Pienso que a estas alturas del desarrollo del país, la experiencia y los avances tecnológicos con que cuentan los organismos de protección civil federal y estatales deberían servir para disminuir el impacto de huracanes como “John” entre la población. No obstante, una vez más, su labor de prevención y alerta se redujo a dar comunicados que decían: “Se prevén intensas lluvias, por lo que se pide a la población extremar precauciones”.
Esa fue “la medida” que asumieron los organismos oficiales ante la amenaza de “John”. Días después de lo ocurrido, no hay respuestas satisfactorias por parte del Gobierno federal ni de los estatales para la población afectada de Oaxaca y Guerrero.
Los más afectados por el huracán “John” son los pobres de Oaxaca y Guerrero, quienes ya enfrentaban condiciones de vida precarias antes del desastre.
En la primera entidad, las alertas oficiales se dieron el 23 de septiembre y se indicó la proximidad del huracán “John” a las costas de Oaxaca y Guerrero. Protección civil emitió un comunicado que alertaba a la población del fenómeno sin más indicaciones. El mismo organismo, pero de Guerrero, realizó algo parecido.
Ante esto, algunas autoridades municipales de la costa de Oaxaca comentan que, aunque asistió personal de protección civil a los pueblos, no hubo coordinación; se presentaron sin previo aviso, hubo casos en donde no se encontraban los agentes municipales y estos no avisaron a sus comunidades. El resultado fue que mucha gente no sabía de la magnitud del huracán.
En muchísimos casos no llegaron los avisos y los ciudadanos hicieron lo que pudieron, pues no contaban con recursos ni con herramientas para hacer frente a los embates del fuerte huracán.
Todos hemos sido testigos de lo ocurrido y, según datos de organismos oficiales y de medios de comunicación, la información mostrada aún es imprecisa y no oficial. Por ejemplo, Forbes del 4 de octubre publicó: “El huracán dejó un estimado de 29 muertos en todo el país… afectando a 108 mil 792 personas de 27 mil viviendas en 28 municipios de Guerrero, pero tan solo en el puerto de Acapulco hay un adicional de 127 mil 844 damnificados de 39 mil 941 hogares”, detalló Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil.
El periódico El Universal del 6 de octubre publica: “De acuerdo con la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, este meteoro ha dejado 15 mil personas afectadas en todo el estado y 29 municipios dañados; además, se tiene registro de 8 municipios afectados en la costa de Guerrero. La cifra de víctimas mortales no ha sido actualizada, pero hasta ahora se conoce que 23 personas perdieron la vida en el estado”.
Como se observa, las cifras no coinciden, pero eso sí, terminan afirmando que “es muy pronto para conocer los resultados finales de los daños y afectaciones.” Y, aunque pudiéramos estar de acuerdo con esta aseveración, los mexicanos preocupados de lo que pasa con nuestros hermanos oaxaqueños y guerrerenses esperamos, por parte del Gobierno federal, un informe serio de los daños y exigimos atención a las afectaciones.
Y hay más. Excélsior del 9 de octubre informa:
“El huracán ‘John’ provocó graves daños en las regiones de la costa, Sierra Sur y Mixteca del estado de Oaxaca, dejando a su paso destrucción en viviendas, caminos y cultivos, y causando la muerte de al menos tres personas (…) Según informes preliminares, más de mil 200 casas sufrieron algún tipo de daño, con un saldo de quince viviendas con pérdida total. Los cultivos, de los cuales dependen numerosas familias para su subsistencia, también fueron severamente afectados, comprometiendo la seguridad alimentaria de los pobladores (…) Se reportan cortes en importantes vías de comunicación, como la carretera federal 200, que conecta la capital con municipios costeros. Además, los caminos rurales y cosecheros resultaron gravemente dañados por derrumbes, deslaves y socavones. Estas interrupciones complicaron las labores de rescate y el envío de ayuda a las zonas afectadas, donde más de 70 municipios reportan daños en su red vial. El sector educativo también resultó perjudicado por el paso del huracán, con 122 escuelas dañadas. Las clases fueron suspendidas en varios municipios de la costa, Mixteca y Sierra Sur, donde algunos planteles fueron habilitados como refugios temporales para las familias desplazadas por la emergencia.”
Ante todo eso, cabe mencionar que el Gobierno federal emitió una declaratoria de emergencia para los estados de Guerrero y Oaxaca a través de protección civil federal, fechado el 23 de septiembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el 1 de octubre, una declaratoria que no tuvo eco en la operación de los organismos correspondientes.
Ante el suceso y el desastre presentado en imágenes que circulan en los medios y en las redes sociales, en su conferencia matutina del 4 de octubre, la presidenta de la república anunció que comenzaría el censo de afectados en Guerrero y Oaxaca y que a partir de entonces se iban a entregar 8 mil pesos a cada afectado para limpieza y, posteriormente, según las afectaciones, se vería qué tipo de apoyos se les entregaría a los damnificados.
De este censo depende que los organismos correspondientes realicen la declaratoria de desastres naturales en los municipios y se les pueda asignar recursos extraordinarios; mientras tanto, en los hechos, los funcionarios de Oaxaca sólo han llevado a esos municipios algunas colchonetas, despensas, aguas, sin poder abarcar a todos los afectados; en Guerrero, la situación es similar y más crítica, pues la dimensión del problema es más amplia y compleja; en algunos casos ni siquiera pueden llegar las donaciones de los mexicanos por el corte de las vías de comunicación terrestres.
Así, queda claramente demostrado que no hubo prevención al no entregar información oportuna a la población; no se realizaron acciones inmediatas en los municipios para mitigar los impactos del huracán y van muy lentos en el avance de los censos para saber la cantidad de afectados y atenderlos de manera “oportuna”, tal y como lo prometió la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum; ayuda que tampoco llega porque depende del censo.
El recurso extra que les llegará a los municipios, cuando se declaren como desastre natural, es insignificante para los damnificados.
Una vez más, los afectados por el huracán “John” son los más pobres de Oaxaca y Guerrero, entidades que ocupan los primeros lugares en rezago a nivel nacional; habitantes que de por sí no tenían acceso al agua entubada, no contaban con una vivienda digna, tenían una alimentación mala y, en el mejor de los casos, han recibido una pésima atención a su salud. A los guerrerenses y oaxaqueños más olvidados por sus gobernantes, les sigue lloviendo sobre mojado.
Por ahora las lecciones son: primera, que estos fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí pueden prevenirse por parte de las autoridades; sin embargo, al no hacerlo, exhiben que el Gobierno de la 4T no es eficaz, además de mostrar la desigualdad económica y social, producto del modelo económico neoliberal que concentra la riqueza social en unas cuantas manos, mientras que la mayoría no tiene lo indispensable para vivir, modelo que no se combate con el Gobierno.
La segunda lección es que los hechos llaman una vez más al pueblo de México a concientizarse y organizarse para tomar el poder político en sus manos, con hombres y mujeres que no obedezcan a los caprichos de los grandes capitales, sino que se preocupen realmente por las mayorías y que modifiquen el modelo económico actual para repartir de mejor manera la riqueza nacional.
Ese camino debe iniciarse ya para mitigar el impacto de estos fenómenos y comenzar a liberar a los miles de oaxaqueños y guerrerenses pobres de la pobreza lacerante en que se debaten. Sólo nos falta, entonces, poner manos a la obra.
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