 pesos por kilogramo, ahora se ha bajado de nuevo a 17; así como lo pagan los coyotes o intermediarios.
Esta situación se da en Zacatecas, lo que ha provocado que un grupo de productores haya tenido que protestar frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde despacha la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum, para exigir que los centros de acopio reciban su producción con pagos puntuales y justos, denunciando que les quieren pagar su cosecha a 17 pesos por kilo, lo que contradice el compromiso de la presidenta en su visita a Zacatecas.
Pero los campesinos siguen solicitando que los pagos sean puntuales, que se flexibilicen las reglas de operación para que más productores puedan acopiar su frijol y que se retome el seguro catastrófico para proteger las cosechas que por el cambio climático están en mayor riesgo que antes.
Frente a las oficinas y dormitorios de la presidenta, los manifestantes lanzaron consignas que destacaron los errores de Segalmex, que ponen en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país mediante la producción nacional.
El nuevo gobierno federal no puede ni debe cerrar estos centros de acopio; debe respetar el compromiso de recibirles su frijol al precio de 27 pesos, pues les va a pegar en su economía y sería un grave error por parte del Ejecutivo federal dejar a los campesinos a su suerte.
Allí también hay favoritismo, pues les dieron preferencia o sólo les recibieron a ese precio a los más allegados al gobierno; al resto, que es la mayoría, le pusieron todos los peros posibles para dejarlos fuera.
También se puede pensar que las autoridades tienen pacto con los acaparadores de la leguminosa; que serán los mismos ricos de siempre los que pondrán el precio del frijol y ante las necesidades apremiantes de los productores no les quedará más remedio que entregar su cosecha, si bien les va, a 15, 16 o 17 pesos, siendo de 10 mil pesos por tonelada la merma del productor; dinero que va a parar a los bolsillos de los acaparadores.
La Secretaría del Campo también pidió paciencia al campesino, ya que abrirán de nuevo los centros de acopio. Esas respuestas dejan helado a cualquiera.
En noviembre fue cuando se le debió responder al productor, pero el fondo del asunto es que el país está quebrado y por eso Hacienda no tuvo, o no quiso enviar a tiempo el dinero para comprar la cosecha como se prometió.
Ya estamos a 7 de enero de 2025 y el problema continúa: Segalmex está sin fondos, porque el dinero de todos los mexicanos se destina a programas sociales muy efectivos para la compra de votos, pero que dejan sin recursos a otras dependencias que no representan los mismos dividendos electorales de la entrega monetaria.
Los campesinos zacatecanos están descubriendo esta amarga verdad al inicio del llamado “segundo piso de la transformación”, que no trae nada nuevo a la entidad desde el año 2018 cuando AMLO centralizó el poder y los recursos del erario para asegurar el futuro de otro grupo político que quería el poder de México.
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