El 18 de agosto de 2018, como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la creación de un organismo público que fusionaría las empresas gubernamentales Diconsa y Liconsa, ambas dependientes de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La nueva institución llevaría el nombre de Seguridad Alimentaria Mexicana (SAGALMEX), y que ahora depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
El presidente justificó la creación de este organismo con el objetivo, según él, de apoyar a los sectores productivos del país para que estos contribuyan al desarrollo de la nación y, garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos. La función – se lee en el portal de este organismo – es el de impulsar la producción agroalimentaria, así como la distribución de productos básicos en beneficio de la población más pobre del país, con precios a su alcance.
Otras funciones que se le asignaron son: coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, favoreciendo a los pequeños y medianos productores; vender y distribuir fertilizante, semillas mejoradas y cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo; así como promover el incremento de la producción de maíz, frijol, trigo y arroz; y apoyar la tarea de investigación científica y desarrollo tecnológico promovidos por la SADER.
En lo que va del sexenio, los objetivos, así como las funciones han quedado en letra muerta y en buenas intenciones, a cuatro años de la creación de SEGALMEX los resultados son cuestionables, los precios de garantía son insuficientes, la distribución de los productos alimentarios no ha mejorado, y el fomento de la producción agroalimentaria sigue como antes, a pesar de contar con un presupuesto generoso para los planes proyectados. Por el contrario, la SADER Y SEGALMEX, se han convertido en escándalos de corrupción y de desvíos de recursos, fomentados por sus directivos en cuantiosas cantidades, a tal grado, que los medios de comunicación afirman que la estafa maestra cometida en la pasada administración federal al erario público, queda corta .
Los datos que aparecen en el diario El País del 21 de febrero del presente año son más que elocuentes, de acuerdo con el control de la cuenta pública realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectaron a SEGALMEX irregularidades en el gasto ejercido, por 15 mil 151 millones de pesos, en los cuatro años de funcionamiento. Esta cifra representa casi un cuarto del total del presupuesto que ha recibido y ejercido SEGALMEX. En 2019, la Cámara de Diputados le aprobó un techo financiero por 8 mil 120 millones de pesos, para 2020 10 mil millones; en 2021, 10 mil 961 millones, y para 2022 le asignaron 11 mil 373 millones de pesos, en total hacen una suma de 40 mil 454 millones. En el último informe, la ASF detectó 34 contratos de compra-venta de productos de la canasta básica, sin ninguna comprobación de recepción de los mencionados productos, por un monto de 593 millones.
Desde el primer año, la ASF le detectó a SEGALMEX, irregularidades por un monto de 3 mil 996 millones, lo que representa el 33% de lo recibido en ese año, las irregularidades consistieron en la falta de inventarios físicos, principalmente en maíz y frijol, que la institución compró, pero que no demostró su existencia física; en los años siguientes, la Auditoría reveló que encontró el pago de trabajadores subcontratados, con un gasto de 295 millones 378 mil 900 pesos sin ningún comprobante del área de trabajo; las seis empresas no comprobaron la afiliación de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social; en fin, un completo saqueo de recursos y pérdidas millonarias, como el registrado en el estado de Guerrero, donde en el 2021 el gremio tortillero dio a conocer que SEGALMEX no les vendía maíz, aún cuando en bodegas improvisadas, se echaba a perder por permanecer a la intemperie. Actitud muy sospechosa, pues según la ASF los funcionarios no hicieron válidas las pólizas para que la afianzadora pagara el seguro del producto, cuyo valor ascendiía a mas de 55 millones de pesos. En ese mismo año, se dio a conocer que, en el estado de Chiapas, esta dependencia vendió miles de toneladas de maíz a empresas de Guatemala
El desfalco en SEGALMEX, así como en otras dependencias del gobierno de la 4T, exhiben la simulación con la que gobierna, que lejos de combatir la corrupción, la fomenta, colocando a personajes de su confianza en lugares donde realizan maniobras para desviar recursos en grandes cantidades, a costa del abandono de una de las tareas más importantes de un gobierno y que es, la seguridad alimentaria de los ciudadanos. La producción de alimentos a gran escala para acercar al país a la soberania alimentaria, los beneficios en los precios de garantia para los campesinos que se esfuerzan en producir alimentos, los productos a precios accesibles para las familias pobres de esta patria, seguiran pendientes.
Los reinados de lobos disfrazados de obejas, deben ser distinguidos por los que recienten las acciones de los malos gobiernos, y no deben resiganarse a la lucha por una vida mejor, porque esta, sigue siendo posible, siempre y cuando se organicen, se eduquen, y estén dispuestos a construir un instrumento político propio, que les ayude a romper las cadenas de su pobreza.
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